EL TRASVASE TAJO-SEGURA. UN AGRAVIO AL PUEBLO EXTREMEÑO

 El 14 de octubre de 2008, el Sindicato  de Regante del Trasvase Tajo-Segura presentaba en el Congreso de los Diputados,  120.000 firmas de ciudadanos de la Zona del Levante, contra la propuesta de caducidad en 2.015 del trasvase acordada por el PSOE y el PP  de Castilla la Mancha e incluida en el proyecto de modificación del Estatuto de Autonomía.

Uno de los regantes asistente a la concentración en las Puertas del Congreso, declaraba a los medios de comunicación:

“Sin el trasvase Tajo-Segura tendríamos que marchar a otras partes de España o Europa, como tuvieron que hacer muchos murcianos, que gracias al agua del trasvase han podido volver a su tierra”.

 

 

Esa reflexión, era la que harían muchos extremeños  en el silencio de la soledad en el año 1.968, cuando el Consejo de Ministros Franquista aprobó el Proyecto del Trasvase Tajo-Segura.

Lo que sucedía, es que en aquellos años hacer declaraciones a los medios de comunicación como esas o presentar firmas contra cualquier proyecto de Franco o su Gobierno era tanto como ir contra el Régimen y todo el mundo sabía lo que le sucedía al que osaba oponerse al Generalísimo.

Pero hay que decir, que aunque no muchas, sí que  hubo algunas pequeñas protestas,  pero se vieron calladas con amenazas y destituciones,  y es que eran años de autoritarismo y eran  pocos los que se atrevían a desafiar las iras del poder.

En plenos años de la sangría emigratoria extremeña, que había supuesto que en periodo comprendido entre 1961 y 1965 habían abandonado Extremadura 230.866 extremeños.

Y cuando el Plan Badajoz llevaba oficialmente diez años de retraso de su desarrollo y puesta en funcionamiento. Y cuando ya tanto el propio Gobierno, como el Pueblo Extremeño sabían que el mismo iba a ser un relativo fracaso, ya que ni la mayoría de las industrias de transformación agroalimentarias a lo largo de la ribera del Guadiana, ni las 89 fábricas industriales que iba a montar el Instituto Nacional de Industrias en Extremadura se llevarían a cabo.

Lo que supondría que los miles de puestos de trabajo que se iban a crear con ellas quedarían una vez más como una tomadura de pelo al Pueblo Extremeño y por lo tanto los ciudadanos de las zonas afectadas no tendrían más remedio que emigrar, como lo hacían miles de extremeños.

El entonces Ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz anuncio en enero de 1.967 que se retomaba el olvidado  Proyecto del Trasvase de una parte de las Aguas de la Cuenca del Tajo a la del Segura.

Dicho Proyecto era una idea desarrollada por el Ingeniero de Caminos, D. Lorenzo Pardo a petición del Ministro Socialista de la II República, Indalecio Prieto dentro del “Plan Nacional de Obras Hidráulicas” para desarrollar el “Plan de Mejoras y Riego del Agro Español de 1.933”, en el que se encontraba también incluido el “Plan Badajoz”.

El trasvase propuesto por el mencionado Ingeniero,  tenía como objetivo llevar agua de las cabeceras del Tajo y Guadiana a la cuenca del Júcar y del Segura, con el objetivo de ampliar las zonas de regadío de suroeste, para de ese modo potenciar la riqueza del Levante Español:

“Toda esta Zona de: Valencia, Alicante, Murcia y Almería, es la que hay que beneficiar en parte.

Transformándola por completo, para incorpórala en conjunto a una función económica transcendental de la agricultura.

La posibilidad de lograr este gran objetivo nacional depende de la posibilidad que existe para derivar hacia la vertiente mediterránea las aguas caídas de los ríos Tajo y Guadiana”.

Se trataba de la primera vez que en España se hacía un trasvase de esa gran magnitud entre diferentes cuencas hidráulicas, lo que suponía en la práctica quitarle agua a una de las cuencas, en este caso la del Tajo, que recorría un extenso territorio también árido y seco de España.

Para llevar esas aguas a otra Zona de la Nación, al parecer con el objetivo de aumentar su riqueza y población,  para convertirla en la “Huerta de Europa”, según el lenguaje coloquial de los adictos del régimen franquista y de los defensores del trasvase.

Cuando esa Región era de por sí mucho más rica y estaba mucho más poblada, que la Zona Cedente.

Según los datos oficiales, mientras que  el Producto Interior Bruto per capital en 1.969 de España, a dinero constante de 1.986 era de media 587.518 pts.

 Alicante tenía un PIB de 587.518,  Murcia 484.915 y Cáceres tenía 326.602 pts., lo que suponía solo el 55,6% de la media nacional.

Igualmente,  en cuanto a población se refiere sucedía algo parecido. Mientras en el año 1.950, Alicante tenía una densidad de 109 habitantes por kilómetro cuadrados y Murcia 67; Cáceres solo tenía 28.

Como académicamente no se sostenía la argumentación expuesta por el Régimen de que el aumento de la riqueza y de la población en la Zona del Levante, era beneficioso no solo para la Región; sino para toda la Nación. Sin haber hecho una extrapolación de lo que suponía también para la Nación, la perdida de la riqueza y población en la Cuenca del Tajo.

En la Zona Levantina, se comenzaron hacer varios estudios de diferentes organismos: Comunidad de Regantes, Cámara de Comercio, Caja Rural, etc.,  en apoyo y defensa del mismo.

Ya que el futuro de la Cuenca del Segura sin trasvase no podía ser más desolador, pues una vez que estaban utilizados al máximo los recursos superficiales, las posibilidades de aumentar el regadío eran nulas, y más cuando el sector turístico comenzaba a desarrollarse y el agua para el abastecimiento humano tenía carácter prioritario sobre el regadío.

Por el contrario, ni por parte del Gobierno, ni de ninguna entidad pública o privada de la provincia de Cáceres,  se hizo estudio alguno para analizar el coste económico y social que el Trasvase tendría para Extremadura en general y en particular para la provincia.

Ya que como en su día dijo el Urbanista Griego, Apostolos Doxiadis: “Transferir el agua de una región a otras, es transferir su porvenir”.

Pero Extremadura al parecer seguía socialmente siendo igual que a principio del Siglo XX, como escribió Jose Gonzalez de Cáceres en la Revista Alcántara:

“Extremadura no se hace oír, sufre en silencio el hambre con resignación,  sin protestas ni griterío, ya que los extremeños nunca dan quebradero de cabeza a los gobiernos, pues son mansos y pacíficos, y como nadie se queja, la inexpresión del dolor enmascara el mal”.

Cuando por toda la Bibliografía que había sobre el tema, se conocía que desde el nacimiento de la humanidad, los pueblos se han asentado alrededor del agua,  para tener cubierto su suministro básico para beber, y posteriormente cuando de creo la agricultura, para regar los cultivos con los que poder cubrir sus sustentos.

Lo cual, fue lo que en realidad sucedió con el Trasvase Tajo-Segura. Ya que mientras la Zona del Levante aumento notablemente su población y riqueza, las tierras del Tajo se deprimieron mucho más que ya estaban y su población disminuyo notablemente,  como lo demuestra que veinte años  después del trasvase, la diferencia de la densidad de población entre las Regiones Beneficiarias y las Cedentes había aumentado notablemente.

Así mientras Alicantes tenía una densidad de 229 habitantes x kilómetros cuadrados y Murcia 94; Cáceres solo tenía 21.

Lo suyo hubiera sido, que por parte del Gobierno Franquista se hubiera hecho una evaluación  para determinar si de verdad el trasvase estaba justificado después de haber estudiado diferentes variables como:

 

*La productividad económica: Ya que al no haberse realizado un estudio global que recogiese el aumento de la economía en la Cuenca Receptora, comparándola con la disminución de la misma en la Cuenca Cedente. No se podía decir tan alegremente, como se dijo,  que el trasvase supusiera riqueza para la Nación

*Impactos ambientales: Que analizaran como iba a influir el trasvase sobre todo en la zona cedente por la influencia que la disminución del caudal del agua en el Rio Tajo podía tener sobre su calidad.

*Impactos Sociales: Que iban desde el aumento o la disminución de la población, hasta los movimientos emigrantes, los cambios socios culturales de la sociedad, y un largo etc.

Y por último,

*La Distribución de los Beneficios Netos. Para que estos fueran proporcionales a las dos Zonas intervinientes, y no recayera en la receptora los beneficios y en la cedente los perjuicios.

En conclusión:

 De todos los posibles criterios que garantizarían la viabilidad del trasvase, no se verifico el cumplimiento de ninguno.

Porque para el Régimen de Franco, la prioridad absoluta era el desarrollo económico y tenía muy claro que regiones estaban llamadas a desarrollarse y cuales estaban destinadas para que le fueran  explotados todos sus recursos: naturales, híbridos, humanos, etc. Y una de esas regiones era Extremadura.

Que lejos quedaba aquella Extremadura por la que apostaron los romanos para convertir su suelo en un vergel y Mérida su capital en una gran Urbe, construyendo en el Siglo II después de Cristo, las dos primeras presas de España: Cornalvo y Prosepina para abastecer de agua a Emerita y regar sus fértiles campos.

En cuanto a la prensa nacional, solo “La Vanguardia” se manifestó critica con el Trasvase. El día 25 de abril, se podía leer en sus páginas:

 

“Por otra parte, el agua del trasvés se detrae del aprovechamiento de otra cuenca, también con un destino incierto y fundamentalmente agrario.

 

De ahí que quepa preguntarse ¿Dónde y en que cuantía es más rentable el uso del agua, teniendo en cuanta tanto los coste como los beneficios de uno u otro uso?

Los mayores beneficios que se prevén obtener en el Sureste puede ser que obtuviesen  índices de rentabilidad  inferiores a los de otras zonas, había cuenta de los mayores coste de la inversión que los trasvases han de originar.

 

Aunque se cuente a favor de  esta obra, el éxito de la trasformación de las nuevas superficies de regadío, no puede asegurase, la viabilidad de la que se habla”.

Se dijo que el Trasvase Tajo-Segura, era una puesta personal del Ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz unido a intereses urbanísticos en el Levante Español por parte de la burguesía franquista.

Casi cincuenta años después, lo de la apuesta personal de Silva Muñoz, ni lo sabemos, ni lo sabremos nunca.

Lo que sí sabemos, es que lo vendió, como hacia el Régimen como algo patriótico, como lo recordó en su visita a Murcia en 1.967, en la que declaro:

 

“El agua es la gran sabia fecundadora de nuestro Siglo, pero para obtenerla necesitamos planificar grandes operaciones hidráulicas a nivel nacional.

 

No son problemas técnicos de ingeniería, sino que es una obra humana y política que demanda la solidaridad española.

 

No se trata de quitar agua a nadie, sino de repartir el excedente que tenemos de un modo equitativo.

