EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN EXTREMADURA

El Problema de la Tierra en Extremadura, comienza desde el mismo momento en que la Región empieza a conformase como un espacio físico distinto a los demás territorios que conformaban la Península Ibérica. Terminada la Reconquista de Extremadura en 1.232 con la toma de Montemolín, los Reyes procedieron a la demarcación de términos y a la repoblación del territorio mediante la promulgación de los Fueros y Cartas-Puebla.

La forma en que se señalaron los términos y se concedió la propiedad de la tierra dio a la Región una fisonomía y característica, consistentes en “grandes extensiones de terreno  y pequeñas concentraciones de población”. El poder Real se reservó bajo su jurisdicción, con la denominación de “Realengos”, una serie de municipios estratégicos como: Plasencia, Cáceres, Trujillo y Badajoz, cuyos términos eran muy amplio.

Así por ejemplo el de Badajoz se acercaba a las 300.000 hectáreas antes de las separaciones de: Olivenza, Campo Mayor, Alconche y otros. Y Cáceres, incluso después de varias separaciones, se quedó con una extensión de 176.000 has., el más extenso de España.

Los servicios prestados por los Señores Feudales a los Reyes para su Reconquista, motivo la implantación en la Región de los grandes “Señoríos”. Teniendo estos,  un incremento de tierras espectacular en los siglos XIV y XV.

Baste señalar que a finales de la época medieval, de los aproximadamente 40.000 km. cuadrados de Extremadura, el 23% de ella eran tierra de Realengo.

La alta nobleza compuesta por grandes y ricos hombres, protagonizo un proceso de acumulación de tierras en extensos dominios, dedicadas generalmente solo a pasto, hecho que influyó negativamente en el desarrollo económico de Extremadura.

Sirva de ejemplo de que  el  Duque de Alba llego a ser dueño y señor de 46 pueblos, los duques de Béjar y Medinaceli de 31, y en lo referente  a sus posesiones,  el Señorío de Feria, en poder de los Suarez de Figueroa llego a poseer 100.000 hectáreas donde habitaban 3.000 vecinos y 18.000 vasallos.

Hecho parecido sucedió con las Ordenes Militares, ya que al  considerar el Papa la Reconquista como una “Cruzada”, estas desempeñaron una labor muy importante, siendo por su organización y disciplina las más eficaces colaboradora reales para la conquista, lo que posteriormente conllevo que fueran premiadas con unas grandes extensiones de terreno.

La Orden de Santiago recibió una extensa franja de terreno que iba desde el partido de Montánchez hasta el límite sur de Extremadura, y que abarcaba el espacio comprendido entre el Concejo Pacense, Medellín y la mitad sur de la Serena.

A finales de la Edad Media los dominios de esta Orden sumaban más de 10.000 km cuadrados; superficie superior a la cuarta parte de Extremadura. En sus territorios además se encontraban las tierras más fértiles de la Región: las Vegas del Guadiana y la Tierra de Barros. Estos dominios se conservaron casi integro hasta el siglo XIX.

La Orden de Alcántara, por su parte recibió un ancho espacio junto a Portugal que se extendía desde el norte de la Región, (lo que hoy es la Sierra de Gata),  y traspasaba la Sierra de San Pedro, más allá de San Vicente.

Así como la rica comarca de la Serena, que entonces se extendía hasta parte de lo que hoy es la provincia de Córdoba, con la Encomienda de Benalcázar, lo que sumaba la no despreciable cantidad de 9.000 km cuadrados.

Por su parte los Templarios poseían en Extremadura a finales del siglo XIII las Bailías de Alconetar, Capilla, Ventoso y Zahinos, en las cuales a principios del siglo XIV pastaban 40.000 cabezas de ganado.

En los realengos se hizo donación de la villa y su término a  sus pobladores. A cada vecino se la adjudicaba una casa y se le asignaba una ración de tierra de labranza, aunque algunos de estos vecinos de renombre, como los Bejaranos, que habían participado en la Reconquista recibieron unas grandes cantidades de terrenos.

Nacía  de esta  forma la propiedad particular sobre tierras que antes habían sido de Concejo o Comunales, y por lo tanto para el uso de los vecinos.

Por otro lado, los propios Concejos comenzaron a dehesar las tierras de los ejidos y alrededores de la población, comenzado de este modo a crearse las “Dehesas de Concejos”, que con el paso de los tiempos serian conocidas como “Dehesas Boyales”.

A finales del siglo XIII, tanto por parte de los Concejos de Cáceres como de Badajoz, se desencadeno una fiebre de adehesamiento tanto por parte de estos, como de los particulares en las tierras que le habían sido asignadas, y que mucho de ellos habían aumentado a través de unir otras de los comunes que lindaban con las suyas.

Tal fue la magnitud del problema que ello suponía para los vecinos, que en 1.279 el mismo Rey Alfonso X se vio obligado a defender el derecho de los vecinos del Concejo de Badajoz por el abuso  de  apropiación que de sus tierras estaban haciendo grandes familias de oligarcas como los Suarez de Figueroa.

Los factores que desencadenaron la fiebre de adehesamiento, fueron principalmente las condiciones ideales del campo extremeño para la ganadería, ya que en amplias zonas como las de Coria, Trujillo, Alcántara, Jerez de los Caballeros y la Serena afloraban pastos, que eran clasificados como de los mejores de España para el ganado lanar.

No hay que olvidar, que una vez Reconquistada Extremadura, paso a ser parte de la Corona de Castilla,  llegándose a conocer como “La Dehesa de Castilla” y como tal sus tierras destinadas para el desarrollo de la ganadería trashumante a través de la Mesta, ya que en 1.273, Alfonso X autorizo a esa Asociación de Ganaderos el fomento de la cabaña merina, dada la alta rentabilidad de la lana.

Unos años más tarde, Alfonso XI concedió a la Mesta una serie de privilegios al declarar a los ganaderos asociados en ella, como “Ganaderos del Reino”, pasando a formar parte su ganado de la “Cabaña Real”, tomándolos bajo su guardia y ordenando: “Que pudieran pacer en todas las tierras del reino, con tal de que no hicieran daño a los sembrados de trigos, viñas, huertos, prados de guadaña y  dehesas boyales acotadas”. Prohibiciones que los ganaderos no tenían en cuenta.

Pero fue la Real Cedula de 1.480 dada por los Reyes Católicos, la que definitivamente ponía la ganadería trashumante por encima de la agricultura local extremeña, ya que: “Obligaba a los campesinos a abandonar las tierras comunales cultivadas por ello para dedicarlas al pastoreo de ganado ovino”.

A partir de entonces, los ganados mesteños campearan a sus anchas por las tierras extremeñas en detrimento de la agricultura, llegándose a veces a tener que pagar los agricultores locales a la Corona para poder sembrar, creándose un conflicto permanente a los largo de la historia de Extremadura, entre los grandes ganaderos de la Mesta y los campesinos extremeños.

Un ejemplo de las dificultades que tenían los labradores extremeños para cultivar las tierras, lo encontramos en  Alméndralejo.

Dicha localidad cerró con el Rey, el 20 de marzo de 1.589, una negociación por la cual se comprometía a entregar a la Corona 32.000 ducados con la condición de que durante 40 años pudiese roturar 400 fanegas de sus pastos para dedicarlas a labor y entregarlas en renta a sus vecinos. Con la condición de que, transcurridos los 40 años, deberían convertirse de nuevo en tierras de pastos.

Mientras tanto, la estructura social se mantenía como propia del Antiguo Régimen: La Nobleza suponía el 6,25 % de la población y el Clero el 4%, pero poseían la mayoría de las tierras sobre las que ejercían derechos jurisdiccionales.

Frente a esta minoría privilegiada, la gran mayoría de la población era campesina (75%) donde las situaciones sociales eran muy diversas: pequeños propietarios, arrendatarios, labradores  y jornaleros. La situación económica hacía que se simultanearan las diferentes opciones de trabajo a lo largo del año, siendo la vida de los jornaleros o braceros muy precaria.

En 1.764  el Diputado a Cortes por la Provincia de Extremadura, D. Vicente Paino presento un “Informe-Memorial ante el Rey” sobre la situación social y económica de Extremadura, la ruina de su agricultura, y el estado de postración de sus pueblos y sus gentes, debido todo ello a la extensión de los pastos dedicados a los rebaños de la Mesta, y a los abusos y privilegios de esta Hermandad, que impedían poner en cultivos los campos y tierras más fértiles de la Región.

Para mejorar su situación, Paino proponía 17 providencias o conclusiones destinadas a remediar estos los males y a favorecer el desarrollo agrícola de Extremadura, a la que él consideraba una de las provincias más fértiles y ricas de la nación, aunque estuviese postrada y despoblada por las causas antes apuntadas.

El Informe llego al Consejo Real de Castilla del que eran fiscales el Conde de Floridablanca y Campomanes, ligados ambos a la Mesta, los cuales pidieron al Consejo de la Mesta que redactara su propio contra-informe.

Contra-Informe que contradecía punto por punto todo lo manifestado por el Diputado de Extremadura, ya que según sus redactores: “Extremadura era un país estéril, inapropiado para la agricultura y que solo podría sostenerse dedicándolo a la cría de ovejas, como había ocurrido durante toda su historia”

Igualmente se mandó redactar informes al: Comandante General de Extremadura, a los corregidores de Mérida, Cáceres, Badajoz, Llerena y Trujillo, a los alcaldes mayores de Alcántara y Don Benito, y al Gobernador de la Serena.

Con toda la documentación se formó un Expediente General, que dio lugar posteriormente al “Memorial Ajustado de 1784”. El resultado de todo aquel expediente no tuvo consecuencia alguna sobre la estructura social de la tierra, concretándose solo algunas medidas, como el mejoramiento de la infraestructura viaria, que era ruinosa e inapropiada para el desarrollo de la Región.

Al no modificar la estructura de la propiedad de la tierra, el problema de la mala distribución que afectaba a Extremadura, siguió igual.

El Corregidor de Badajoz en su Informe,  denunció la situación que generaba el mal reparto de la propiedad en su jurisdicción: “En una agrupación de 1.000 vecinos, entre 40 y 100 vecinos cosechaban toda la tierra, y los 900 vecinos restantes no cosechaban prácticamente nada”.          

 Similar situación era la de Trujillo y Don Benito donde además de la poca tierra libre, sólo el 34 % tenían yuntas para trabajar, el resto no tenían ni yuntas ni posibilidad de tierras

En 1.775 los partidos de: Alcántara, Badajoz, Mérida, y Plasencia  acudieron al Consejo de Estado exponiéndoles: “Los perjuicios y agravios que padecían sus vecinos, por lo costoso y distante de los tribunales superiores”, por lo que proponían la creación de una Audiencia para Extremadura a imitación de la de Galicia y Asturias.

El día 4 de diciembre del mismo año el Consejo informaba al Rey Carlos III en el sentido de “Ser un remedio adecuado para remediar la situación actual”, juzgando el Monarca la conveniencia de la creación de la mencionada Audiencia, encargándoles le propusieran el sitio más adecuado donde establecer la misma, así como el número de ministros necesarios para su funcionamiento.

Reinando ya Carlos IV, el día 3 de mayo de 1.790 dictaba la pragmática sanción por la que se creaba la “Real Audiencia de Extremadura” que tendría su residencia  en la Villa de Cáceres.

Y el 27 de abril de 1.791 tenía lugar el  “Solemne Acto de Apertura”,  durante el cual el extremeño, Juan Meléndez Valdés pronuncio un discurso en el manifestó: “Todo está por crear en esta tierra y se confía hoy a nosotros: sin población, sin agricultura, sin caminos, sin industrias, ni comercios, todo pide, todo solicita y demanda. Su suelo, su población, su agricultura, su industria, todos los objetos de provecho deben de ocupar nuestra atención. Hemos de escuchar cada día sus clamores o quejas, hemos de ir a atenderlos de cerca, a conocer su estado y sus necesidades para pódelas remediar más acertadamente”.

Establecida ya la Real Audiencia, fue presentada en la misma una Denuncia, que resulta ilustrativa para comprender cual triste era la situación por la que atravesaba el campesinado extremeño.

         La Denuncia decía así: “ Más sea cual fuese el origen de este privilegio, sea o no legítimo, lo cierto es, que a la sombra de él, se han hecho dueño los trashumantes de más de 80.000 fanegas de tierra de labor en el partido de Badajoz; de 104 dehesas del termino de Alcántara; de 35 de las 43 que fueron destinada al cultivo en él termino de Trujillo; que en Plasencia por privilegio de los Reyes Católicos debían de labrarse la cuarta parte de todas sus dehesas y no se labran; y que en Don Benito tiene asignada cada yunta de bueyes cinco fanegas, cuando debía tener cincuenta”.

Esta aniquilación de la agricultura, seguía  el informe ha producido en Extremadura sus efectos naturales: POBREZA Y EMIGRACIÓN.

Ya diez años antes, en 1.790, el Gremio de Labradores de la Villa de Alcántara se había dirigido directamente al Rey  pidiéndole: “Se le concediesen 6.000 fanegas de tierra de labor en las dehesas de la villa”.

En el informe, le observaban que Alcántara era uno de los pueblos más pobres y necesitados de Extremadura, porque los naturales se ven privados de las tierras adehesadas más fértiles y solo pueden cultivar las peores y los baldíos; ya que de las 86.000 fanegas que tenía él termino 55.000 (las mejores) estaban ocupadas por el ganado trashumantes.

Ese mismo año también un grupo de labradores de Campanario se dirigió al Rey manifestándole: “Encontrarse en grave situación de indigencia, al carecer de tierras para labrar; ya que los arrendamientos estaban muy altos, por lo que se veían obligados a dejar ociosas sus propias yuntas y a emplearse ellos como jornaleros”.

Y es que como escribió el historiador californiano Julio Klein, uno de los tratadistas que mejor ha estudiado la Mesta: “El conflicto, era algo más de  una lucha de intereses agrícolas contra ganaderos. Era una lucha de clase entre los débiles labradores locales y los poderosos ganaderos de la Mesta”.

Antes la situación que vivía el campo extremeño, el Gobierno del pacense Manuel Godoy dicto el Real Decreto de 28 de abril de 1793 sobre “Repartimiento de terrenos incultos y declaración de las dehesas de pasto y labor” por el cual se concedía en propiedad el terreno a quienes lo vinieran roturando durante diez años, y declaraba como dehesas de pasto y labor a “todas las dehesas de Extremadura”, con excepción de aquellas que sus dueños o ganaderos probasen ser de puro pasto, no entrando en suelte las que los dueños disfrutaban  por sí mismo o con ganado propio. Hecho este al que se encadenaron los propietarios para evitar que muchas de sus dehesas fueran roturadas por los labradores.

Los principales objetivos que perseguía el Real Decreto, además de marcar las líneas maestras de la política agraria,  eran tres:

-La necesidad de reducir las enormes superficies de terrenos    incultos en Extremadura.

-Proteger al agricultor frente a los atropellos de los propietarios.

-Garantizar la libertad de cultivos.

Con ellos además, se brindaba a los municipios la oportunidad de obtener recursos importantes con los que poder acudir a las prestaciones de ayuda a la Corona.

Nada más promulgase el mencionado Decreto, comenzaron las invasiones de fincas por parte de los labradores, manifestándose con más intensidad en aquellas zonas en que la reducción continuada de las dehesas a solo pasto, habían contribuido a la creación de un clima social cuyas manifestaciones eran cada vez más violentas. Solo en la Tierra de Cáceres se roturaron hasta 1.803, en base al Decreto, varias dehesas de particulares que sumaban un total de 19.492 fanegas.

En  Alcántara, tan sensible sus vecinos al tema del expolio que en sus campos venían realizando los ganados trashumantes como hemos visto anteriormente, la roturación de varias dehesas por parte de los yunteros tuvo consecuencias inmediatas, según cuentan las crónicas.

“La abundancia de granos fue notoria, con la moderación de los precios; vivía el pobre sin zozobra, se empleaba mucho en la labranza, y no se conocía la ociosidad. Pero tan idílica situación duro poco, porque las fuerzas de los trashumantes cortaron el paso a los labradores, haciéndoles volver a la miseria de los Baldios, aniquilando la labor y escaseando los granos, y experimentando los efectos contrarios a los que habían perseguido el rompimiento de unas tierras tan aptas y dispuestas para la producción agrícola”.

Aunque la puesta en marcha de la Reforma de Godoy supuso un alivio para los labradores extremeños, conllevo una agria respuesta por parte de los propietarios de la tierra, quienes al verse condicionado sobre el destino que habitualmente venían dando a sus fincas, elevaron el precio de los contratos de arrendamiento hasta unas cotas que superaban con creces las habidas hasta el momento.

Sintiendo los ganaderos trashumantes, que el desarrollo del Real Decreto podía llevarles en un futuro a tener problemas de arrendamientos, y  que la disminución de las tierras para pastos  podía aumentar aún más sus  precios. Muchos  de ellos optaron por comprar sus propias fincas, comenzando de ese modo el binomio terrateniente-absentista que tanto perjuicio ha causado a Extremadura.

A terminar el Siglo XVIII,  distintos autores, como Meléndez Valdés,  se refirieron a Extremadura con una visión pesimista de su situación general: “Desertización, falta de industrias, abundancias de tierra incultas, y miseria”.

El siglo terminaba y la postración era uno de los rasgos definitorio de Extremadura, y al mismo tiempo un reto para el nuevo siglo que comenzaba.

El Siglo XIX  comenzó con la gran crisis de 1.803-1.804 consecuencias de unos años de escasas cosechas que provocaron una brusca subida en los precios de los cereales, cuyas secuelas se prologaron prácticamente hasta el inicio de la Guerra de la Independencia.

La solicitud de numerosos pueblos solicitando se tomaran las medidas oportunas para emplear a la ingente masa de jornaleros, obligo a los poderes públicos a tomar una serie de medidas encaminadas a paliar el hambre, y de ese modo evitar que se produjeran asonadas y motines de la población.

Tal era la situación, que en 1.803 hasta el Obispo de Coria se vio en la necesidad de repartir más de 39.700 reales entre los vecinos más pobres de: Hoyos, Coria, Santa Cruz, Ahijar, Alcántara, Brozas, Membrio, San Vicente, y varias alquerías de las Hurdes.

En plena Guerra de la Independencia, el día 24 de septiembre de 1.810 tuvo lugar la primera reunión de las Cortes de Cádiz,  donde desde ese mismo momento los diputados extremeños empezaron a tener un gran protagonismo, tomando la iniciativa de los debates, unos a favor de las ideas liberales capitaneados por Muñoz-Torrero,   y otros en contra dirigidos por el absolutista Antonio Riesco.

Diego Muñoz Torrero fue el primer diputado de las Cortes que tomo la palabra para exponer la necesidad de hacer una declaración  institucional donde se incluyesen todos los poderes con que habría de contar las Cortes.

Pero Muñoz-Torrero, no solo sobresalió sobre el resto de los diputados; sino que fue una de las mentes más abiertas y pesantes que tuvieron  las Cortes de Cádiz, siendo el  presidente de la Comisión Redactora de la Constitución, y llegando incluso a presidir las propias Cortes.

Debido a la incidencia que el tema tenía para Extremadura, otro de los asuntos en cuyas discusiones tuvieron una amplia participación los diputados extremeños fue el relativo a la finalidad que se le debía dar a los bienes concejiles y a los terrenos baldíos.

Mientras los absolutistas proponían la venta de los baldíos, convencidos en la utilidad de la enajenación, para que los pueblos pudieran hacer frente a la deuda motivada por los gastos de la guerra.

 Calatrava y Muñoz-Torrero, criticaban las ventas y manifestaban los males que a su juicio habría de tener para el pueblo extremeño, ya que solo los ricos podrían acceder a la subasta, incrementando así sus ya grandes patrimonios, reforzándose de ese modo la acumulación de tierras; mientras que a los pobres en cambio se le privaba de los únicos bienes en que hasta el momento habían tenido algún disfrute.

Por lo que defendían no la venta, sino el reparto gratuito entre los labradores y cualquier vecino de los pueblos que los solicitaran y demostrasen su necesidad.

Pero el hecho más importante ocurrido en la primera mitad del Siglo XIX, y que mayor repercusión va a tener para  la Región, fueron la desamortizaciones, sobre todo la de Madoz de 1.855, por las cuales la gran mayoría de los bienes de propios y comunes de los pueblos y comunidades de vecinos, pasaron a manos privadas, agravándose aún más la situación del campesinado extremeño, que se quedó sin tierras para labrar ni baldíos donde dar de comer al ganado.

El día  5 de febrero, Pascual Madoz presentaba en las Cortes su “Proyecto de Ley de Desamortización”.