 

Estamos en unas fechas históricas, porque hay una esperanza fundada de los trasvases del agua de otras cuencas al Segura y será gozosa realidad en el II Plan de Desarrollo Económico y Social, entre 1.968 y 1.972.

 

Durante este año, se concluirán los estudios del Ministerio para que puedan ser aprobados por el Consejo de Ministro e inmediatamente puesto en ejecución”.

Lo que sí sabemos hoy día,  es que el agua del Trasvase además de regar parte de los campos del Levante y de Almería.

Riega miles de hectárea de muchos campos de Golf  y amplias zonas ajardinadas,  que nada tienen que ver con la agricultura y si con la construcción de grandes Urbanizaciones de Lujo y la aumento del precio de los terrenos.

Habiendo convertido a la Regiones de Valencia y Murcia las números uno de toda España en referente de la especulación urbanística, del dinero negro y de la corrupción política.

 Los trámites legales para la aprobación del Trasvase, comenzaron en noviembre del mismo año y solo dos meses después, en febrero de 1.968 se abrió el plazo para presentar alegaciones al mismo, presentándose unas 50.000 que fueron estudiadas todas en solo dos semanas por el Gobierno.

Todo un récor de resolución de las mismas por parte de la Administración Española, tanto en cuanto a tiempo se resolución se refieres, como a las soluciones, dadas a las misma, ya que casi todas ellas fueron rechazadas.

Siendo la Administración Española generalmente burocrática y lenta, cabe preguntarse. ¿Qué interés había detrás del trasvase? , para que el Proyecto fuera aprobado en solo diez meses, pasando en teoría todos los trámites legales reglamentarios.

El Proyecto definitivo, fue aprobado finalmente en el Consejo de Ministros celebrado el 13 de septiembre del mismo año. Y  fue sancionado,  en el artículo 19 de la Ley 1/1969, de 11 de febrero, por la que se apruebo “El II Plan de Desarrollo Económico y Social”, diciéndose tan solo en la misma sobre el asunto: “El aprovechamiento del conjunto del sistema hidráulico Tajo-Segura se regulara por medio de una Ley”.

 

Un año después,  el nuevo Ministro de Obras Públicas, Fernández de la Mora diría sobre el  futuro trasvase: “Esta obra, si se quiere comprender su magnitud, se conocerá como la Obra del Régimen Español, así como el Acueducto de Segovia se dice que fue del Imperio Romano”.

 

En 1.971 se publicó la Ley 21/1971, de 19 de junio del Trasvase Tajo-Segura, que desarrollaba todo lo relacionado con dicho Trasvase, como era entre otras cosas: las obras de construcción a realizar y los caudales de agua a trasvasar.

Según la mencionada Ley, la primera fase de  su construcción debía llevarse a cabo en el periodo comprendido entre 1.969-1.971, mientras que el resto de las infraestructuras debían estar terminadas en 12 años, completándose la trasformación final en regadío de las 115.000 hectáreas previstas en unos 15 años.

En cuanto a los caudales de agua a trasvasar, la Ley decía que la infraestructura debía de dimensionarse para poder llegar a trasvasar unos 1.000 hectómetros cúbicos, aunque en la primera fase solo serían trasvasados 600,  llegándose a los 1.000 solo cuando una vez realizadas todos los aprovechamientos hidráulicos de la Cuenca del Tajo y existieses aun caudales excedentes adicionales.

Siendo el ordenamiento jurídico español sobre el agua en aquella época, la antigua Ley de 1.879 que establecía el aprovechamiento “Ribereño” del agua basado en el principio de unidad de cuenca.

La aprobación de la Ley de Trasvase ni que decir tiene que obvio la mencionada Ley, ya que el trasvase de una Cuenca a otra no solo no estaba recogido en ella, sino que se ponía a ello.

Pero la legislación Franquista se buscó los artilugios necesarios para que todo pareciera legar. Manifestando, que trasvasar únicamente los recursos excedentes y construyendo las infraestructuras hidráulicas en la Cuenca Cedente, para que no viera mermado su desarrollo por falta de aguas.

 Era en el fondo como un reconocimiento explícito de los aprovechamientos Ribereños de la propia Cuenca.

A mediados de 1.967 nada más anunciar el Gobierno, que retomaba el “Antiguo Proyecto del Trasvase”, se creó en una parte de la opinión pública de la Cuenca del Tajo un “Profundo Rechazo” hacia el mismo, siendo la provincia de Toledo en general y en particular Talavera de la Reina y la capital las que se manifestaron más rotundamente contra su construcción.

Ya que a las razones de índoles económicas, en Toledo capital se unía las de índoles sociocultural y paisajístico al encontrase la capital bañada por el Tajo y formando un paisaje único, llegándole a calificar por parte de su Corporación Municipal como de: “Ruina Nacional”.

Por su parte en la Provincia de Murcia, el Proyecto fue saludado con una manifestación a favor del mismo con el lema: “Con Franco, por Franco y por la unidad de las aguas de España.

Lo que unido a las declaraciones que en su día hizo el Ministro Fernández de la Mora sobre la “Obra del Régimen” conllevo que los opositores al mismo lo consideraran principalmente en los años de la transición como el “Trasvase del Régimen”.

En cuanto a la Provincia de Cáceres se refiere, nada más conocerse que se iba a trasvasar agua del Tajo al Segura, empezó a crearse en una parte de la opinión pública cacereña un sentimiento de abandono por parte del Gobierno de Franco de Extremadura frente a otras Regiones de España.

Como dicha opinión iba en aumento y era sino alentada, si  medio consentida por el Gobernador Civil, Alfonso Izarra hombre al parecer bastante sensato y honesto.

El Gobierno lo sustituyo por otro, no solo sin ningún vínculo con la provincia de Cáceres, sino por el contrario si muy ligado a la de Murcia, pues además de ser oriundo de ella, y militar de Profesión. Había sido seis años alcalde de Cartagena, y  Presidente de la Comunidad de Regantes de la Cuenca del Segura.

El personaje en cuestión era,  D. Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, padre del que fue Ministro de Defensa en el Gobierno de Aznar.

El cual tomo posesión como Gobernador Civil de Cáceres el 1 de julio de 1967.

Apenas veinte días después de su toma de posesión,  a petición suya fue convocada por el Delegado Provincial de Sindicatos en la Casa Sindical de Cáceres Capital, una reunión a la que fueron citados todos los de cargos orgánicos provinciales, de los diferentes organismos e instituciones, con el objeto de aprobar una “Moción de gran interés para la provincia”, según constaba en la convocatoria.

Reunión a la que también asistió el recién nombrado Gobernador Civil,  Sr. Trillo Figueroa como máxima autoridad gubernamental de la provincia y convocante de la misma.

Tras defender la necesidad del Trasvase por lo que ello representaba para el bien de España.

El Delegado de Sindicatos, tras defender acaloradamente la necesidad de la realización del Trasvase, por lo que el mismo suponía para la economía general de España y la mejora de la vida de sus habitantes.

Hizo una breve exposición sobre las necesidades que aquejaban a la provincia de Cáceres, proponiendo a los asistentes la aprobación de una Moción que incluyera los siguientes puntos:

 

-Un plan de abastecimiento de aguas a los principales núcleos urbanos.

 

.La puesta en regadío de todas las tierras susceptible de tal.

-Declarar Zona de preferente localización industrial a la provincia.

 

-El abono de un canon por parte de los usuarios del trasvase para financiar dichas obras.

 

-Y la creación de una Comisión presidida por el Sr. Gobernador para gestionar con diligencia ante el Gobierno de la Nación, los puntos expuestos anteriormente.

Solo uno de los asistentes a dicha Reunión, manifestó una crítica a la misma, puntualizando: “Que estaría de acuerdo con la moción, siempre que se indicara más claramente en ella los regadíos a realizar y que estos se realizasen antes del trasvase.

 

Igualmente,  el alcalde de Alcántara, Antonio Cisnero Montemayor refiriéndose al Sr. Trillo-Figueroa, dijo: “Que al ser o al haber sido Presidente de la Comunidad de Regantes de la Cuenca del Segura, consideraba que se debería inhibir en todo lo relativo al trasvase ya que no era imparcial sobre el mismo”.

 

No era consciente el alcalde de Alcántara en aquel momento, que Trillo Figueroa no había sido nombrado Gobernador de Cáceres para que fuera imparcial, sobre el Trasvase; sino para que fuera un defensor a ultranza del mismo y desde su puesto de Gobernador hiciera todo lo que fuera necesario para acallar las posibles críticas que en la Provincia de Cáceres pudieran aparecer sobre el mismo.

 

Antes de terminar el acto, tomo la palabra el nuevo Gobernador exponiendo a los asistentes:

“Conozco muy bien las tierras del Levante y muy poco las tierras de Cáceres. Pero gracias a Dios el criterio de objetividad, honestidad y entrega me permiten ver estos problemas con la suficiente justicia para plantearlo donde sea preciso.

Tengo entendido que no se trata de usurpar al Tajo el agua que el Tajo  puede verter en provincias españolas, sino las que vierte en el Atlántico”.

Ni que decir tiene, que la Moción presentada por el Delegado de Sindicatos, a la reunión al final fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

Con dicha aprobación, Trillo-Figueroa cazaba la primera pieza en su mandato de Gobernador de la Provincia de Cáceres, ya que conseguía el apoyo al Trasvase de un amplio y nutrido grupo de cargos orgánicos de la provincia y por extensión de los organismos que los mismos representaban.

Aprobada la Moción, ahora solo le quedaba al Gobernador quebrantar la resistencia que le ponían algunos alcaldes y concejales de la provincia representados por: Julián Burgos, alcalde de Plasencia; Antonio Cisnero, alcalde de Alcántara, y Emilio García, alcalde de Navalmoral.

Fue el mismo Gobernador quien inmediatamente terminada la reunión, les convoco a estos tres alcaldes a una reunión a la semana siguiente, para entre otras cosas, como se supo posteriormente, para echarle una bronca monumental al Alcalde de Alcántara,  quien como ya dijimos en  el acto celebrado en la Casa Sindical le había echado en cara que siendo como al parecer lo era o había sido Presidente de la Comunidad de Regantes de la Cuenca del Segura, no se inhibiera en la cuestión del trasvase.

Me has violentado delante de todos, le dijo muy alterado en la reunión el Gobernador al Alcalde de Alcántara y al insistir Antonio Cisneros que su intervención no tenía como objetivo violentarle; ya que con ella, él lo único que hacía era defender los intereses de la provincia de Cáceres.

El Sr. Trillo-Figueroa elevo el torno y el grueso de sus palabras hacia el mencionado Alcalde, hasta que el de Plasencia, Julián Burgos no pudo contenerse más y le soto al Gobernador “Su madre será una Santa, pero tú eres un hijo de puta”.

Aquella reunión ni que decir tiene,  que supuso el fin de la más o menos organizada oposición en la provincia de Cáceres al Trasvase; ya que tanto estos tres alcaldes como los concejales que se significaron de algún modo contra el Trasvase, o dimitieron o fueron cesados fulminantemente.

Siendo sustituidos los mismos por otros más dóciles, como sucedió en el caso de Plasencia.

 Al año siguiente el exalcalde, Julián Burgos sonreía amargamente al enterarse que su sucesor en la alcaldía de Plasencia, Serrano Pino hacia entrega a Trillo-Figueroa de una placa conmemorativa por parte del Ayuntamiento de la Ciudad, por su brillante gestión al frente de la provincia.

Por su parte,  la Diputación Provincial de Cáceres presidida por el Sr. Brañas Martinez a la que asistieron todos los diputados provinciales,  celebro el 2 de mayo de 1968 una Sesión Extraordinaria para tratar el tema del trasvase y aprobar una Moción.

Apenas abierta la sesión y aunque no formaba parte de la misma, se incorporó  a ella el Gobernador, Sr. Trillo Figueroa,  para explicar a los diputados y al Pleno el asunto del Trasvase.

Dirigiéndose a los diputados les manifestó: “Que no era justo partir de cero ante la cuestión, ya que el Gobierno de la Nación ha realizado importantes obras en la provincia, y que la Diputación como órgano representativo de la provincia debe ponderar si procede oponerse a secas al trasvase o dialogar.

Pidiendo a los diputados a que meditaran con toda ponderación la actitud adoptar, ya que el momento actual era muy crítico para nuestra Nación y a la vez muy favorable para conseguir el desarrollo de nuestra provincia en todos los órdenes”

 

 

Terminada la arenga cuartelera y cumplido el objetivo de aleccionar  a los diputados para que votaran a favor del Trasvase, se marchó del Pleno, ya que al parecer tenía cosas muy importantes que despachar.

La Moción que se presentaba al Pleno de la Diputación tenía dos partes:

La primera hacia un análisis de la situación de la provincia en la que se exponía:

“El proceso de empeoramiento de la provincia de Cáceres, acelerado por la transferencia de capital y población a otras provincias......lo consideramos no solo injusto desde el punto de vista social, sino falto de lógica económica a corto y largo plazo.

 Podemos afirmar que jamás ha estado nuestra provincia tan preocupada y unida por un problema común, quizás porque jamás ha tenido que enfrentarse a una situación tan grave como la que se deduce del estudio del anteproyecto. Cuando por interés nacional, y para beneficiar a la Comunidad se causa un perjuicio a terceros, se debe indemnizar a este justamente”.

La segunda parte era una exposición de los proyectos y obras que reclamaban que se realizasen en la provincia como compensación al trasvase.

El grupo más importante de las mismas era las referidas a las infraestructuras viarias, que iban desde la construcción de nuevas carreteras, hasta la ampliación y acondicionamiento de otras muchas, como la N-521 de Trujillo a Valencia de Alcántara.

 

En cuanto al ferrocarril, se pedía la variante del Casar de Cáceres y dos nuevas estaciones para Plasencia, y Navalmoral.

 

En regadíos se reclamaba la urgente terminación de las obras de las zonas de los Embalses de Gabriel y Galán, Borbollón y Rosarito, así como el desarrollo de las obras de la puesta de regadío en Valdecañas.

 

En lo referente a los servicios, se solicitaba dotar de agua y saneamientos a todos los pueblos que no  tuvieran dichos servicios y mejorar  los que los   tuvieran deficiente.

Igualmente se pedía se declarase a la toda la provincia Zona de Preferente Localización Industrial-Ganadera y de Industrias, con la creación de polígonos industriales en Cáceres, Coria, Navalmoral, y Plasencia.

 

Y por último en educación, se solicitaba: Facultades Universitarias, Escuelas de Ingeniería, Escuelas-Hogares, 200 escuelas de párvulos, 50 de estudios primarios, así como  varios Institutos.

Y terminaba diciendo: “La Diputación  Provincial de Cáceres muestra una vez más su adhesión al Caudillo, no oponiéndose al anteproyecto del trasvase Tajo-Segura como obra técnica, siempre que en el proyecto definitivo se hagan constar claramente que dichas obras representa una sola y que este recoja detalladamente todas las acciones  presentes en esta Moción”.

Por si acaso no había quedado claro en la Moción, que a pesar de todo la Diputación Provincial de Cáceres como Ente y los diputados como personas aprobaban y apoyaban el Proyecto aprobado por el Gobierno del General Franco.

Hubo intervenciones de varios diputados, poniendo de manifiesto el criterio unánime de que no se trataba de formular una negativa al proyecto, toda vez que la provincia de Cáceres como en otras muchas ocasiones, ha dado muestra y debe seguir dándola, de ayudar a labrar el engrandecimiento de la Nación.

No se sabe si fue consecuencia del Acuerdo de la Diputación Provincial, el caso es, que el día 8 de mayo, el Ministro de Obras Públicas, Silva Muñoz se reunió en Madrid con una Comisión de cargos provinciales en la que  les manifestó:

“Como creen  ustedes que en la responsabilidad de un Ministro podía caber, que se desnudara a un Santo para vestir a otro.

 

Quiero decirles, que el Ministerio de Obras Publicas tiene la mirada puesta en la provincia de Cáceres, como beneficiaria del Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura y como tal le dará la máxima preferencia.

 

El Ministerio se vinculara en la realización de estas obras y en sus plazos de ejecución, manteniendo continuos contactos con la provincia para que sea la propia provincia la que vigile las obras que se acometan por parte del Ministerio”.

 

Ante tanta adhesión al Trasvase por parte de: las autoridades locales, la Organización Sindical, la Hermandad Provincial de Labradores y Ganaderos, la Diputación, el Consejo Sindical de Empresas, etc., todavía hubo algunos “Quijotes” que siguieron luchando contra el mismo, aunque más por dignidad personal, que por convencimiento, pues la batalla desde el principio estaba perdida.

 

Uno de esos quijotes fue el exalcalde de Alcántara, Antonio Cisnero, quien en junio de 1.968 público un Manifiesto “Contra el Trasvase”.

Manifiesto que no pudo conocer la opinión pública extremeña,  porque el Sr. Trillo-Figueroa prohibió publicarlo en la prensa local, provincial y regional.

En él mismo el exalcalde decía entre otras cosas:

 

Seamos sensatos y tengamos cordura ante la información pública del anteproyecto del tan manoseado trasvase de nuestras aguas a tierras del Levante.

 

Pero que esa sensatez y esa cordura no sean de servilismo o un conformismo para que otros se aprovechen a nuestra costa.

 

Seamos sensatos para defender aunque sea con los dientes, lo que está en juego, que es nada más y nada menos que el porvenir de las tierras cacereñas.

 

Nos dicen que el trasvase convertirá en un delicioso vergel a las tierras murcianas a causa de la denigrante sangría de nuestra tierra.

 

Nos dicen que el trasvase será sufragado por la renta nacional, lo que es lo mismo, que todos los españoles le haremos un regalo a Murcia.

 

 Con el presupuesto que se comenta que costara, nuestro Cáceres se convertiría en la provincia de mayor rendimiento de España.

 ¿Os habéis detenido en imaginar las grandes extensiones del Arañuelo,...........Arroyo, Brozas, Alcántara, Valencia, etc., susceptible de riego en pradera para nuestra ganadería? ¿No creéis que merece la pena luchar por ello, por convertir nuestra provincia en la Despensa Cárnica de Europa?

 

 Para silenciar nuestras voces, han traído para Gobernar nuestra tierra quien ostenta la Presidencia de la Comunidad de Regantes de Murcia. Esto es lo que me ha obligado a dimitir tras escenas de la mayor violencia, pero que él se encargara de ocultar y hacer silenciar a los timoratos.

 

Hablan de compensaciones y por lo visto es para incluir en ellas lo mucho que Cáceres necesita, y que están obligados a darnos, no como compensaciones, sino como igualdad y equidad con otras provincias.

 

Dios haga que un día no tengamos que sentir cuando ya sin remedio comprendamos que nos quitaron nuestra mayor riqueza, la savia de nuestras calcinadas tierras.

 

Es por ello, por lo que debemos mantener un “NO” rotundo y masivo al Proyecto.

  Y pedir que se mejore nuestra agricultura y ganadería, ya que con el 50 por 100 del presupuesto del trasvase se puede poner en regadío la mitad de nuestra provincia, que sacaría a Cáceres de su miseria y de ese modo abandonase el deprimente último lugar que ocupa en la renta nacional.

 En una palabra.

 ¡PIDAMOS, JUSTICIA PARA CACERES!.

 

Años más tarde de la publicación del mencionado Manifiesto,  Antonio Cisnero diría que sufrió todo tipos de amenazas por parte del Sr. Trillo Figueroa.

“Un día me hablo de detenerme y le dije que no me importaba, pues yo había dicho que si a la una no me presentaba o llamaba, que comunicaran mi detención. No se atrevió en aquel momento, pero luego me entere que lo tenía todo preparado”.

El día 19 de junio de 1971 en el Palacio del Pardo, Franco firmaba la Ley 21/71 por la que se regulaba el trasvase y  las obras a realizar  en la cuenca del Tajo.

El artículo primero de la Ley, regulaba el caudal máximo a trasvasar, que aunque en condiciones normales era de 600 millones de metros cúbicos anuales, podía llegar a los 1.000 según posteriores necesidades.

Y el artículo tercero, recogía las obras a realizar por los ministerios de Obras Publicas y Agricultura, que en lo referente a la provincia de Cáceres eran:

 

La terminación de la transformación en regadío de la zona del Alagón.

 

La construcción de la estación depuradora de aguas de Cáceres.

 

Los regadíos del Ambroz, del Jerte, del Bronco, de Torrejoncillo y Portaje, del Almonte, del Salor, y de Valdecañas.

 

El estudio de las obras a realizar por el Consorcio Provincial de Abastecimiento y Saneamiento de Cáceres.

Pero el artículo quinto, era un jarro de agua fría, ya que dejaba claro,  que los gastos que ocasionaran la ejecución de las mencionadas obras,   se imputarían a los créditos presupuestarios correspondientes a los programas de inversiones públicas anuales de los Planes de Desarrollo Económico y Social.

 

Por lo tanto, el Estado no aportaba ninguna partida presupuestaria extra a tal fin; ya que el coste de la obras seria  detraído del coste de otras a realizar en la provincia de Cáceres durante los años siguientes.

       

Como pasados tres años de estar en pleno funcionamiento las obras del Trasvase, las de compensación no habían comenzado aún.

El entonces procurador a Cortes por la provincia, Sr. Martín Palomino pregunto al Gobierno en las Cortes. ¿Cuándo se dará cumplimiento por parte del Gobierno, al programa de acciones y obras que las Cortes Españolas con la sanción del Jefe del Estado,  incluyeron para la provincia de Cáceres y demás provincias de la cuenca del Tajo en la Ley 21/71, Ley del Trasvase”?