Según el mencionado proyecto, serían enajenados los patrimonios rústicos pertenecientes al clero, el estado, los ayuntamientos y los improductivos llamados  “manos muertas”, destinándose los beneficios obtenidos por su venta a nivelar los presupuestos del Estado, amortizar la deuda pública, y a financiar un vasto plan de obras públicas.

Apenas se tuvo conocimiento en la Región de dicho proyecto, comenzaron a enviarse desde los municipios e instituciones numerosas representaciones a las Cortes para exponer a los diputados  el tratamiento que según ellos, había de darse a los bienes de propios y comunes de los pueblos.

Para unos, como los representantes de: Hornachos, Medellín, Olivenza, Jaraicejo, y un largo etc., la futura ley debía de considerar exceptuados de la venta todos los bienes pertenecientes a los propios y comunes de los pueblos por ser propiedad de los vecinos y una fuente para su sustento.

Para otros pueblos como: Galisteo, Carcaboso, Riolobos, Horguera, Majadas, Montehermoso o Fregenal pedían la parcelación de las tierras concejiles en tantos trozos como vecinos labradores hubiera en el pueblo, y el reparto entre ellos.

Durante la tramitación de la Ley en las Cortes, los diputados extremeños hicieron una defensa a ultranza de los intereses de Extremadura en general y en particular de sus campesinos.

Así el diputado cacereño Godínez de Paz exponía: “Los campesinos extremeños tendrán que sufrir la ley  del propietario y la sufrirán con fuerza. Un año venderán una mula y otro un buey, hasta quedar reducidos a  la triste condición de jornalero”. Este será el resultado inmediato de la desamortización de los Bienes de Propios.

Y se preguntaba: ¿Quién vendrá a sucederles? Contestándose él mismo: “Vendrán a labrar sus antiguas tierras los absentistas- capitalistas y a pastar en ellas las grandes ganaderías trashumantes”.

Igualmente, el diputado por Badajoz,  Juan Andrés Bueno, en la sesión de las Cortes celebrada el 27 de marzo decía: “Que alguien debía ser sacrificado por las circunstancias económicas en que se encuentra el Estado y este sacrificio por lo visto le toca a Extremadura”. 

Y exponía: He recibido representaciones de 120  pueblos, y una de esas representaciones me decía: “Que la venta de dichos bienes, obligaría a todos los vecinos a emigrar  en busca de un trozo de pan”.

Estando ya a punto de finalizar los debates parlamentarios, y cuando la aprobación de la ley parecía inminente, intervino por última vez el diputado cacereño Montemar, preguntándose: ¿Pero qué va a suceder en los pueblos, si se venden los bienes de propios? ¿Quién los va a comprar? ¿Los pobres extremeños? Los pobres no, porque no se pueden presentar a las subastas, ya que nada tienen.

Y concluía diciendo: “Los diputados por Extremadura hemos cumplido con nuestro deber apoyando las reclamaciones de los pueblos, que para eso nos han nombrado sus representantes. Pero a pesar de ello, muy mal librada ha salido Extremadura una vez más, en beneficio de otros”.

A pesar de la fuerte oposición de los diputados extremeños y de la gran mayoría de los ciudadanos y entidades de la Región, el día 1 de Mayo de 1.855 se promulgaba la Ley de Desamortización. Ley por la que el Pueblo Extremeño sufría un duro revés y la pérdida de uno de sus más tradicionales medios de vida.

Se calcula, que en Extremadura se pusieron a la venta unas 34.000 fincas con una extensión de  1.300.000 hectáreas (casi el 32% de la superficie total de la Región), lo que supuso unos ingresos para las arcas del Estado de casi 1.000 millones de reales.

En la provincia de Cáceres pasaron a manos privadas algo más de 16.700 fincas rusticas de todo tipo, que suponían  más de 650.000 hectáreas. De las cuales, 395.000 pertenecían totalmente a los propios y comunes de los vecinos y 170.000 a dominio parciales de los municipios.

Las desamortizaciones que tenían que servir según Mendizábal para: “La división de las grandes propiedades para reducirlas a suertes que estén al alcance de los ciudadanos honrados y laboriosos”. Sirvieron para todo lo contrario; ya que el 36% de las tierras desamortizadas pasaron a manos de la nobleza y de la burguesía absentista y otro 38% a grandes propietarios y labradores acomodados de las ciudades y pueblos extremeños.

La Desamortización es para algunos historiadores, uno de los hecho más importante y negativo que ha sufrido Extremadura en toda su historia, porque la concentración de la propiedad en manos de unos pocos y mayormente absentistas, hipoteco su desarrollo socio-económico, estrangulando la posibilidad de un desarrollo industrial; ya que la expulsión de los labradores de las tierras enajenadas, conllevo un aumento considerable del número de jornaleros, lo que supuso unos costes sociales muy elevados: Pobreza, emigración y despoblación.

Y es que como dijo el ingeniero catalán Bayer y Bosch: “Cáceres y Badajoz en el antiguo Reino de Extremadura son las provincias donde existieron las grandes dehesas comunales cuya enajenación dio lugar a escandalosos atropellos, habiendo servido únicamente para enriquecerse unos cuantos de señoritos, que se marcharon a las capitales de provincia o a la Corte, para gastar tranquilamente sus rentas, quedando una gran masa de población en la mayor miseria”.

Ni que decir tiene que la aristocracia y la burguesía no habían comprados las fincas para su explotación, sino para agrandar su patrimonio o para especular, ya que a ellos para lo único que les interesaba la tierra era como objeto de rentas.

Así por ejemplo en Brozas compraron dos fincas, que suponían unas 2.000 hectáreas, los hermanos Torres Adalid que eran banqueros de la Coruña y con residencia en Madrid.

O la familia Arias Rodríguez, aunque oriunda de Ceclavin habían hecho un gran capital con fábricas de paño en Bejar, que compró otras 2.000 hectáreas.

La mayoría de estos propietarios, pusieron  al frente de sus posesiones a un Administrador que era quien se encargaba de arrendar las fincas, generalmente los pastos a los trashumantes y las hojas de labor a los agricultores  hacendados de los pueblos o directamente a los labradores.

La Desamortización además, trajo a Extremadura dos figuras contrapuestas, que tuvieron posteriormente una gran influencia en el desarrollo económico e historia de la Región.

Uno de ellos fue la figura del Cacique, personaje siniestro que tanto daño ha hecho a Extremadura en general y en particular al desarrollo y  a la vida social de los pueblos extremeños.

En palabras del historiador  Manuel Muñón de Lara, el Cacique era: “El ricachón del pueblo; él mismo es terrateniente o representante del terrateniente que reside en la Corte; de él depende que los obreros agrícolas de los pueblos trabajen o se mueran de hambre, que los yunteros sean expulsados de las tierras o que las puedan cultivar y que el campesino medio pueda obtener créditos. En definitiva, es el nuevo feudal, señor de vasallos”.

Y el otro personaje, fue la aparición de la figura del “Yuntero”.  Los yunteros eran labradores que poseían como instrumentos de producción una yunta (generalmente de mulas), y aunque algunos de ellos tenían una pequeña porción de tierra, la gran mayoría  carecían de ella, actuando como arrendatario.

 Su trabajo era esencial en el sistema productivo extremeño; ya que a través de las hojas de labor, labraban los pastos de las fincas en el modelo de explotación mixto ganadería-agricultura característico de nuestra Región.

Con anterioridad,  los “Yunteros” eran pequeños labradores que sembraban o bien sus pequeñas propiedades o los bienes concejiles, de propios y comunes de los pueblos.

Pero debido a la venta de estos bienes cuando la Desamortización y su adquisición por parte de los grandes propietarios absentistas, habían quedado estrangulado y abocados a la ruina, no quedándole más remedio que vender sus pequeñas parcelas a los grandes arrendatarios que vivían su momento de apogeo.

Ahora bien, su experiencia como verdaderos conocedores del terreno que trabajaban les convertía en imprescindibles para adehesar las fincas. Grandes arrendatarios y administradores recurrieron a ellos para convertir millares de hectáreas de arbolados y matorrales, en dehesas donde lo agrícola, lo ganadero y lo forestal se complementaban de manera más o menos armoniosa.

Con el  gran ejército de ellos que existía en Extremadura,  la mecanización no fue necesaria: el buen yuntero, verdadero conocedor del “uso y costumbre del buen labrador” era el profesional llamado a desbrozar e inaugurar la rotación en las dehesas. Los propietarios reticentes a invertir gran cantidad de dinero en la puesta en explotación, de esas fincas, se apoyaron en ellos inicialmente y le dieron toda clase de facilidades, aunque luego como veremos, una vez los habían utilizados, como veremos le volvieron la espalda.

En el último tercio del Siglo XIX, debido a la situación socio-económica en que vivía el mundo rural, los problemas de orden público eran una constante en el tiempo. Durante el reinado de Amadeo I de Saboya de 1870 a 1873,  continuaron dichos problemas, ya que el campesinado extremeño no olvidaba el agravio que para ellos supuso la desamortización de los propios y comunes de los pueblos, que habían sido su sostén de vida hasta entonces.

Así, los campesinos de Jerez de los Caballeros pedían se pusieran de nuevo en vigor los “Giros”, para que de ese modo los labradores del pueblo pudieran tener tierra que labrar.

Y los campesinos de Albuquerque solicitaban que sus famosos “Baldios” volvieran a la situación anterior a la desamortización, para que pudieran labrar sus tierras.

Entre los incidentes del invierno de 1.873, son de destacar los ocurridos  en localidades de la provincia de Badajoz como: Burguillos del Cerro, Feria o Medina de las Torre entre otras, en los que se produjeron asaltos e incendios y ocupaciones de fincas. Estos hechos, fue utilizado por la prensa conservadora para desprestigiar a la masa campesina.

Proclamada la I República Española, también sus Gobernantes intentaron  solucionar el problema de la tierra,  planteando la total revisión de los vigentes derechos de propiedad, emanados de las leyes desamortizadoras.

Pi y Margall  propuso a las Cortes que para abordar el problema: “No era preciso cambiar en beneficio de las clases jornaleras la forma de venta de los bienes nacionales, sino que era preciso modificar la legislación desamortizadora, y que en adelante las enajenaciones, se harían no por venta, sino por el censo de agricultores, ayudando a los jornaleros para ir pagando en pequeñas partes, afín de que fueran propietarios de sus tierras en pleno dominio”.