 

La respuesta del Gobierno se alargó más allá de los plazos establecidos por el Reglamento de las Cortes. Y lleno de estupor y asombro a los cacereños, ya que el  Presidente del Gobierno, Sr. Arias Navarro contesto: “Que la mayoría de las obras de compensación recogidas no eran rentables, calificándolas de antieconómicas y que por lo tanto no se efectuarían”.

        Ante tan irrespetuosa y cínica respuesta, el entonces Presidente de la Diputación de Cáceres, Sr. Camisón Asensio convoco un Pleno Extraordinario en el mes de agosto.

En el mismo se aprobó una Moción en la que se manifestaba:

“La contestación, manifestada por el Presidente durante la sesión de las Cortes nos ha sorprendido a todos y en muchos aspectos lamentamos disentir de dicha contestación porque no cuadra dentro del espíritu del “12 de febrero” proclamado por el Presidente en el que se decía que había llegado el momento de corregir los desequilibrios provinciales.

 

 Creemos que se olvida en esa respuesta el aspecto social de nuestra provincia, en la que hay un total de 300.000 cacereños en la emigración, que no hubieran marchado de haberse realizado aquellas obras prometidas en la Ley del Trasvase, y que regresarían caso que se realizaran dichas obras.

Sin embargo, el silencio de los Ayuntamientos en general y en particular los de la Cuenca del Tajo fue sepulcral.

De los más de doscientos, solo el de Hervas tomo el acuerdo corporativo de protestar por la respuesta del Gobierno, a Palomino Mejías.

Como vamos a protestar. “Si nos ordenan desde el Gobierno Civil que estemos callados” comento el alcalde de uno de los pueblos que se hubiera beneficiado con los regadíos que ya no se realizarían.

Por su lado, la prensa regional. SI que en este caso manifestó su descontento con la contestación del Gobierno al Procurador de la Provincia.

El Diario “Hoy” publico el 25 de julio de 1.974,  un artículo titulado: “NO, SEÑOR” firmado por Domingo Tomas Navarro, en el que manifestaba:

“La decepcionante respuesta dada por el Gobierno a las preguntas formuladas por el Sr. Palomino Mejías, es un golpe bajo a los extremeños de Cáceres.

NO Señor. NO y mil veces NO.

 

No estamos de acuerdo con la contestación que contienen las respuestas dadas. Porque  ninguna Comisión Técnica, por muy grande que sean para ella,  los índices de rentabilidad, podrá hacer que convengamos que la llamada “Ley de Aprovechamiento Conjunto de la Cuencas del Tajo-Segura” solo es rentable en la parte del Segura y no es rentable en la parte que nos debía favorecer a los cacereños.

       

NO Señor, también porque los cientos de millones de pesetas que en obras se nos deben en base de una Ley que habla de “Aprovechamiento Conjunto” y donde queda bien claro recogido el principio de “simultaneidad”, por lo que no estamos dispuestos a renunciar a los millones que se nos deben, y que nos parecen que no son nada como compensación, sin se compara con los miles de millones que está costando el trasvase, para que quizás una berejena Murciana sea exportada a Europa y llegue a la mesa de algún emigrante, seguramente extremeño.

 

No Señor, esta vez NO, aunque a la postre solo nos sirva de desahogo, pues un derecho que tenemos los extremeños, después de que nuestros mandatarios hayan pronunciado tanto “Si Señor”al Trasvase”.

Antes tanto desprecio hacia Extremadura, no es de extrañar, que cuando  la Dirección General de la Energía, resolvió autorizar la construcción de la Central Nuclear de Valdecaballeros, en plena Cabecera del Plan Badajoz, una gran mayoría del  Pueblo Extremeño estallo de indignación y rabia, ya que considera que el Gobierno Central solo se acordaba de Extremadura para su expolio e instalación de centrales nucleares, pero no para poner en marcha unos Planes de Industrialización y de modernización de su agricultura y ganadería, que frenase la sangría emigratoria.

Consecuencia de ello es, que nada más conocerse la autorización del Anteproyecto  por parte  del Gobierno, empezó a gestionarse un movimiento en las comarcas de la Serena y la Siberia a través de las Comunidades de Regantes, la Comisión de Afectados, las Asociaciones de Amigos de la Tierra,  ADENEX y otras asociaciones,  acordando crear la “Comisión de Defensa del Guadiana”.

La Central se construiría en la margen derecha del río Guadalupejo, y las sociedades propietarias de la Centra y responsable de su construcción eran las empresas eléctricas: Hidroeléctrica Española y Sevillana de Electricidad, y era a ellas dos a quien el Gobierno le daba la autorización para su construcción.

 Los criterios seguidos para la elección de Valdecaballeros, según el proyecto presentado, eran:

-La disponibilidad de agua para la refrigeración.

-Y la proximidad a los centros de consumo de Madrid y Sevilla, pues la parte de producción eléctrica que le correspondía a Hidroeléctrica, seria exportada a Madrid, y la de Sevillana a Andalucía. 

Con lo cual una vez Extremadura como otras muchas veces a lo largo de su historia, asumía el riesgo de algo, de lo que no se iba a beneficiar; ya que la electricidad que produciría la Central, como sus emigrantes, seria para enriquecer a otras Regiones.

Sin embargo, y aunque lógicamente no lo exponían en su proyecto, los verdaderos motivos para su construcción en Valdecaballeros, no eran de índoles técnicas, sino política.

Pues estaban convencidos que ninguna población de la “Siberia Extremeña” se iba a oponer al proyecto, sino que el mismo iba a ser recibido por los ciudadanos, como una fuente de empleo y riqueza para la comarca, ya que estaban completamente confiados en la mansedumbre y falta de conocimiento de los habitantes de la zona.

Por su parte, la Dirección General de la Energía, también debió de pensar lo mismo sobre la falta de conocimiento, ya que no solicito informe alguno, como era preceptivos a todos los pueblos que se verían afectados por su ubicación, que eran todos los situados en las aguas abajo de Guadiana, limitándose a informar solo a los pueblos de alrededor de  la Central, que al parecer debieron de quedar muy  satisfechos con la información (nada independiente) que les dieron los directivos de la Central sobre la seguridad de la misma, y sobre todo de la gran creación de empleo que conllevaría su construcción.

En diciembre de 1.976, la Comunidad de Regantes de la Vega Baja, envió un escrito al Comisario Aguas del Guadiana, en el que entre otras cosas, le manifestaban:

-Que la Central pretendía obtener una desorbitada cantidad de aguas, que conllevaría un grave perjuicio a la Cuenca del Guadiana y a las Comunidades de Regantes, sobre todo en los años de sequía. 

-Que no se ha sometido a Información Pública el Proyecto como es preceptivo, por lo que legalmente, la construcción de la Central sería ilegal.

-Que las compañías han comenzado las obras sin  tener las licencias oportunas.

-Y que no han solicitado Informe a la Delegación de Agricultura, afectando cómo afecta a los cultivos de todo el Plan Badajoz.

Por todo lo cual, solicitaban:

“Que se paralizasen las obras, hasta que se conocieran los resultados de los diferentes estudios solicitados; ya que el Guadiana constituía la mayor riqueza de Extremadura, pues permitía el regadío de 97.645 hectáreas y la posibilidad de ampliarse a otras 46.278, según las ampliaciones prevista en el Plan.

 Siendo cuando menos un atropello construir una Central Nuclear en plena cabecera del Guadiana”

El abril del año siguiente, las compañías propietarias, se dirigieron también al Comisario de Aguas de Guadiana, para exponerle que tras el periodo de Información Publica abierto con motivo de la solicitud de agua para la Central, se habían  recibido numerosos escritos de oposición, pero la gran mayoría eran:

“Inadecuados, adolecían de defectos o no era cierto en los que en ellos se decía. Por lo que le suplicaban se siguiera la tramitación del expediente, desechando los escritos de oposición por ser la mayoría extemporáneos o no ciertos”.

Sin embargo los tiempos no eran los mismos que cuando la aprobación del Trasvase Tajo-Segura. Y los extremeños, ya no eran aquel pueblo sumiso del que hablaba Jose Gonzalez de Cáceres en la Revista “Alcántara” a principio de Siglo XX.

Pero así como era posible y necesario luchar contra la implantación de la Central Nuclear de Valdecaballeros en plena cabecera del Plan Badajoz.

Y al final debido a esa lucha, el Pueblo Extremeño gano la batalla y el Gobierno no tuvo más remedio que acordar su paralización.

La lucha contra el Trasvase Tajo-Segura cuanto más tiempo pasaba, se iba convirtiendo en una batalla casi perdida, ya que lo avanzadas de las obras hacían su paralización inviable.

Lo cual no fue óbice para que durante la época de la Transición Política se creara un clima de oposición al mismo, al considerarse el Trasvase como una “Obra del Régimen Franquista”, así como por el desarrollo de unas regiones en base al abandono de otras, en este caso la Región Levantina frente a las provincias de Toledo y Cáceres principalmente.

En líneas generales todas las organizaciones políticas de izquierda de la época: PSOE, PCE, ORT, PSP, etc., hicieron de su oposición al trasvase  una reivindicación frente al régimen franquista, como una forma de tomar las decisiones en contra de los ciudadanos y de ocultarle los verdaderos fines del mismo, al ocultarle a la opinión publica todos los informes.

En aquella época, el trasvase no recibió ni siquiera el apoyo de la Alianza Popular de Manuel Fraga, cuando contaba entre sus filas a nombre tan significativos en la construcción del trasvase, como eran: Federico Silva y Gonzalo Fernández de la Mora.

Es más el diputado de AP por Toledo, Licinio de la Fuente que había sido Gobernador Civil de Cáceres en los años sesenta y Ministro de Trabajo con Franco no tuvo reparo alguno en defender los interese de la Provincia de Toledo, y presento una moción, que aunque luego fue retirada, recogía  tres condicionantes que para él  se debían de cumplir en toda regla:

-Que al trasvase se hiciese siempre que hubiera agua sobrante en el Tajo.

 

-Que se ejecutasen las obras de compensación a la misma vez que las del trasvase.

 

Y que solucionase el problema de la contaminación de los vertidos residuales de Madrid.

Como la misma, suponía cuando menos retrasar la entrada en vigor del Trasvase, el mismísimo Fraga Iribarne, portavoz del Alianza Popular matizo la propuesta de Licinio de la Fuente, afirmando que solo se pedía el cumplimiento de la Ley de Trasvase de 1.971, expresando que su grupo lo que quería era: “que una de las obras más importante de España de los últimos años, se realizara cuanto antes”.

Estas palabras de Fraga supusieron un cambio en el posicionamiento de Alianza Popular y a partir de la fecha, el cierre de fila de dicho partido en apoyo del trasvase.

Pero fue la Unión del Centro Democrático (UCD), de Adolfo Suarez la que asumió la defensa del Trasvase como una obra de Estado.