El proyecto significaba una dura crítica a la política desamortizadora anterior, y aunque tenían conciencia de la necesidad de una Reforma Agraria, y se intentó abordarla, la corta vida republicana no permitió llevar a cabo más que pequeñas modificaciones, que no consiguieron alterar la realidad de la propiedad agrícola, ni atenuar las fuertes agitaciones en el campo por el problema de la tierra.

Y es que la situación que se vivía en algunas regiones como Extremadura, no se solucionaban con pequeñas modificaciones, ya que requerían unas reformas profundas, si de verdad se quería modificar la estructura de la propiedad agraria existente, ya que por ejemplo los mayores propietarios de Extremadura en 1.875 eran:

• El Duque de Fernán Gómez
• Marque de Perales
• Conde de Torrearías
• Márquez de Mirabel
• Duque de Medinaceli
• Duque de Abrantes
• Duque de Alba
• Conde de Adanero
• Márquez de Monroy
• Duque de Osuna

Todos ellos asentistas y terratenientes propietarios de varias fincas por toda la geografía extremeña.

En el transito del  siglo XIX al XX, la sociedad extremeña seguía siendo dual, formada casi exclusivamente por dos clases: la burguesía formada por la oligarquía y terratenientes, y la clase baja formada por los yunteros y jornaleros.

Mientras los primeros poseían la mayor parte de la tierra y ostentaban los cargos públicos.

Los segundos eran una masa sin tierra que vivían en ínfimas condiciones de vida  sometido a los abusos de la clase alta, lo que  conllevaba una sociedad injusta, desigual y discriminatoria. Sirva como ejemplo que de los 44.134 propietarios que había en la provincia de Cáceres, 729 es decir el 1,6% poseían el 57,8 % del total de la tierra.

Antes la creciente conflictividad  generada por dichas desigualdades sociales.  En 1.890 las Cortes aprobaron la creación de la “Comisión de Reformas Sociales” para conocer el alcance real del problema agrario en Extremadura y  Andalucía.

En 1.892 dicha comisión realizo un “Informe sobre el Campo Cacereño” en el que entre otras cosas decía: “La mayor parte de la propiedad en esta provincia está en pocas manos. Existen además un número de pequeños propietarios; pero la suma de sus propiedades no supera el 15% del total de la provincia”.

Y criticaba de forma muy dura la Desamortización: “La desamortización no ha dado el resultado que de ella se esperaba, entre ellos la formación de pequeños propietarios, debido a la manera en que se han vendido las fincas, ya que no estaban ni siquiera al alcance de aquellos que contaban con medianos recursos”. 

Por otro lado, aunque el movimiento obrero se había iniciado en Extremadura en la segunda mitad del XIX, ante la situación que vivía el campesinado extremeño, al final del siglo, la lucha obrera se convirtió en una constante.

El 1º de mayo de 1.898 hubo una gran movilización de mujeres en Badajoz   para protestar por el alto precio del pan.

Al día siguiente el periodico “La Región Extremeña” informaba en sus páginas: “Un gran número de mujeres se dirigieron al Gobierno Civil para pedir  al Gobernador se rebajase el precio del pan. Como no salieron satisfechas  de la entrevista, se dirigieron  a la Puerta de Palma cerrando la entrada y gritando “El pan a real”, hasta que fueron disueltas por la Guardia Civil”.

Dos años después surgió en el campo extremeño una asociación llamada la “Germinal Obrera” que desempeño una gran actividad reivindicativa. En aquel verano movilizo a miles de campesinos en defensa de mejores salarios, celebrándose un congreso agrario en Torre de Miguel Sesmero, que fue duramente reprimido,  siendo disuelta  la Asociación y sus dirigentes encarcelados.

Pero en 1.901,  a pesar de estar disuelta, dicha  Asociación propuso para el 21 de mayo una Huelga que se vio apoyada por otras asociaciones locales como las de: Alconchel, La Albuera, Olivenza y Alburquerque.

 La mediación del Gobernador Civil puso fin al primer conflicto agrícola del siglo XX en Extremadura, que finalizó con el logro de buena parte de los planteamientos de los campesinos y la consolidación del asociacionismo obrero.

A la situación estructural de la propiedad de la tierra, hay que añadir la climatología y las invasiones de las langostas, que tuvieron lugar a principio del Siglo, y que afectaron duramente a los pequeños propietarios y a los yunteros.

Los grandes propietarios aunque vieron reducido su nivel de rentas, sus medios económicos le ayudaban a salir sin problema de estas situaciones e incluso algunos acrecentaban su poder económico al aprovecharse como prestamistas de las dificultades de los modestos agricultores.

Muchos de los cuales cayeron en mano de los usureros al no poder hacer frente a las deudas, lo que conllevo que muchos perdieran su pequeño patrimonio, pasando a convertirse en jornaleros, aumentando el número de esa capa social, lo que supuso un agravamiento de su ya crítica situación, pues conllevo para todos ellos un número menor días de trabajo  durante del año y salarios más bajos.

         En diciembre de 1905 Jose González de Castro escribía en la Revista Alcántara: “El año que va a finalizar ha sido horroroso en Extremadura. La falta de cosechas, la baja de ganados, la carestía de los artículos de primera necesidad (a 20 ptas. esta actualmente el aceite y en ese proporción todos los demás artículos), unido a otros hechos de menor importancia han asumido al proletariado agrario en situación, por demás precaria”.

Sin embargo a pesar de esta situación, Extremadura no recibiría ayuda del Gobierno, según Castro porque: “Extremadura no se hacía oír, sufría en silencio el hambre con resignación musulmana, sin protestas ni griterío, ya que los extremeños nunca daban quebradero de cabeza a los gobiernos, pues son mansos y pacíficos, y como nadie se queja, la inexpresión del dolor enmascara el mal”.

En 1.910 de nuevo la “Comisión de Reformas Sociales” elaboro un  Informe sobre la situación de Extremadura.  Según dicho informe, en la provincia de Cáceres había 40.000 jornaleros, el 13% de su población, siendo el salario medio de un jornalero 4 reales, pudiendo llegar a las 2 pesetas en la época de la siega y del esquileo, y puntualizaba: “Jornal insuficiente para poder mantener  una familia”; ya que solo en pan gastaba la mitad de su salario.

Como los jornales del padre difícilmente le permitían aún en años normales, atender las necesidades básicas de la familia, se hacía necesario el esfuerzo laboral de todos los miembros de la casa. Por ello, la asistencia a la escuela de los hijos de los jornaleros, era un lujo que no estaba a su alcance.

Pues no hay que olvidar, que las labores propias de un bracero durante el año eran: El esquileo en abril; la siega de los cereales y recolección hasta agosto; en octubre la sementera y después la montanera. En el mejor de los caso  entre unos 160 y 170 días al año, el resto  generalmente estaba parado.

Tal era la situación crítica en la que vivía el campesinado, que la Iglesia Extremeña  siguiendo las directrices del Papa León XIII comenzó a intervenir en la cuestión social agraria, creando   los Sindicatos  Católicos Agrícolas, los cuáles a través de la cooperación y el mutualismo perseguían conseguir arrendamientos colectivos  para sus afiliados, y  prestamos mancomunados al objeto de sacar a los campesinos de las garras de los usureros.

A pesar de los esfuerzos realizados y del éxito de algunas experiencias aisladas, el resultado final no fue satisfactorio, pues la propia Iglesia se encontró con la oposición de la oligarquía agraria extremeña detentadora del poder económico-social en el campo extremeño, que fieles a su tradicional egoísmo no apoyaron dichos sindicatos.

Por otra parte,  el Socialismo también comenzó a tomar conciencia de la difícil situación del campo extremeño. En 1.910 su líder, Pablo Iglesias visito Extremadura al objeto de potenciar  las Sociedades Agrarias y Obreras, ya que hasta ese momento solo había en la provincia de Cáceres por ejemplo, una sociedad obrera del campo de clara orientación socialista, pero con una gran experiencia, era: “El Progreso Agrícola” de Plasencia que para solucionar la crisis de trabajo en el campo que sufría la Ciudad, había conseguido que el Ayuntamiento le concediese para su explotación la dehesa municipal Valcorchero.

Por otro lado, el declive que sufrió España como Nación motivado por el desastre de 1.898, conllevo el mayor movimiento regionalista habido hasta entonces en la Historia de España, movimiento que supero a los registrados como consecuencia de las anulaciones de los derechos de Autogobierno adquiridos por las regiones durante la Primera República.

Extremadura no quedo aislada de aquel efervescente movimiento, y enlazando el mismo con el surgido en el sexenio democrático, a través de algunos intelectuales se fue formando un discurso de una Extremadura abandonada por los poderes públicos centralistas.

Sin embargo, el mayor impulso del regionalismo extremeño se produciría en los años de la crisis de la monarquía de Alfonso XIII, así el 21 de diciembre de 1917 se reunieron en Badajoz convocados por dos figuras notables de la intelectualidad pacense como eran: Regino de Miguel y Ricardo Carapeto, diversos miembros de la clase media: comerciantes, industriales, profesores y profesionales liberales con el objeto de estudiar ante la inminencia de los cambios anunciados, la mejor manera de defender los intereses de Extremadura, constituyendo a tal fin la “Unión Regional Extremeña”.

Pero en el programa de actuación de la mencionada Unión no figuraba propuesta alguna para solucionar la situación de la propiedad de la tierra, que era para la mayoría de los expertos económicos y sociales el mayor problema que tenía Extremadura para salid del subdesarrollo y de la miseria.

Frente al inmovilismo de la Clase Media e Intelectual Extremeña, un grupo de jóvenes de la comarca de Alcántara, constituían un grupo en defensa de lo que hoy llamaríamos “Regionalismo Social”, que propugnaba entre otras cosas, una reforma Agraria, que cambiara la estructura de la propiedad, una industrialización tomando como base la producción agrícola y ganadera y una modificación de las elecciones a representantes a Cortes, ya que consideraban que muchos de los males que padecían Extremadura se debía a que su representantes, ni eran extremeños, ni Vivian en Extremadura, ya que la mayoría de ellos su único lazo de unión con la Región eran las grandes propiedades que tenían en Extremadura.

A pesar del ferviente  regionalismo que se vivía en aquel momento en Extremadura, solo el médico de Salorino, Antonio Elviro Berdeguer, que por su profesión conocía con gran profundidad la situación de pobreza y miseria en que vivía el pueblo extremeño salto a la arena política.

En las elecciones a Cortes de 1.918 se presentó por el Distrito de Alcántara frente al candidato conservador y amigo personal del Rey Alfonso XIII, Antonio Garay Vitorica, financiero madrileño, industrial vasco, y uno de los mayores terratenientes de Extremadura.

Aunque fue derrotado, consiguió un notable apoyo de los ciudadanos, a pesar  de la compra de votos por parte de Garay, así como el adelanto del cierre de los colegios electorales y pucherazo por parte de los caciques locales en algunos pueblos.

A pesar de la derrota electoral, él inasequible al desaliento siguió luchando por sus ideales. En 1919 en una conferencia que dio en Valencia de Alcántara  atribuyo a los contratos de arrendamientos  ser los causante de la crisis agraria, y realizo un duro ataque al latifundio, proponiendo la creación de una cedula especial al absentismo. Y para solucionar el problema definitivamente pidió la expropiación de los grandes latifundios por utilidad pública y por patriotismo.

En 1.920 con el objetivo de divulgar sus planteamientos, público el Manifiesto “Extremadura para los extremeños” en el cual analizaba las causas que motivaban el atraso que vivía Extremadura y a sus responsables, así como  las soluciones que se debían adoptar, entre las cuales proponía: la devolución de los terrenos de propios y comunes que les fueron  arrebatados a los Pueblos con la Desamortización; una Reforma Agraria integrar que además del reparto de tierra entre yunteros y jornaleros, debía desarrollar entre otras cosas: escuelas de formación y capacitación agrícola, la construcción de pequeñas presas de regadíos, una red de carreteras  para poder sacar los productos agrícolas, y una Caja de Crédito Agrícola, para la concesión de pequeños préstamos a los campesinos y de ese modo eliminar a los usureros.

Tambien el Movimiento Sindical reinvidicaba una política social en el campo extremeño. En 1.919 se celebró en Cáceres un Congreso de las Sociedades Obreras de la provincia, al objeto de constituir la Federación Provincial.

En el programa de Acción Sindical, ocupo un lugar preferente el problema del campo. El programa de Acción Agraria aprobado comprendía una serie de puntos que resumían las aspiraciones del proletariado del campo, siendo entre otros los siguientes:

*Fijación de un salario mínimo en metálico y semanal.

*Establecimiento de una jornada máxima.

*Prohibición del trabajo a las mujeres y niños en la siega.

*Igualdad de salarios entre ambos sexos.

*Los arrendamientos no cesaran por cambio de dueño y no serán de menos de 6 años.

*Participación del dueño de la finca en los daños fortuitos sufridos por el arrendatario.

*Declaración de inembargables para los útiles del trabajo agrícola.

*Expropiación de la tierra no cultivada.

*Distribución de los terrenos abandonados a organizaciones obreras agrícolas.

*Abolición de los impuestos indirectos y establecimiento de uno sobre la renta de la tierra.

Tan crítica era la situación en que vivía el campesinado extremeño, que hasta la conservadora Iglesia Católica tuvo que cambiar sus postulados.

Mientras a principio del siglo, solo  proponía crear Sindicatos Agrícolas y Caja Populares para hacer arrendamientos colectivos y  para impedir la usura, sin entrar a cuestionar la propiedad de la tierra.

 En 1.921, León Leal que era el máximo representante del Catolicismo Social en Extremadura, en una conferencia que pronunció en el Ateneo de Madrid, revelo su desanimo después de llevar veinte años luchando por solucionar los problemas del campo ya que había llegado a la conclusión: “Que la simple creación  de sindicatos agrícolas no resolvía el problema; ya que los propietarios no querían ni siquiera arrendar sus tierras a estos sindicatos, a pesar de estar creados por el movimiento católico”.

Y reconocía, que el verdadero motivo de la miseria de Extremadura se debía al latifundio y al absentismo, ya que la mayor parte de las tierras eran cultivadas mediante arrendamientos por subasta, lo que suponía continuas subidas para los labradores. Por lo que consideraba: “Que se imponían unas hondas reformas en el régimen de la propiedad, ya que muchos de los males de Extremadura tenían como causa la concentración de la propiedad en pocas manos; así como la existencia de enormes masas de gente trabajadora sin propiedad alguna”.

A pesar de tantos inconvenientes,  la agricultura extremeña conoció durante las  primeras décadas del siglo XX  una expansión de las tierras cultivadas, llegándose casi a los dos millones de hectáreas,  en la que el yuntero fue el gran protagonista, llegando a tener el propietario una gran estima hacia él, ya que eran los mejores para el desbroce de las dehesas, a la vez  que lo consideraba un buen labrador que dominaba las técnicas de producción; y es que los yunteros además se esmeraban en sus labores, con el objetivo de no perder el patronazgo de los propietarios.

El cenit de dicha expansión llego con la Gran Guerra, a la España neutral  se le demandaba trigo, cebada, aceite y carnes, y todo a elevados precios, lo que conllevo un alza en el valor de las fincas y de las rentas de estas. En Brozas por ejemplo la finca El Galaperal que en 1900 valía su arrendamiento 17,5 pts. la fanega, paso a valer 45 pts. en 1920.

A pesar de los altos precios que alcanzo la tierra y de las condiciones de los arrendamientos, con la célebre cláusula de “a riego y ventura”. Muchos jornaleros vieron la oportunidad de alcanzar un peldaño en la escala social y se convirtieron en yunteros, para lo cual gran cantidad de estos no tuvieron más remedio que caer en las manos de los usureros sin escrúpulos, que le prestaron el dinero que necesitaban a un alto interés, llegando incluso al 30% anual, con lo cual una vez más los campesinos eran en los que menos revirtió el aumento de la renta agraria, pues los más beneficiado de dicho aumento fueron los dueños de la tierra y los usureros.

Una vez terminada la Guerra y los países intervinientes en el conflicto comenzaron a cultivar sus tierras que habían abandonado durante la contienda, la demanda de cereales disminuyo notablemente y el precio experimento una gran caída, lo que en el caso de Extremadura conllevo la disminución de la agricultura y la vuelta de gran número de hojas de labor a tierras de pastos para la explotación ganadera por parte de los terratenientes, ya que la ganadería necesitaba menos mano de obra y gastos de explotación y consecuentemente les era más rentable que la agricultura.

Como consecuencia de esa disminución de la agricultura, se produjo un excedente de yunteros, y lo que es peor la ruina de un gran número de ellos, ya que mientras la cantidad de tierras para labrar había disminuido notablemente, los precios siguieron en el mismo valor que habían alcanzado en los años de la gran demanda, y como los arrendamientos eran mediante subastas, se produjo una lucha entre los propios yunteros para hacerse con las pocas tierras que salían para labrar.

Muchos de aquellos jornaleros que se habían endeudado a través de los préstamos de los usureros para convertirse en yunteros, no solo se arruinaron y debieron vender la yunta y los aperos, volviendo a su situación primitiva de Jornaleros, e incluso algunos en peor situación, ya que les embargaron los pocos enseres que tenían, incluso sus casas, con lo cual quedaron en la más absoluta indigencia.

En 1925 el dirigente socialista, Manuel Cordero visito la Región para conocer la realidad que estaba viviendo el campesinado extremeño después de la disminución de las tierras para labrar, manifestando: “Estamos recorriendo una de las regiones más ricas de España: Extremadura. Y siendo parte de su suelo de una capacidad productiva extraordinaria, el pueblo vive miserablemente. ¿Por qué?. Porque así lo disponen los dueños de la tierra, muchos de ellos ni siquiera conocen donde están sus propiedades. Y es que la propiedad extremeña está concentrada en pocas manos, pudiéndose decir, que aunque legalmente se abolió el feudalismo, aquí subsiste prácticamente”.

También el periodista de EL SOL, Luis Bello expreso su testimonio de cuál era la situación con motivo de la visita que hizo a Brozas en 1.926: “Entramos por la plaza mayor, de tipo castellano, ancha para correr toros. Si llegamos muy de mañana, estarán allí los braceros, en grupo. Es la feria de todos los días. A esa hora vendrá-¡o no vendrá!- el capataz del terrateniente: ¡Tantos hombres necesito hoy! ¡A tanto pago!. Y los demás  a holgar a entretener el hambre, pues en estas Villas Históricas abundan las familias de jornaleros sin jornal, que no comen caliente más de treinta días al año”.

Como consecuencia de la situación en que vivía el campesinado extremeño,  esos años tuvo lugar un incremento del asociacionismo y sindicalismo agrario, motivado por los altos niveles de conflictividad social.

Las huelgas por parte de los campesinos, los escasos salarios, las altas rentas, y la carestía de los bienes de primera necesidad eran muy frecuentes.

La intervención de la Guardia Civil e incluso del Ejército para acallar las revueltas se saldaban frecuentemente con resultados de violencia y sangre. Los motines de subsistencia y las manifestaciones y alborotos populares por las calles de las poblaciones por la escasez y el alto precio de los alimentos, y la especulación fueron especialmente importantes en esa década.

Y todo ello a pesar de que Primo de Rivera durante su Dictadura también intento realizar una pequeña Reforma Agraria, aunque más por motivos políticos que sociales, ya que para él las huelgas que se habían producido en España con anterioridad a su llegada al poder, venían motivadas por el clima de inestabilidad que recorría Europa con motivo de la Revolución Rusa de 1917.

Solo unos días después de tomar el poder declaro: “Mi revolución llega a tiempo para prevenir en España otra revolución de tipo soviético”.

Su idea era crear por medio de pequeñas reformas, pequeños y medianos propietarios agrarios que actuaran de dique contra el socialismo. Pero choco con los intereses de los Grandes Propietarios, que se opusieron a cualquier intento que mejorara las condiciones de vida de los campesinos, a pesar de que estos eran los más perjudicados por la inflación y los impuestos que gravaban los bienes de consumo.

En 1926, el Ministro de Trabajo y Comercio, Eduardo Aunós presento al Consejo de Ministros un proyecto sobre el Régimen de la Propiedad y la Inscripción en un Registro de los Contratos de Arrendamiento.

 En la exposición de motivos se decía: “La solución fundamental del problema agrario estriba en lograr que el trabajador agrícola no pueda contra su voluntad ser separado del predio en que trabaja, y tal fin puede lograrse facilitando la adquisición de la tierra por sus cultivadores y regulando el régimen de arrendamientos”.