Aunque algunos de sus senadores como veremos posteriormente vinculados a la Cuenca del Tajo mantuvieron ciertas discrepancias con el partido.

Tal era la situación, que hasta el propio Adolfo Suarez tuvo que bajar a la arena política y declarar: “Que sería un dislate delirante abandonar un proyecto como el trasvase” aunque reconocía que era necesario democratizar y dar trasparencia a todo lo que tuviera que ver con el mismo.

El 15 de junio de 1979, según informaban las agencias de prensa, había comenzado a funcionar de manera definitiva el trasvase Tajo-Segura.

 A partir de ese día las aguas del Tajo empezaban a regar las huertas, los jardines y los campos del Gol del Levante, mientras que en Extremadura y Catilla-La Mancha no se había puesto en regadío una sola hectárea de las prometidas.

Al día siguiente el Presidente de la Junta Preautonomía de Castilla-La Mancha, declaró a la prensa:

“La Región Castellano-Manchega tiene siempre muy presente el principio constitucional de solidaridad entre las regiones españolas, y no puede sino sentirse complaciente de que con sus agua se rieguen otras provincias, como en este caso el Sureste.

        Pero estimamos que lo justo es que se establezcan compensaciones para las provincias que ceden el agua a fin que el principio de solidaridad sea en ambas direcciones.

        Yo espero que desde ahora se acaben los roces entre las provincias del Tajo y del Segura, cuando las primeras vean que la solidaridad  se da en los dos sentidos, y que son compensadas por el trasvase de sus aguas”.

Por su parte, en Extremadura, cuatro días después,  la ya democrática Diputación Provincial de Cáceres, gobernada  entonces por la UCD, volvía a convocar un Pleno para aprobar una nueva Moción.

 

En ella se manifestaba:

“ Que en la Ley del Trasvase de 1.971 se especificaban una serie de obras y regadíos a realizar en la provincia, pero a pesar que desde entonces se habían realizado toda clases de gestiones a todos los niveles para su puesta en funcionamiento, los resultados eran  contradictorios, con respuestas evasivas so pretexto de estudios insuficientes, falta de rentabilidad e incluso razones ecológicas, que demostraban o al menos esa es  a la conclusión que hemos de llegar lógicamente, el escaso interés por la provincia cacereña, cuya tradicional generosidad y solidaridad nacional tiene bien acreditada, así como del espíritu de sacrificio de sus gentes, que conocen del desengaño y de privaciones, obligadas en buena parte a un peregrinaje por otras latitudes en busca de un trabajo que aquí no pueden conseguir porque los recursos provinciales siguen sin desarrollarse”.

       

Por todo lo cual, terminaba la Moción.

Consciente del malestar que  el comienzo del trasvase de las aguas del Tajo al Segura ha producido en la provincia, se acuerda: “Nuestra oposición rotunda a que se trasvase un solo litro de agua en tanto no se lleven a cabo en la provincia, todas las acciones compensatorias prevista en la Ley  del Trasvase de 1.971”.

 

Oposición que contó  con el Apoyo tanto con la Diputación Provincial de Badajoz como de la entonces Junta Preautonómica de Extremadura, que apoyaron la mencionada moción. Aunque dicho apoyo tampoco sirvió para mucho ya que las obras de compensación siguieron  sin realizarse.

 En 1.980, el Diputado de la UCD por Cáceres,  Manuel Bermejo manifestaba los medios de comunicación:

 “La mayoría  de las obra y proyectos están sin ejecutar, de un presupuesto final de 17.581 millones de pesetas, solo se han planificado obras por valor de 3.213 millones y solo se han invertido 895, por lo que tan solo se han realizado el 5% de las obras comprometidas.

       

Y en cuanto a los regadíos exponía:

 “De las 120.385 hectáreas que se tenían que transformar, si se cumple la programación en 1.982 tendremos apenas 20.000 hectáreas en cultivos, lo que supondrá que a los 11 años de la Ley del Trasvase, la provincia de Cáceres solo tendrá el 18% de los regadíos prometidos.

 

Ese mismo año, el Senador de la UCD por la provincia de Cáceres, Pedro Cañada Castillo, presento una enmienda a la totalidad de la Ley de Régimen Económico del Trasvase, que solo tuvo el apoyo de su compañero de partido por la provincia de Toledo, Gonzalo Serrano.

Luego escribiría en la Revista “Alcántara” de la Diputación Provincial:

 

“La primera sensación que tengo al hablar del Trasvase Tajo-Segura, es de bochorno y vergüenza como político y como extremeño, al ver como se consume impunemente una injustica contra el pueblo que me eligió para que defendiera sus intereses.

 

Vergüenza y bochorno también al contemplar impotente como se lleva a efecto con la mayor tranquilidad, sin que se haya levantado un clamor unánime de todos los partidos que recogen sus votos en nuestra tierra, y sin que el pueblo cacereño haya explotado al grito de rebeldía con un “Basta Ya”.

 

Ya sé que el Trasvase se gestó en una época en que todo se hacía sin contar con el Pueblo y en la que hablar resultaba peligroso.

 

Pero el silencio de hoy día;  la falta de compromiso de los partidos políticos, y nuestro silencio como Pueblo, en un momento en que se puede hablar, nos descalifican, ante cualquier otra injusticia que se pueda cometer contra nosotros.

       

La obra del Trasvase se engendró durante la Dictadura, pero el parto o mejor dicho el aborto ocurren durante la democracia. Y se hace además con prisas para cumplir promesas electoralistas. Prometiendoles contrapartidas  para Cáceres, que luego no se cumplen. Pues 11 años después de la Ley solo se han realizado el 17% de las obras de compensación

       

Pero además, aunque se hubieran hecho todas, y a la vez que el Trasvase, sería un sin sentido. Pues las aguas del Tajo no son “derechos históricos”, sino el Patrimonio Natural de Extremadura que no se puede vender ni expoliar.

       

Porque No se puede hipotecar el futuro de un pueblo para dárselo a otro, que además de su propia naturaleza es favorecido por el Estado.

       

Hubiera sido más equitativo y racional poner en el mar del que goza la Zona del Levante, la central nuclear que nos han impuestos a los extremeños y montar desalinizadoras del agua. Así hubieran tenido todas sus necesidades cubiertas sin limitación alguna y sin depender de otras regiones”.

El día 31 de agosto de 1.980, aprovechando la cantidad de Emigrantes que pasaban las vacaciones en Extremadura.

 Era convocada por diferentes fuerza políticas, coordinadas por Extremadura Unidad, una “Manifestación en Cáceres Capital” contra el “Robo de las Aguas del Tajo”, según rezaba en la convocatoria.

Manifestación a la asistieron más de 5.000 personas venidas de todos los pueblos de la Ribera del Tajo principalmente y con la participación de muchos emigrantes, algunos de ellos portando  pancartas tan significativas como una en la que se leía “El Tajo para Extremadura, los emigrantes también”.

Para uno de los intervinientes en aquella manifestación, la misma fue calificada como: “El último gesto del pueblo cacereño, para luchar  por la más justa reivindicación de su historia moderna”.

 

Además de los miles de ciudadanos en las calles manifestándose a favor y en contra del Trasvase, también se escribieron numerosos artículos y se publicaron varios folletos y libros sobre el asunto.

Aunque incluso en este ámbito la Cuenca del Tajo luchaba con peores medios que la Zona Levantina, ya que mientras que en el primero de los casos la publicación y el coste de la misma corría a cargo de las Asociaciones y Plataformas en Defensa del Tajo.

 Las publicaciones y los libros de la Zona del Levante eran realizados por Organismos Públicos como por ejemplo la cámara de Comercio e Industria y tenían el patrocinio de las Cajas de Ahorros de la Región.

Para la “Plataforma de la Defensa del Tajo”, el objetivo de sus publicaciones era informar y formar a la sociedad, para que los ciudadanos decidiesen si el Trasvase tenía sentido, poniendo en una balanza lo positivo que conllevaba para la Región Levantina y en el otro plato lo negativo que suponía para las tierras del Tajo, y principalmente para las provincias de Toledo y Cáceres.

Ya que consideraban creer que: “La provincia de Toledo tenía derecho al desarrollo de su agriculturas, de su industria y a la elevación de un nivel de vida”

Por su lado, en las publicaciones de Murcia, además de informar y de intentar acabar con el desconocimiento existente fuera de la provincia sobre el Trasvase.

En el prólogo de uno de los libros publicado por la mencionada Cámara de Comercio, su presidente manifestaba:

“Una gran obra es siempre contemplada con un severo espíritu crítico. Es un recelo propio del desconocimiento. Es la obra más importante de las habidas en España, no podía ser menos.

Sin embargo los que la critican, se seguro que la desconocen y por ello hacen de ella un uso indebido y demagógico, utilizando hipótesis destructivas, sobre algo grandioso, útil, necesario y rentable”.

 

Para defender el Trasvase y apoyar sus argumentos, dicho Presidente,  aunque es de suponer que sobre la II Republica más que admiración sintiera recelo.

No dudo en tomar como suyas las palabras que el Ministro Republicano de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto manifestó en Alicante en 1.933 en la presentación de las “Directrices de la nueva política hidráulica nacional”.

“Esta obra, refiriéndose al trasvase, no es obra a realizar en el periodo de brevísimos días, ni de meses. Es obra de años, para la cual se necesita la asistencia y el apoyo de: quienes estén en la oposición, de quienes sirven al Régimen Republicano y de quien está en contra de él.

Porque quienes por ser patrocinada por  el Régimen Republicano una empresa de esta naturaleza le negaran sus asistencia y su auxilio. No serian enemigos del régimen sino unos miserables de España.

Esta no es una obra ni de un hombre ni de un gobierno. Quiero decir más, nadie llegara a tener la satisfacción de ser su progenitor, porque nadie será el realizador total de la empresa”.

Llegado el Gobierno Socialista de Felipe Gonzales a la Moncloa, en 1.983 el Ministro de Obras Públicas, Julian Campo se reunió con los recientes elegidos presidentes de la comunidades autónomas de: Castilla-la Mancha, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana para estudiar los problemas  actuales del Trasvase, ya que se iba a comenzar a estudiar una nueva Ley sobre el mismo, y las regiones cedentes del agua querían que se estudiara en profundidad la situación actual, ya que consideraban que el Trasvase perjudicaba gravemente a las comunidades donantes, y que la mayoría de las obras de compensación que se preveían no se habían realizados a pesar de haber sobrepasados los plazo establecidos.

El Presidente de Castilla-La Mancha, Jose Bono manifestó que su Gobierno consideraba que la nueva Ley debía de contemplar un “Canon del Agua”, pero no solo para el Trasvase Tajo-Segura; sino también para el del Tajo-Juca-Segura, así como regular eficientemente el caudal y la cantidad trasvasable.

Por su lado Rodriguez Ibarra, señalo que en la nueva Ley se debían arbitrar los mecanismos necesarios para que las compensaciones fueran reales, y no quedaran solo escritas en el papel

Por su parte, el Presidente de la Región de Murcia manifestó que la actual Ley era inoperante y confirmo la grave situación por la que atravesaba la Zona Levantina por los problemas de la sequía, ya que no se había tenido en cuenta el calado de la misma, cuando los habitantes de la zona debido a las expectativas creadas por el trasvase habían invertidos entre 50 y 60.000 millones de pesetas.

Como la mayoría de las obras, proyectos y regadíos como habían denunciado Rodriguez Ibarra y Jose Bono, seguían sin ejecutarse. En 1.984 el Gobierno Socialista elaboro un Plan Trienal (1.985-1.987) por un monto de 10.500 millones, dirigido principalmente a ponen en funcionamiento el Plan de Regadíos.

Dicho Plan, fue presentado en la Diputación de Cáceres,  por el Ministro de Obras Públicas, Julián Campos.

En el acto, el Presidente de la Diputación, Manuel Veiga pidió el apoyo de todos los extremeños al mencionado Plan para que:

 “Pueda comenzar la marcha atrás del cumplimiento del trasvase. Y podamos ver el día histórico, que será aquel en el que realmente el listado de las compensaciones se vea realizado”.

 

Día histórico que está aún por llegar, porque cuarenta y cuatro años después de la promulgación de la Ley del Trasvase, hay obras y regadíos que aún no se han realizado.

       

Y el problema, no es que no se hayan realizado; sino que no se realizaran, ya que el pensamiento de Arias Navarro, cuando en 1974 dijo: “Las obras no solo no son rentables, sino que son antieconómica y por lo tanto no se realizaran”.

 Al parecer, se hizo extensivo a los gobiernos de UCD, el PSOE y del PP, pues ninguno de ellos aposto por cumplir los compromisos adquiridos con Extremadura cuando se aprobó el Trasvase.

Pero cuando aún no se había apagado el eco de la puesta en funcionamiento, y habían pasado más de treinta y cinco años desde que las aguas del Tajo pasaran a la cuenca del Segura.

La polémica sobre el mismo volvía a  ser noticia en los medios de comunicación. Y no por el incumplimiento de los compromisos adquiridos y no cumplidos; sino porque en la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha, el PSOE y el PP de la comunidad habían llegado a un acuerdo de poner fecha de caducidad al trasvase.

En la modificación del mismo se decía:

“Los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velaran para que el volumen del agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a la entrada en vigor del presente estatuto, hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá el 2015”.

ACUERDO, que enfado y encrespo a los ciudadanos en general de las regiones de Valencia y Murcia, y en particular a los regantes,  que capitaneados por el Partido Popular,  aprovecharon la ocasión para comenzar  un enfrentamiento de desgaste al Gobierno de Zapatero, creando lo que se conoció como la “Guerra del Agua” entre Comunidades Autónomas, dándose el caso que mientras un partido apoyaba en una Comunidad una cosa, en otra se oponía a la misma, como le paso al Partido Popular que mientras en Castilla la Mancha estaba contra el trasvase, en la Zona Levantina, no solo no estaban en contra; sino que perdían más agua.

El día 14 de octubre de 2008, se votaba en el Congreso la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía aprobado por mayoría en las Cortes de Castilla-La Mancha. Truncándose la exigencia del PP y del PSOE de dicha Región del fin del trasvase y no porque fuera rechazado, ya que solo votaron el contra dos diputados murcianos del partido popular y Rosa Diez.

Sino por el acarolado debate que se produjo durante su tramitación entre los diputados del PP y PSOE de la Zona del Levante con su homólogos de Castila-La Mancha, llegando hasta tal punto el debate, que los portavoces de ambos partidos tuvieron que lidiar en sus respectivos grupos para que no hubiera una fuga de votos en contra del Estatuto Castellano-Manchego, ya que el Presidente Jose Maria Barreda había amenazado con retirar la Modificación del  Estatuto, si el Congreso de los Diputados lo devaluaba.

Ante la posibilidad de que la terminación del Trasvase pudiera llegar a ser una realidad, de nuevo numerosos organismos: Comunidad de Regantes, Federación de Municipios, Confederaciones Empresariales, etc. comenzaron una Campaña en defensa del Trasvase y lo que el mismo representaba para el desarrollo la Zona Levantina.

Así por ejemplo, la Universidad de Alicante realizo un estudio para la Confederación Empresarial de la Provincia y de la Fundación Agua y Progreso.

Durante la presentación del mencionado estudio por parte de Conseller de Medio Ambiente del Gobierno de Valencia, este destaco que Alicante era la cuarta provincia más rica de España gracias al Trasvase y siempre estaba unida al progreso, por lo que si tuviera agua en la cantidad suficiente tendría la agricultura con más futuro de España.

Mientras que por el contrario, si se anulaba el Trasvase, podían quedarse más de 180.000 familias sin empleo., así como 2,5 millones de ciudadanos con restricciones de agua.

Así como que las pérdidas patrimoniales serían más de 9.000 euros si se anulara el trasvase, pues las 147.000 hectáreas regadas en la cuenca del rio Segura, tenían un valor patrimonial de 8.700 millones, que se disminuirá más de 20 veces si pasaran a ser de secano. A lo que había que sumar el lucro cesante, por lo que las pérdidas económicas podían llegar a más de 21.000 millones.

Cuando además, seguía el estudio:

- Que desde el principio se había incumplido las expectativas del caudal que se decía que iba a llegar a la provincia, lo que había supuesto una pérdida de la puesta en funcionamiento de 17.325 hectáreas de regadíos.

- Que mientras las necesidades totales de agua de la Zona del Trasvase en Alicante eran de 382 hectómetros cúbicos, solo tenía una dotación de 125.

- O que muchas de las poblaciones necesitaban el agua del trasvase para seguir creciendo, ya que no disponían de recursos alternativos,

Haciendo, una afirmación que cuando menos dañaba a la inteligencia humana, ya que afirmaba que el Trasvase resultaba muy rentable para la Cuenca Cedente, ya que desde que se puso en funcionamiento Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura habían recibido más de 300 millones  para infraestructuras.

Cuando en el mismo estudio se recogía que solo en la provincia de Alicante y en el mismo periodo, el valor económico bruto de la zona regable superaba esa cantidad sin incluir lo invertido en las infraestructuras.

Lo que no decía el Estudio, no solo era el valor económico que las regiones de Tajo habían dejado de producir, sino el coste social que suponía la pérdida de población.

Pues nadie puede dudar, que las regiones de Extremadura y Castilla-La Nueva hubieran obtenido mayor progreso económico si las aguas del Tajo en vez de ir a regar la Zona Levantina hubieran regado sus tierras.

Y en el caso de Extremadura se hubiera evitado que miles de extremeños no hubieran emigrado, y lo que socialmente ello representa no se puede  pagar con dinero.

Cuando además el mencionado estudio manifestaba que el crecimiento natural de la zona por el Trasvase, había supuesto un incremento de la llegada de inmigrantes, hasta tal punto que en algunos municipios de su influencia superaban el 25%, lo que cabría preguntarse. ¿Cuántos de ellos eran de origen extremeño?

Con lo cual, lo único que hacia el estudio más que defender la necesidad de la continuidad del Trasvase,  era echar más leña al fuego, pues por ejemplo la legislación sobre el Trasvase recogía que parte de sus aguas debían utilizarse para el consumo humano de varias poblaciones, pero nada decía de la gran cantidad de urbanizaciones con extensos Campos del Gol que se han construido en la Zona.

No había pasado un mes desde el debate del Estatuto Castellano-Manchego, en el Congreso, cuando los medios de comunicación se hacían eco de que el Ministerio de Medio Ambiente dirigido por la socialista Elena Espinosa, rectificaba la política del agua seguida por el Gobierno de Zapatero, y con el objeto de terminar con la “Guerra del Agua” estudiaba  a propuesta del Partido Popular de la Zona del Levante, un posible nuevo Trasvase Tajo-Segura, pero en este caso desde  Extremadura, pues sería desde el Embalse de Valdecañas al Canal del Segura, para aprovechar parte del canal ya construido; ya que consideraban que la construcción de Desoladoras en el Levante, no eran la solución más idónea.

En los despachos del Ministerio de Medio Ambiente consideraban que dicho trasvase era una muy buena opción. Así el Secretario de Estado del Agua, Josep Puxeu, manifestó: “Si hay una cuenca, como es la del Segura que tiene un déficit del 60%, lo que no podemos hacer es dejar que se desmantele su sistema productivo y organizar una emigración masiva. Tenemos que darle agua”.

Debido a la incidencia que el nuevo Trasvase tendría para Extremadura, el Gobierno de Zapatero, pretendía que fuera el entonces Presidente, Fernández Vara quien asumiera el liderazgo del proyecto, ya que tras recurrir los Estatutos de Andalucía y Castilla y León ante el Tribunal Constitucional como había hecho por apropiarse de la gestión de los ríos, ahora no podía decir que el Tajo era suyo.

Según algunos de sus allegados Fernández Vara habría comentado en privado: Por principios y coherencia tras recurrir el Estatuto de Andalucía y el de Castilla-La Mancha por apropiarse de la gestión de los ríos; ahora no puedo decir que el Tajo es mío. Yo no soy el Rey del Tajo.

Y efectivamente, Fernández Vara, mantuvo su coherencia con su discurso de: “Que los ríos no son de ninguna Comunidad”, mostrándose dispuesto a estudiar el Trasvase de Aguas del Tajo desde  Cáceres. Criticando sin menciónalos a los Presidentes de Aragón, Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha por enarbolar la bandera anti trasvase, y tomar la decisión de quedarse con los ríos que atraviesan sus territorios.

Pero a la vez que manifestó que estaba dispuesto a estudiar el Nuevo Trasvase, defendió que cuando se hable de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas se tenga en consideración diferentes variables como por ejemplo el trasvase de aguas, o  la producción de energía eléctrica, ya que Extremadura producía el 7% de la energía eléctrica  de España, incluida la nuclear y solo consumía el 1,7%.

La energía como el agua dijo Fernández Vara no es de Extremadura, pero si se debe de tener en cuanta quien la produce y quien se beneficia de ella.

Sin olvidarse de las infraestructuras pendientes aún de realizar por la compensación del primer trasvase, como eran por ejemplo las miles de hectáreas de conversión a regadío en la llamada “Ribera de Fresnedosa”, que recogía las zonas de Pescueza, Cachorrilla, Portaje, Portezuelo, Torrejoncillo y Pedroso de Acim.

Tras escuchar el tono pausado de las declaraciones del Presidente Extremeño, fueron muchas las voces que se callaron de hablar sobre el trasvase, y más cuando desde diferentes medios de comunicación se aplaudía y elogiaba que Fernández Vara tuviera Política de Estado y recodara algunos Presidentes Autonómicos, que según el principio constitucional, los ríos que trascurren por varias comunidades son de todos los españoles.