Pero a través de la Asociación de Propietarios Agrarios recurrieron el decreto bajo el argumento, de que lo que se debía de tratar era de crear muchos agricultores, “no muchos propietarios” y manifestaban que las amenazas a la propiedad con procedimientos de expropiación, corría el peligro de la fuga de capitales hacia valores públicos o industriales, lo que conllevaría la depreciación de las fincas; pero es más se oponían a cualquier intento de reforma: “Una restricción, por pequeña que sea, en los derechos que hoy tiene el arrendador, puede motivar una alarma en los propietarios.

La resistencia de los propietarios a inscribir los contratos de arrendamiento, motivo un Decreto de Hacienda por el que se imponía un recargo del 20% en la Contribución Territorial, pero lo único que conllevo es que los propietarios hiciesen menos contratos.

Años más tardes Primo de Rivera escribiría sobre su fracasado intento de Reforma: “Acometí la redacción de tres Reales decretos... uno creando el Registro de Arrendamientos de Fincas Rústicas; otro contra la ocultación de la  riqueza territorial, y el tercero, estableciendo el Libro de Ventas. El primero y el tercero se implantaron totalmente; el segundo no.  Yo contaba con una seria oposición, pero no en el grado con que se desató.

Algunos de mis colaboradores me lo anunciaron: “No se meta usted con los terratenientes, porque está usted perdido. No creía el augurio, pero resultó exacto”.

El año 1.930 fue crítico en Extremadura, a la devaluación de la peseta se unió la falta de compradores para el trigo, lo que motivo una reunión de los alcaldes de la provincia en Cáceres a la búsqueda de una solución global al problema.

Proponiendo que los propietarios cobraran la renta en especie al objeto de evitar la quiebra total de los yunteros y que se negociara la venta del grano excedente extremeño a Portugal.

En Olivenza, incluso en la época de la recolección 600 jornaleros no tenían trabajo, y en Campanario el problema era aun mayor pues el número de parados llegaba a los 1.000. Un periódico local de la época decía: “Muchos jornaleros que llevan meses que no trabajan tienen que darse unas largas caminatas para traer una carga de leña sobre sus hombros, que se les paga a 1,25 cuando el jornal está a 10 pesetas.

Pero el paro no era exclusivo de Olivenza y Campanario, ya que se extendía por toda la Región, comenzando a ser alarmante al llegar el invierno, lo que motivo en muchos pueblos una gran conflictividad   política-social. Y es que el campo extremeño comenzaba a despertar políticamente, como preludio del 14 de abril del 31.

Como en toda España, el advenimiento de la II República se vivió en Extremadura con emoción y alegría popular, pero también con serenidad y sin ningún tipo de exceso por parte de la población.

Desde el primer momento, en la gran masa social que componía el proletariado agrario, surgieron grandes expectativas y esperanza de cambio, y un extraordinario deseo de una reforma radical que modificara en profundidad la estructura agraria y el sistema de producción existente en Extremadura.

Los yunteros esperaban de la Republica, el principio del fin de su angustiosa situación, por ello enseguida pusieron encima de la mesa al nuevo Gobierno la falta de tierras y la cuestión de los arrendamientos: su elevado precio, su duración, su inseguridad jurídica, etc...

Aunque el Gobierno Provisional era conocedor de la necesidad de una Reforma Agraria en profundidad, y  nació con el compromiso prioritario de resolver el problema agrario, quiso que la misma fuera debatida profundamente en las Cortes, pues desde el primer momento la burguesía agraria y sus partidos, desataron una campaña contra la reforma, sosteniendo que era un problema ficticio que habían creado los partidos de izquierda para atraerse a las masas campesinas.

Pero como la situación en el campo era tan crítica, no había trascurrido un mes de su constitución y empezó a adoptar medidas que lograron mejorar las condiciones laborales, tales como aumentar los salarios fijando uno mínimo diario, establecer la jornada laboral de ocho horas, bajar los precios de los arrendamientos y revisar los contratos de aparcería.

Las primeras disposiciones de la República fueron la promulgación de decretos que modificaron sustancialmente la vida rural.  El Decreto de Términos Municipales de abril de 1931, que obligaba a los propietarios a la contratación de personal del pueblo antes que a los foráneos y que tuvo especial incidencia en Extremadura por la cercana presencia de portugueses; el Decreto de Laboreo Forzoso de mayo de 1931 -con obligación de realizar labores de escardado, desbroce, arado anual, abonado de tierras y tareas que ofrecían jornadas de trabajo para los campesinos-, el Decreto referido a los Accidentes de Trabajo en la Agricultura, y el Decreto-ley de creación y funcionamiento de las Cooperativas, ya que la Republica daba una gran importancia a las mismas.

Todas estas normas tenían una gran carga social auspiciada por Largo Caballero y Fernando de los Ríos, ministros socialistas de Trabajo y Justicia.

 Los jurados mixtos ponían en el mismo nivel a los jornaleros y yunteros que a los grandes propietarios, y el seguro de accidente los igualaba a los obreros de la industria. Normas que aunque supusieron una revolución sin precedente en el agro español, no afectaban para nada al gran problema de la propiedad de la tierra, ni constituían en si una reforma agraria.

Por otro lado, el Mº de la Gobernación solicitaba a los alcaldes que enviaran a la Comisión Técnica creada para elaborar el Proyecto de Ley de la Reforma Agraria, datos, informes y reclamaciones que tuvieran sobre los bienes comunales, de propio y realengo, con el objetivo de conocer que tierras habían pertenecido  a los vecinos y cantidad que eran susceptible de ser expropiadas.

Aunque hasta el momento las medidas tomadas por el Gobierno no afectaba a la propiedad de la tierra.

 La Asociación de Propietarios de Fincas Rusticas de Extremadura salía en defensa de la dehesa, como modelo de explotación, argumentando la escasa fertilidad y profundidad del suelo en Extremadura, por lo que para ser rentable era necesario el modelo tradicional agro ganadero y de grandes extensiones, y aunque manifestaban su deseo de colabora con el Gobierno y  contribuir a que disminuyeran los conflictos entre los yunteros y los dueños de las fincas, exigían libertad para el empleo de máquinas agrícolas, el respeto a la propiedad individuar, libertar en el modo de explotar sus tierras, y en la forma de contratar a los trabajadores.

Mientras todo esto sucedía,  la Comisión Técnica estudiaba el proyecto de reforma, cuyos puntos esenciales eran: ¿qué tierra se tomaban? ¿a quién se daban? y ¿cómo se daban?.

Para hacer el censo se creó un Inventario de Fincas Expropiables, y se abrió un plazo para que sus titulares pudieran “defenderse” presentando las reclamaciones que creyesen oportunas. Dicho inventario se convirtió posteriormente en el Registro de Fincas Expropiables.

En cuanto a quien se adjudicaban las tierras,  por principios economicistas y de aprovechamiento, la tierra seria dada a los pequeños labradores y a los yunteros, ya que tanto unos como otros conocían perfectamente la técnica del laboreo y ya tenían los medios y útiles necesarios para ponerlas a producir.

Y en lo que se refiere a como se daban, no había consenso en el Gobierno, ya que mientras los centristas querían crear una pequeña burguesía con una pequeña propiedad, los socialistas propugnaban la colectivización  a través de las sociedades campesinas y  del cooperativismo.

Presentado el proyecto de Ley elaborado por la Comisión Técnica al Gobierno, para su posterior debate y aprobación en las Cortes. De nuevo los propietarios extremeños por medio de diversas instancias, comenzaron a demostrar su desacuerdo con alguno de los puntos que se recogían; así la Cámara Agraria Provincial de Cáceres, manifestaba que se había realizado urgentemente y con poca información, y decía que era gravemente perjudicial para la producción agrícola y ganadera, ya que las grandes fincas eran las únicas que podían ser rentables en Extremadura, y que el laboreo y siembra de las hojas era posible, si se compatibilizaba con la ganadería. Con estas apreciaciones empezaban su campaña de boicot a la pretendida reforma agraria, la defensa de sus patrimonios, modos de explotación y su posición económica, pues proponían eliminar del proyecto todas las fincas cualquiera que fuera su extensión de encinares, alcornocales y pastos, haciendo solo los asentamiento en aquellas que los dueños voluntariamente quisieran ofrecer y pagándolas al precio del mercado, admitiendo que se dedicaran a los asentamientos las pertenecientes al Estado, diputaciones y municipios, pero no los antiguos bienes de propios y comunes.

Atacado el proyecto de reforma, no solo por los propietarios de las fincas, sino también desde diversos grupos políticos, este fue abandonado, encargándose el Presidente, Alcalá Zamora de la elaboración de un nuevo proyecto que presento a las Cortes el 25 de agosto del 31, proyecto que fue modificado sensiblemente por la comisión parlamentaria, lo que dio lugar, junto con otros motivos a su dimisión irrevocable en el mes de octubre.

Mientras que los diputados discutían lentamente proyecto tras proyecto, los campesinos extremeños se debatían con los problemas derivados del paro forzoso y los bajos salarios. Terminada la recolección y el ciclo agrícola, algunos yunteros fueron expulsados por los dueños bajo el pretexto de dedicar las tierras a pastos.

El Gobierno reacciono, obligando a los propietarios a roturar y sembrar las tierras cuando en el término municipal hubiera obreros en paro. Pese a las adopción de dicha medida, el final del 31 y  comienzo del 32 fue de gran conflictividad en el campo extremeño, la eclosión tan fuerte de los yunteros se debió a que querían que el Gobierno les diera una respuesta a su situación; ya que ellos decían no aspiraban a poseer la tierra, pero si al menos poderla trabajar.

El día primero de enero en el pueblo de Feria hubo un gran disturbio, resultando muerto un campesino y heridos varios Guardias Civiles, y a los pocos días en Plasencia sucedía la mismo al invadir algunas dehesas afiliados a la Federación de Trabajadores de la Tierra y ser desalojados a tiros.

EXTREMADURA en ese momento se convierte en el epicentro de la Reforma Agraria de España, y los medios de comunicación tanto de carácter nacional, como extranjeros, empiezan hacerse eco de todo lo que allí sucede respecto a la misma.

Pero fueron los sucesos de Castiblanco los más graves de todos los sucedidos en la Región. El día 30 de enero una manifestación de más de 300 vecinos recorrió el pueblo apoyando la huelga general del día siguiente, ese día el pueblo amaneció tomado por las fuerza del orden, no se sabe cómo comenzó todo, pero el resultado fue dos campesinos muertos y varios heridos, y cuatro números de la guardia civil brutalmente linchados hasta su fallecimiento.

El suceso recorrió y conmociono a toda España, para el diputado radical por Badajoz, Diego Hidalgo se trató de unos “hechos bárbaros, sangrientos y de verdadero asesinato”, ocasionados por los miembros cerriles de las organizaciones obreras.

El diputado, Hidalgo hablo de cerrilismo de las organizaciones obreras, pero no menos cerriles era la actitud de los grandes propietarios, ya que desde el primer momento se opusieron frontalmente a las medidas que tomaba el Gobierno manifestada en: su negativa en dar trabajo a los jornaleros y a la subida de los jornales, su rechazo a efectuar la siembra y el barbecho, la expulsión de un gran número de yunteros de sus tierras, la bajada de los arrendamiento, etc.

En marzo, el Ministro de Agricultura, Marcelino Domingo presento un nuevo Proyecto de Reforma Agraria, más moderado que los anteriores, pero el levantamiento militar fracasado del General Sanjurjo el 10 de agosto produjo un cambio en el ritmo de elaboración y contenido de la Ley, pues los partidos republicano y el socialista se radicalizaron, al comprobar por el golpe como la oligarquía agraria no admitía reforma alguna en el campo español, aunque esta fuera moderada.

Por fin el 9 de septiembre del 32 veía la luz la Ley de Base de la Reforma Agraria, que para el caso de los señoríos alcanzaba a todo el territorio nacional, y se empezaría a aplicar en Andalucía, Extremadura, Toledo, Albacete y Salamanca, creándose el Instituto para la Reforma Agraria (IRA) que sería el órgano ejecutor y al que se le dotaba inicialmente con 50 millones de pts. Cantidad ridícula para alcanzar los objetivos que pretendía.

En cuanto a las tierras afectadas eran principalmente: la de la grandeza y los señoríos, las del Estado y corporaciones públicas, las compradas para especular, las mal cultivadas, las sistemáticamente arrendadas, no pudiendo tener nadie en un solo municipio más de 350 has.  de barbecho, y 400 en tierra de pasto y labor.

Las tierras de la grandeza y señorío eran expropiadas sin indemnización, pagándoles solo las mejoras que hubieran introducido en ellas, y el resto se le indemnizaban una parte en metálico, y el resto en deuda pública.

 En cuanto a los asentamientos, serían para: los obreros y yunteros sin tierra, sociedades de campesinos y cooperativas, pequeños agricultores y arrendatarios con menos de 10 has.

En lo que se refiere a la cantidad de fincas y superficie afectada en Extremadura, según el Registro fueron algo más de 5.000  propietarios, de los cuales la mitad eran terratenientes.

Y en cuanto al número de fincas expropiadas alcanzaba las 30.500,  de las que 2.287 eran grandes fincas, y otras 2.104 tenían más de 250 has.

Específicamente en la provincia de Badajoz afectaba en un principio a 789.868 has, el 36,7% de toda la tierra útil provincial.

Aprobada la Ley, ahora solo quedaba ver si la misma era aplicada con energía por el Gobierno, ya que su puesta en marcha  era lo único que podía calmar, en alguna medida los ánimos semirevolucionario del campesinado extremeño.

Durante el otoño, la crisis en el proletariado campesino se fue agudizando, los jornaleros pasada la recolección no encontraban trabajo, y las tiendas de comestibles al carecer de capital no les podían fiar.

Por otro lado los yunteros y pequeños labradores no podían sembrar al carecer de simientes unos,  y otros porque a partir de septiembre habían sido expulsados de las dehesas que venían cultivando, por unos propietarios que para boicotear la reforma dejaban las hojas de labor para pastos.

En estas circunstancias, unidos los yunteros y jornaleros, iban a dar al movimiento campesino una fuerza y un carácter revolucionario que no había tenido hasta entonces, con invasiones masivas de fincas y su posterior roturación.

Esa radicalización de los campesinos fue asumida por la Federación Provincial de la UGT de Cáceres, que en aquel momento contaba con 48.000 afiliados a la Federación de Trabajadores de la Tierra.

 Aunque algunos de sus miembros seguían confiando en la reforma para acabar con el problema del hambre, comenzaron a surgir voces que: desconfiaban en la capacidad de la “Republica Burguesa” para realizar el ideal de justicia social propugnado por los socialistas. La más autorizada de ella, era la de Felipe Granado, presidente de la Federación Provincial Obrera.

Para el dirigente socialista el grito de los “esclavizados labriegos de la gleba” pidiendo tierras, no tenía contestación adecuada en la pretendida reforma agraria de los burgueses constituyentes.

 De continuar las dilaciones en aplicación de la reforma, era de esperar que los campesinos perdiera la fe en el procedimiento republicano, haciendo de un solo golpe lo que, por sucesivas etapas paulatinas, hubieran hecho esos que no supieron plasmar el movimiento revolucionario que vive el campo español”. Revista “Unión y Trabajo” de 31 de diciembre del 32.

Ante la primera oleada de ocupaciones de tierra en septiembre del 32, cuando los propietarios se negaron a renovar los contratos a los yunteros, el Gobierno reacciono con el decreto de Intensificación de Cultivos, que aunque reconocía  a los propietarios el derecho a decidir el destino que daba a sus fincas, incluida la ganadería, deberían posibilitar a los yunteros tierra hasta la cosecha del 34, momento en que deberían abandonarlas y pagar la renta correspondiente, pero ello no evito que el movimiento resurgiese en enero/33, lo que obligó al Gobierno a reconocer el hecho de las ocupaciones revistiéndola con fuerza jurídica.

La lentitud con la que se iba acometiendo la reforma estaba siendo fuente de grandes problemas para la Republica. A la propia complejidad de la Ley, se unía la lentitud burocrática en su aplicación, los altos coste de las expropiaciones, los bajos presupuestos, la resistencia de los propietarios y los conflictos sociales.

A comienzo del 33, un gran número de dehesas fueron invadidas y roturadas por los yunteros, en su opinión se trataba de roturar las fincas sin destruir los pastos para la ganadería, según lo estipulado en el decreto de “Laboreo Forzoso”.

Ante las ocupaciones de fincas, de nuevo Felipe Granado el 24/1/33 en la Revista “Unión y Trabajo” justificaba el hecho, no como una violación de la legalidad republicana, si no como una forma de simplificar las dilaciones burocráticas, diciendo que gracias a las roturaciones de tierra (cuya fecha debería ser conmemorada en un movimiento) habrá pan en España.

Tal fue el número de fincas invadidas y roturadas que el Gobierno, aunque había comenzado ya la selección para los asentamientos, se vio obligado a reconocer muchas de estas ocupaciones, considerándolas efectuadas al amparo del decreto de intensificación de cultivos.

Para hacer efectiva  la Reforma en Extremadura,  se creó un nuevo cargo inexistente hasta el momento: Gobernador General de Extremadura, al que se  le autorizaba realizar asentamientos por iniciativa propia, de acuerdo con las necesidades y medios existentes.

Para dicho cargo fue designado el ingeniero agrónomo, Luis Peña Novo, gran conocedor de la situación del campo extremeño, ya que en el 32 fue el encargado de realizar el informe para el Gobierno sobre la situación en Extremadura, el cual terminaba con una frase que lo decía todo. “El estado revolucionario del campo extremeño no admite las esperas del rigorismo legal”.

Su decida actuación produjo casi la paralización de las roturaciones, pero a cambio ordeno ocupar más fincas que las inicialmente previstas. Tres meses después de su nombramiento se habían ocupado 744 fincas que suponían 63.284 has, en las cuales fueron asentados 20.944 yunteros, y había otorgados créditos por 2.577.262 ptas.

Llegado el mes de octubre, el número de fincas ocupadas por orden del Gobernador eran 1.412 con una extensión de 109.300 has. Donde habían sido asentados 35.000 yunteros. Otra de su a actuaciones fue que el Gobierno confirmara las rentas que  pagaban los yunteros asentados.

En las elecciones celebradas el 19 de noviembre del 33,  en Extremadura triunfaron los Radicales de Centro Derecha con 8 diputados, seguido de la CEDA con 7, y a distancia se situaban los socialista con 5.

Aunque el triunfo de los Radicales y la CEDA en un principio no supuso ninguna parálisis en  el desarrollo de la Reforma, sino todo lo contrario, ya que se aprobaron algunas normas que afectaban muy directamente a los yunteros extremeños, como fue que el IRA expropiara y ocupara las tierras incluidas en el registro o las cedidas por los Propietarios.

Pasados unos meses, y ante la presión de los propietarios exigiendo a los tribunales la devolución de las tierras ocupadas y la anulación de las asentamiento realizados por el Gobernador General, el Gobierno estableció que los yunteros estarían obligados a abandonar irrevocablemente en el próximo otoño las tierras que venían cultivando al amparo del decreto de intensificación de cultivos.

El problema de la falta de tierras por parte de los yunteros fue patente, provocando en las organizaciones obreras un aumento del radicalismo, y la adopción de posiciones política-ideológica de cariz semirevolucionario. En el mes de febrero del 34, se produjeron en toda Extremadura invasiones masivas de fincas, con la participación de un gran número de yunteros. Sirva de ejemplo que en Brozas participaron 785, en Arroyo 577, en Zarza 525, o en Navas 402.

Los propietarios a través de sus asociaciones mostraron su protesta y pidieron al Gobierno el restablecimiento del orden y el principio de autoridad. Al considerar el Gobierno que existían tierras para dar a los yunteros, autorizo al IRA la realización de arrendamiento de las tierras ofrecidas por los propietarios y el aumento del ritmo de las expropiaciones a la grandeza.

A cambio para contentar a los propietarios en el mes de mayo el Gobierno anulo el decreto de términos municipales, con lo cual  volvían a tener libertad para contratar jornaleros de otros pueblos e incluso de Portugal,  lo que conllevaba una bajada de los jornales agrarios.

En cuanto se refiere a la grandeza, en Extremadura el Gobierno conservador expropio 32.340 has, el 31% de los bienes  que poseían en la Región, donde fueron asentados 2.535 labradores y yunteros, y en cuanto a asentamientos temporales fueron ocupadas 22 fincas con una extensión de 9.433 has, donde fueron asentados 1.074 yunteros.

El número de yunteros asentados fue tan pequeño, que estos siguieron ocupando fincas. Sirva de ejemplo, que en el mes de mayo el Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Brozas, denuncio ante el Gobernador a 140 yunteros por la ocupación de fincas y roturaciones arbitrarias.