Por su parte, el expresidente Rodriguez Ibarra también se manifestó sobre el asunto, lo que para muchos significaba que el Trasvase desde Valdecañas al Segura iba en serio.

Ibarra, expreso que los extremeños éramos buenos españoles y que al final cederían el agua, pero que debía analizarse con estudios rigurosos la capacidad hídrica de cada embalse y las necesidades de agua para el desarrollo rural, turístico y de puesta en riego del secano de la Zona de influencia del Embalse de Valdecañas. Así como otros temas que indirectamente beneficiaban a  Extremadura, como por ejemplo que España propusiera a Cáceres como capital cultural de la Unión Europea.

Sin embargo, no todo el mundo compartía las ideas del Presidente y Expresidente de Extremadura.

Así el presidente de la Comunidad de Regantes de Valdecañas, Francisco Javier Moreno, manifestaba que no había agua suficiente para trasvasar, ya que por ejemplo en aquel momento el embalse apena tenía 600 hectómetro cúbicos, cuando se habla de trasvasar 500, preguntando le dijeran de donde iban a sacar el agua.

Así como, que la zona era de las más pobre de España, y ya aportaba suficiente recursos a la Nación con la Central Nuclear de Almaraz y las centrales de producción eléctrica.

Recodando también, que los regadíos del campo Arañuelo se crearon para compensar a la provincia de Cáceres por el primer trasvase, y que mientras en el proyecto inicial se recogía la puesta en regadíos de 30.000 hectáreas, solo se habían transformado unas 6.000.

Por otro lado, a la oposición de la Comunidad de Regantes, hay que sumarle la del responsable del Complejo Turístico, Miguel Oñate que se estaba construyendo en el Envase de Valdecañas, quien manifestó, que no era muy normal que Murcia pidiera trasvasar agua entre otras cosas para su desarrollo turístico, cuando también la necesitaba Extremadura para el mismo caso.

 Por lo que confiaba que Fernández Vara cumpliría su palabra de oponerse al Nuevo Trasvase,  si no se garantizaba a la Zona de Valdecañas agua para su consumo humano, el riego de sus campos y su desarrollo turístico.

Igualmente, las asociaciones ecologistas: ADENEX y Ecologistas en Acción fueron las primeras en mostrarse en contra del Trasvase, debió al impacto negativo que tiene este tipo de infraestructura sobre el Medio Ambiente.

Además en el caso de ADENEX se ponía al trasvase entre cuencas, cuando la única finalidad fuera el crecimiento insostenible de regadíos subvencionados y el desarrollo turístico masificados en lugares que ya se sabía que había escasez de agua.

Destacando, que el Rio Tajo a su entrada por Extremadura sufría contaminación, debido principalmente a las aguas residuales de Madrid y toda la zona industrial de su alrededor.

Por su parte, Ecologista en Acción criticaba que el agua trasvasada no iba para el consumo responsable de la población; sino para proyectos de gran cantidad de utilización de agua, como eran: La expansión urbanística ligada a los campos de Golf y a una agricultura industrial insostenible.

Mientras tanto,  la lucha en defensa del trasvase en la Zona Levantina, no solo no amainaba, sino que iba en aumento.

 Ya que como se ha comentado anteriormente el Partido Popular hizo del Agua su “Guerra contra Zapatero”, lo cual  también conllevaba un nuevo un enfrentamiento de la “Regiones del Tajo” contra las de las “Zona Levantina”, y la apuesta del Partido Popular por esta última, a ser un caladero de votos populares, y con una mayor población, lo cual era políticamente mucho más rentable.

 En el mes de marzo de 2009, se celebró en Murcia una Manifestación bajo el lema “En defensa del Trasvase Tajo-Segura” que reunió según la policía municipal a unas 400.000 mil personas, entre las que ese encontraban los presidentes de la Comunidad Valenciana, Francisco Camp y el de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, así como el dirigente del PP de Andalucía Javier Arena y los secretarios generales del PSOE de Valencia y Murcia.

En sus intervenciones Francisco Camps manifestó que era un error histórico paralizar el Trasvase Tajo-segura, porque era un recurso natural de todos los españoles.

Y el Presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, convocante de la Manifestación, después de exponer que la paralización era un “Atentado contra los derechos del Levante Español”, recordó que el Trasvase abastecía a más de 2,5 millones de personas y generaba más de 100.000 puesto de trabajo directo.

Por su parte, la asociación “Tajo Segura, obra de interés general” encargo a la Consultora PWC un estudio para que analizara una vez más el impacto económico del Trasvase Tajo-Segura.

Según el mencionado Estudio, las actividades relacionadas con la agricultura de la zona del trasvase:

-Aportaban  2.364 millones al PIB, lo que representa el 9,8%de Murcia, el 12,6 de la Comunidad Valenciana

-Sostenía a más de 100.000 empleos directos y casi 300.000 indirectos.

-Los productos hortofrutícolas de la región suponía en torno a al 6% de las exportaciones españoles y en 2014 arrojaron un saldo positivo superior a los 6.500 millones.

-El trasvase reducía el riesgo de corte de suministro de agua en las zonas turísticas y contribuía a que el sector turístico diera empleo  a 320.000 personas.

Por todo lo cual terminaba el  estudio: “El mantenimiento y la consolidación de las transferencias de aguas a la Zona Levantina son una necesidad publica y un auténtico asuntos de Estado”.

Por su parte la Asamblea de Extremadura en octubre de 2.009, con los votos a favor del PSOE y del PP acordó convocar un Concurso de Consultoría y Asistencia Técnica para la realización de un “Estudio sobre la Incidencia y Viabilidad que el posible Trasvase desde Valdecañas a la Cuenca del Segura tendría para Extremadura; así como el también trasvase Tajo-Guadiana dentro de la propia Región”.

Estudio, que no fue inicialmente bien visto por el Gobierno de Cartilla- La Mancha, ya que según el Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, el trasvase no tenía justificación alguna, ya que según la propia  “Institución Gestora de Agua de Murcia” había dicho que el consumo humano estaba garantizado sin el trasvase.

Así como que era conocido por todo el mundo, que mientras las reservas en la cabecera del Tajo eran del 15%, las reservas en la Cuenca del Segura superaba el 40% del año anterior.

De igual forma de pensar eran los “Regantes de Valdecaña”, pues consideraban no viable el Trasvase, sobre todo por la poca cantidad de agua almacenada generalmente en el Pantano, que se agravaba en años de sequía.

Preguntándose una vez más, que si hablaban de traspasar 600 hectómetros cúbicos y en ese momento por ejemplo el Embalse solo tenía 480 hectómetros. ¿De dónde van a sacar el agua?

Por su parte, la Junta de Extremadura a través de su Portavoz manifestaba, que se había encargado el Estudio no porque estuviera a favor del trasvase; sino por si algún día se planteaba el trasvase desde Extremadura no se tomara una decisión a ciega, ya que una de las cosas que tenía que quedar asegurada por ejemplo era las necesidades de la Cuenca del Tajo para los próximos 50 años, ya que hoy pudiera ser que hubiera excedencia, pero pasado unos años no, lo que supondría restringir el desarrollo industrial y humano de la zona.

El resultado de mencionado estudio, fue conocido dos años después cuando ya gobernaba en tanto en España como en Extremadura el Partido Popular y la “Guerra del Agua” había perdido su sentido, ya que Zapatero había sido desbancado de la Moncloa y en su lugar se encontraba Rajoy, entre otras cosas,  gracias al apoyo masivo de los ciudadanos de las Comunidades de Valencia y Murcia.

Según la Directora General de Carreteras y Obras Hidráulicas del Gobierno de Jose Antonio Monago, el Estudio después de analizar las capacidades hídricas presentes y futuras de las Cuencas Extremeñas y las posibilidades técnicas y económicas del momento, llegaba a la conclusión que resultaba imposible realizar Trasvase alguno desde el Tajo, ni hacia el Levante, ni hacia el Guadiana.

Ello entre otras cosas,  por el coste económico del proyecto debido a la longitud del mismo y a las grandes necesidades de bombeo del agua, incluso mayores que la del actual Trasvase Tajo-Segura, lo que hacía el coste inviable.

E igualmente, porque las necesidades del Guadiana Extremeño, estaban suficientemente garantizadas con el Envase de la Serena, y que en el caso de gravísima sequía, tampoco sería posible trasvasar agua desde el Tajo.

Por todo ello, la Directora General, consideraba que tras conocer los resultados del Estudio lo mejor era: “Zanjar el tema del Trasvase desde  Valdecañas”.

Una vez ya en la Moncloa, y habiendo sido el Partido Popular quien creara la “Guerra del Agua”, Mariano Rajoy  se apropiaba del nuevo Acuerdo del Trasvase Tajo-Segura, convocando a los presidente de: Valencia, Carlos Fibra, Murcia, Ramón Valcárcel, Castilla la Mancha, Maria Dolores de Cospedal y Extremadura, Jose Antonio Monago, para junto con el Ministro de Agricultura Arias Cañete pregonar a los cuatros vientos  que el Partido Popular era el único que unía a España y conseguía satisfacer a todas las Comunidades Autónomas.

Durante la negociación del mencionado ACUERDO, el Consejero de la Junta de Extremadura de Fomento, Vivienda y Ordenación del territorio, Victor del Moral manifestó que se había logrado un acuerdo para el Trasvase Tajo-Segura que garantizaba la solidaridad de una materia tan importante como era el agua estableciendo la garantía jurídica necesaria.

Puntualizando, que el Ejecutivo Extremeño del Partido Popular, siempre había defendido que las “Cuencas Excedentarias” fueran solidarias con la que tenían menos agua, siempre que las primeras tuvieran asegurado su abastecimiento.

Argumentado, que todos debemos de entender que el agua es un recurso estratégico para España, que debía unirnos, y no separarnos.

Felicitando al Presidente del Gobierno, al Ministro de Agricultura y al resto de los Gobiernos Autónomos por el consenso alcanzado para dar al ”Trasvase Tajo-Segura” rango de Ley.

Con lo cual, se ponía fin a las disputas políticas en torno al agua, ya que  todas las autonomías habían salido beneficiadas, ya que por ejemplo Castilla-La Mancha había conseguido elevar su reserva de agua de 240 a 400 hectómetros cúbicos.

A cambio Valencia y Murcia habían logrado la continuidad del Trasvase y se le garantizaban mayores caudales de agua, siempre que en la cabecera se mantuviera en niveles altos.

El 31 de marzo de 2014, con motivo del 35 aniversario del Trasvase, el Sindicato Central de Regante del Acueducto Tajo-Segura, presento un estudio histórico sobre el mismo, en el cual se manifestaba que durante los 35 años trascurridos se habían trasvasado 11.467 hectómetros cúbicos, por los cuales los regantes habían pagado 403 millones de euros, de los cuales, 181 habían correspondido a Castilla-La Mancha, 134 a Madrid y solo 88 a Extremadura.

Así como que, el trasvase había supuesto una aportación al PIB de la Zona Levantina de 2.364 millones, y la creación de más de 100.000 puesto de trabajo directos, por lo cual no había que olvidad al cumplirse el 35 aniversario, que el agua trasvasada había “Revolucionado el Suroeste de España” permitiendo:

- El abastecimiento para su crecimiento urbanístico,

-La puesta en regadío de miles de hectáreas,

-Todo lo cual se había convertido en algo vital para la Zona.

Por lo que, no solo había que mantener el Trasvase, sino que era necesario aumentar el caudal del agua trasvasada, ya que de los 1.200 hectómetros cúbicos anuales que se contemplaban inicialmente solo se había trasvasado una media de 770 hectómetros anuales.

Cuando además, en el Plan Hidrológico del Segura que se había aprobado recientemente, se recogía un déficit, el cual habría que cubrir de alguna manera. De ahí la necesidad decía el estudio de que se complementase con agua del Trasvase, para que se pudiera atender a todas las demandas de abastecimiento y regadío.

Sin embargo, para la “Plataforma en Defensa del Tajo de la Provincia de Toledo”, el Aniversario del Trasvase era la historia de una gran mentira y del expolio de las zonas pobres de la Península.

 Ya que había traído en ellas “olvido y marginación” para que por el contrario las zonas del Levante y Murcia se hicieran más ricas y no precisamente con el regadío que era el objetivo principal en su día del Trasvase, sino con la especulación del terreno y las construcción de Urbanizaciones Turísticas con sus respectivos campo de golf.

Además del estudio antes mencionado,  el “Sindicato de Regantes”, también instalo una serie de carteles en las carreteras de la Zona con el Lema: “Trasvase Tajo-Segura. Agua que nos une”.

Es de suponer que dichos carteles iban dirigidos a los ciudadanos del Levante, ya que a los ciudadanos de Extremadura lo que había hecho el Trasvase era separarnos, pues fueron muchos los extremeños que tuvieron que emigrar y separase de sus familias por culpa del mismo.

Meses después del “Aniversario del Trasvase”,  aquel acuerdo diseñado por el Gobierno que tanto difundió Rajoy, como el “máximo consenso alcanzado en el asunto del agua”, quedo obligatoriamente en los cajones de la administración.

  Ya que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno de Aragón, y  declaro nulo varios artículos al no haber tenido en cuanta a dicha Región en el acuerdo final, ya que aunque solo en un pequeño tramo, el Tajo también pasa por dicha Comunidad.

La sentencia además de ser aplaudida por el Partido Aragonés Regionalista, que fue quien llevo a las Cortes de Aragón la moción para el recurso ante el constitucional.

Fue acogido también con emoción por la “Plataforma en Defensa del Tajo”, ya que los artículos declarados anticonstitucionales eran los de mayor interés para la defensa del Tajo, como eran:

-Anular el acuerdo por el que se declaraban “excedentarias” todas las aguas por encima de los 400 hectómetros cúbicos en los pantanos de Entrepeña y Buendia.

 -Y que se volviera a la propuesta de la Ministra Cristina Narbona, que había sido anulada por Arias Cañete, que exigía que en los regadíos se sustituyera paulatinamente el agua del trasvase por agua de las desoladoras.

Fuera una victoria parcial como decía la Plataforma, o solo un defecto de procedimiento como solo reconocía el Ministerio, que se solucionaba con pequeños cambios.

 La verdad es que el Gobierno de Rajoy, las Comunidades de Valencia y Murcia, y el Partido Popular una vez más se quedaban solos en la modificación del Trasvase.

Pues, aunque modifiquen los artículos impugnados por el Constitucional, el tema no está totalmente resuelto y reventara en la próxima sequia entre las Comunidades de Castilla-la Mancha y Extremadura por un lado, y la Valenciana y  Murciana por otro.

 Ya que los agricultores de estas últimas regiones exponen: “Que como regantes disponen de unos derechos que no pueden ser ignorados, incluso en tiempos de sequía, ya que estos derechos están  por encima de la propia política hidráulica nacional”.

Esa exigencia es debida a que el Trasvase lejos de haber solucionado los problemas de falta de agua que en su día tenía la Cuenca del Segura.

 Ha tenido un efecto perverso, ya que lo que ha generado es una serie de perspectivas en los sectores agrícolas y turísticos que son insaciables, y que reclaman un incremento potencial de la demanda de agua, aunque sea a costa de disminuir los caudales naturales de otras regiones.

De hecho, según recoge el “Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura”, el déficit de agua en vez de haberse solucionado, se ha duplicado con el paso de los años.

 Siendo necesarios pasar de los 600 hectómetros actuales, a como mínimo 1.000 hectómetros cúbicos anuales, al objeto de poner en funcionamiento 57.000 nuevas hectáreas de regadíos.

Así como facilitar la legalización de hecho de las explotaciones alégales e ilegales (incluidos los múltiples campos de Golf) que se riegan con aguas del trasvase.

Sirva de ejemplo que la idea de la Comunidad de Murcia, es poner casi toda la provincia en regadío, recalificando incluso a tal fin los terrenos en los que previamente se han provocado incendios intencionados.

Negándose incluso,  a proponer nuevos espacios para incluir en las Redes Naturales Nacionales y descatalogando espacios que ya tenía protegidos. Todo ello con el único objetivo de  aumentar el número de hectáreas posibles de ser regadas.

Con esas forma de pensar y actual, la distribución racional del agua en España no tiene viso de solución.

Pues los ciudadanos de la Zona del Levante deben de ser conscientes, que el trasvase del agua desde otras regiones es limitado, y debían de asumir que seguramente han llegado al máximo de su posible desarrollo tanto a nivel de la agricultura de regadío, como de desarrollo turístico en base a urbanizaciones con grande parcelas y verdes y campos de golf.

Aunque para ser justo, hay que decir que ya comienzan a oirse voces desde la misma zona levantina, aunque de forma minoritaria que empiezan a poner en duda la continuidad del Trasvase del Tajo.

Un ejemplo de estas voces, es la del escritor progresista nacido en Elche, Pascual Mogica que el 15 de abril de 2015 escribia en el  digital Nuevatribuna:

“Es evidente que el trasvase Tajo-Segura tiene los días contados, lo que la derecha, Franco, nos concedió mediante la Orden Ministerial de 30 de julio de 1966, es ahora la misma derecha, pero con Rajoy al frente, la que nos retrocede a aquellos momentos en que la pertinaz sequía que sufrimos en esta zona vuelva a provocar serios problemas a nuestros agricultores y no solamente al medio rural sino al urbano.

Creo que a nadie se le escapan las cordiales relaciones que existente entre los máximos responsables de los sindicatos de regantes y las autoridades ministeriales a la hora de tratar sobre si se precisan más trasvases o no.

Yo creo que entre partes que están obligadas a debatir y a discutir este tipo de cuestiones no debe primar la cordialidad sino el buen razonamiento y la receptividad por parte de aquellos que, por decirlo de algún modo, tienen la sartén por el mango, me refiero a los políticos.

El grado de cordialidad ha llegado ya a tal punto que incluso se conceden medallas unos a otros, lo cual demuestra que el menos en lo que concierne a los representantes de los regantes es hora de ir cambiando nombre y caras. Cuando se entra en el terreno de la amistad de la cordialidad y del “buen rollo” es cuando las cosas comienzan a ir mal en particular para quienes no tienen el poder decisorio o sea para quienes reivindican de continuo y no encuentran otra respuesta que la de recibir, una y otra vez, una larga cambiada.

Se puede ser cordial y correcto en los debates pero guardando el debido rigor y sobre todo la debida firmeza. Ya está bien de que los actuales representantes se reúnan con los gobernantes se vuelvan a sus lares llenos de euforia cuando solo han escuchado palabras y promesas huecas como el tiempo y las circunstancias se han encargado de demostrar.

El futuro hídrico de nuestra provincia de Alicante a fin de cubrir las necesidades de agua para riego y para el consumo humano pasa indudablemente por el trasvase Júcar-Vinalopó y por las desaladoras, pero ello no será posible hasta que algunos depongan su cuasi sectaria actitud y se olviden de banderías y partidismos y sobre todo que dejen de poner palos en las ruedas, en este caso portones, que evitan el que los suministros del Júcar y de las desaladoras lleguen a las resecas tierras alicantinas y fluyan por los grifos de los hogares.

Los hay, esto cada día se nota más, que se han empecinado en no aceptar estos flujos porque son proyectos y soluciones dadas por los gobiernos socialistas, si hubiera sido un logro de la derecha ya llevaríamos años utilizando las aguas tanto del Júcar como de las desaladoras. Buena prueba de la intolerancia a las desaladoras la dio aquel alcalde torrevejense hoy en la cárcel por delincuente.

No encontramos ante una situación nueva pero no por ello, lamentablemente, menos esperada.  Por todo ello hay que abogar por nuevos nombre, nuevas caras, nuevas formas de reivindicar, nueva gente preparada que la hay y buscar soluciones para posibilitar unos precios asequibles tanto para el agua de riego como para la de consumo humano sea cual sea su procedencia.

Por cierto es muy posible que alguien esté pensando en el Ebro, aquello fue el sueño de una noche de verano, jamás hubo tal deseo de llevarlo a cabo, Aznar, su “promotor”, gobernó ocho años y no hizo nada y ahora Rajoy con cuatro tampoco.

Vamos a lo que hay y lo que hay son el Júcar y las desaladoras. El Tajo es agua pasada. El Tajo ya es historia. Efectivamente hay un memorándum que obliga a trasvasar, pero está bien a las claras que ese aporte acabará siendo testimonial, por tanto todo lo que se tarde en pasar página es perder un tiempo que en agricultura no se puede permitir”

Y efectivamente, el “Tajo es agua pasada” porque las regiones que por su situación geográfica cuentan en sus territorios con ríos con caudal suficiente, no van a consentir una vez más que el agua que es un recurso limitado, sea trasvasada a otra regiones para que tengan un desarrollo económico y poblacional creciente en el tiempo, mientras que sus ciudadanos tienen que coger las maletas y marcharse quizás a esas regiones donde van sus aguas, en busca de un puesto de trabajo que su tierra les niega.

Y más, cuando los analistas económicos y sociales vaticinan  que el pleno empleo ya no será posible en España en los años venideros y habrá que buscar nuevos “Yacimientos de Empleo” tomando como referencia entre otros,  los recursos intrínsecos y la trasformación de los mismos en los lugares de origen, para quedar en ellos el mayor Valor Añadido posible y la creación del mayor número de puestos de trabajo.

Y por lo tanto, más que nunca como en su día dijo el Urbanista Griego: “Transferir el agua,  será transferir su porvenir”. Y eso Extremadura de nuevo no lo va a consentir.

ANTONIO ELVIRO ARROYO