El Gobierno Conservador,  pensó en mandar al Ejército para sacar a los campesinos, pero el Coronel responsable de la Guardia Civil en Extremadura le aconsejo que no lo hiciera, manifestando: “que a los campesinos solo se les podía sacar de las fincas muertos”.

Por otro lado las condiciones de los jornaleros siguieron empeorando, debido a la negativa de los propietarios a pagar los salarios que se habían alcanzado en la etapa anterior para la próxima siega, ello impulso a la FNTT a convocar en el campo una Huelga General, en demanda del mantenimiento de los salarios y la prohibición del uso de maquinarias.

El Gobierno la califico de “Movimiento Revolucionario” y “Motín Sedicioso”. La huelga resulto un fracaso lo que supuso un descrédito para la FNTT y un mayor poder  de la oligarquía rural, lo que conllevo, que una gran cantidad de yunteros fueran expulsados de la tierra que venían labrando al término de la cosecha

Los yunteros, encontraron un gran aliado en el Ministro de Agricultura, el democristiano Jiménez Fernández partidario de modificar el sistema de la propiedad, crear pequeñas explotaciones agrícolas y apoyar el asentamiento, incluso las realizadas por Peña Novo.

 Pero la defensa de esas medidas, le supuso la enajenación de su partido, la CEDA y de los agrarios, siendo cesado como Ministro. A partir de su sustitución, comenzó una parálisis  en la Reforma, promulgándose poco más tarde la Ley de Reforma de la Reforma Agraria, que dejaba sin efecto todas las disposiciones de la Ley de Base.

 Envalentonados los propietarios, decidieron expulsar de sus tierras a los pocos  yunteros que aun la trabajaban, así como reducir los salarios y volver a traer mano de obra portuguesa que era más barata. A partir de ese momento, la frustración seria el sentimiento más arraigado en el campesino extremeño.

El día 6 de febrero de 1.935, el diputado socialista por Cáceres, Luis Romero Solano intervenía en las Cortes exponiendo la grave situación en que vivían  en Extremadura las familias obreras en general y las del campo en particular “En algunos pueblos como en el mío, Alcántara, las familias obreras, se han visto obligadas a entregar a sus hijos a las autoridades.

 El día 22 de enero entregaron cerca de 200 niños en el Cuartel de la Guardia Civil. Y yo he de decir una cosa: que no sé cómo las Juntas de Protección a la Infancia no han elevado su protesta al Poder Público, sobre todo teniendo en cuenta que, recientemente un niño, ante la presencia del hambre, se ha suicidado.

Se da el caso de que siendo los niños quienes más derechos tienen a disfrutar y  gozar de la vida, son los que más privados están, y los que se encuentran imposibilitados de desarrollarse físicamente en las condiciones debidas para el día de mañana poder ser ciudadanos útiles a su País”.

Aunque 1.935 resultara uno de los años más tranquilo en el campo extremeño desde el comienzo de la II República, los graves problemas económicos que asediaban a País, unido al escándalo de estraperlo, y a las diversas crisis ministeriales, conllevo la disolución de las cortes y la convocatoria de  elecciones generales para febrero del 36.

En Extremadura, el triunfo de “Las Izquierdas” en las elecciones de febrero del 36 fue rotundo. El Frente Popular obtuvo 18 diputados, mientras que la derecha obtenía solo 5.  El éxito de la izquierda supuso una amplia presencia de socialistas en el nuevo Gobierno, y un posicionamiento más radical sobre la necesidad de efectuar la Reforma Agraria.

A partir del mes de marzo, con el ánimo de los campesinos rayando la desesperación, como consecuencia de la crisis que habían padecido todo el invierno, y pese que el Ministerio de Agricultura publico un decreto concediendo a los yunteros sin bienes de Extremadura  recuperar el uso y el disfrute de las tierras que hubieran labrado, y de que el propio Ministro viajo a Extremadura y aseguro que en unas semanas serian asentados 40.000 yunteros.

La Federación de Trabajadores de la Tierra, alta de tantas promesas incumplidas,  convoco a sus afiliados a ocupar las fincas. 

El día 20 de marzo el Secretariado Provincial de la mencionada Federación, aprobó:

1. A las 5 de la mañana del miércoles 25, al mismo tiempo en todas las localidades, se llevara a cabo el apoderamiento de diversas fincas. Los asociados «se concentrarán sigilosa y rápidamente en diversos puntos de las afueras del pueblo» con aperos para marchar a las fincas y practicar los deslindes.
2. Efectuada así la concentración y con el mismo sigilo y la misma actividad, emprenderán la marcha hacia las fincas que han de ser incautadas.
3. Ya en ellas, se trazarán las lindes convenientes, no de la parcela que pudiera corresponder a cada uno, sino de la extensión total que haya de tener la parte incautada.
4. Con este acto, y un viva a la República, dado éste por el que vaya al frente del grupo, se tendrá por realizada la incautación.
5. Seguidamente, regresarán al pueblo, y una vez reunidos todos los grupos, se dirigirán ordenadamente al Ayuntamiento, en el que entrara la Junta Directiva. Requerido el Alcalde y cuantos concejales sea posible, más algún funcionario, que levantará acta de esta comparecencia, la cual deberá ser firmada por los representantes del Ayuntamiento, y por los de la Sociedad Obrera, así como también por el funcionario que actúa de Secretario en aquel momento.
6. De allí, y con todo el orden posible, los compañeros se trasladarán a la “Casa del Pueblo”, en donde se celebrará asamblea general para constar que la Sociedad Obrera acaba de tomar posesión de tales y cuales fincas en nombre de todos los vecinos del pueblo, y seguidamente se comenzará, bien por la asamblea en pleno, o bien por una comisión designada por ella misma, al estudio de la manera como haya de llevarse el trabajo, si individual o si colectivamente. Este Consejo del Secretariado aconseja la forma colectiva, pero si una respetable parte de la asamblea opina lo contrario, será de desear que se hiciera de las dos formas.
7. Sea cual sea la manera acordada, y aunque no se hubiera acordado ninguna, al siguiente día y en los sucesivos irán a las fincas incautadas todos los campesinos o una parte de ellos a continuar la operación de deslinde, y a comenzar la del cultivo adecuado.
8. Si en cualquier ocasión alguien se opusiese a la realización de lo anteriormente indicado, deberá adoptarse una de estas dos conductas:

-Si el que se opone es autoridad o agente de ella, se lo dirá con respeto, se le contestará con igual respeto y con la mayor brevedad, y se le obedecerá solamente si lo que ordena no es contrario a los intereses de la República y de los trabajadores, que en el momento presente son los mismos.

-Si el que se opone no es autoridad ni agente de ella, se le desoirá en lo posible y no se le obedecerá en nada.

9. Se realizarán los mayores esfuerzos para evitar todo daño evitable a las fincas incautadas y a las otras: A las primeras porque ya serán de los campesinos, a las otras porque habrán de serlo algún día.

Y efectivamente, el 25 de marzo, unos 80.000 campesinos extremeños invadían al grito de “Viva la Republica”, con sus yuntas y aperos de labranza un gran número de fincas para señalarlas y luego rotúlalas, la llegada de la Guardia Civil y en algunos sitios del Ejército les hizo retroceder, pero una vez se habían marchado volvieron a ocuparlas.

Entre marzo y julio fueron asentados en Extremadura 81.297 campesinos en una extensión de 238.797 has., siendo la Región con más diferencia sobre el resto, y la más beneficiada por el reparto de tierras y los asentamientos.

Dice el historiador y escritor,   Víctor Chamorro, que la identidad extremeña nació con la ocupación de las fincas por los yunteros en marzo del 36: “De repente se produjo una cosa extrañísima, el discurso extremeño sosegado, con paciencia, y manso que había impartido la iglesia, se transformó  y el pueblo extremeño protagonizo una epopeya: el pueblo unido va a dar por primera vez identidad a Extremadura”.

Toda la prensa de la época y los tratadistas de las revoluciones del campo dieron cuenta del hecho, que no fue otro que ocupar las tierras que la Republica les había prometido, y no le había dado.

Aquel acontecimiento fue para Chamorro,  el origen de la identidad extremeña, ya que hasta ese momento el pueblo extremeño no había actuado solidariamente y unido.

La Guerra Civil supuso para Extremadura, como para toda España: muerte, dolor, desolación y hambre, pero además en la Región conllevaría  la Liquidación de la Reforma Agraria, lo que supuso un retroceso  en el campo extremeño, y la vuelta a la situación en que se encontraba en la primera década del Siglo.

A partir de ese momento el término “Yuntero”, debido a su connotación política de izquierda revolucionaria,   dejara de tener cabida en el vocabulario oficial, no así en el popular. En todos los decretos y leyes  que dictara el Régimen Franquista se referirá a los yunteros con la nueva designación de colono,  aparcero o labrador

El triunfo del “Movimiento Nacional” supuso, que en las grandes propiedades adehesadas los propietarios o arrendatarios dieran continuidad a las formas tradicionales de explotación, aprovechando las ventajas que les proporcionaba la política proteccionista del Nuevo Estado y la creación de las Hermandades de Labradores.

Estas formas, basadas en el empleo masivo de mano de obra y en la consecución de mayores rentas, perduraron durante la primera fase del franquismo como consecuencia del mantenimiento de un bajo nivel de salarios y la legitimación de formas de contratación de las labores al “uso y costumbre”, que en el caso de las aparcerías, se encontraban avaladas por la Ley de arrendamientos rústicos de 1940.

La vuelta al “uso y costumbre” en los contratos de aparcería supuso un elemento importante en la dependencia del labrador. Una manera de conocer el grado de su dependencia, se encontraba en las formas de participación en la renta generada o en las aportaciones (semilla, abono, aperos y trabajo) y en las condiciones impuestas en la ejecución del propio proceso productivo por parte de quien controlaba la tierra y de las características agro ganaderas de las fincas donde se labraba.

Dentro del modelo tradicional de explotación adehesada, el aporte de semillas, aperos y trabajo solía correr a cargo del aparcero. El abono, el poco que se empleaba, era frecuente aportarlo “a medias” o “a tercias” (dos partes el propietario y una parte el aparcero), mientras que el reparto de las cosechas solía ser al “60 por 40”, o “al tercio”, siempre a favor del cultivador directo. Otros aspectos sociológicos, demostraban el grado de sumisión del aparcero ante los patronos agrarios. Así, en los contratos de estas labores había algunas cláusulas que merece la pena resaltar:

1. a) Obligatoriedad de realizar trabajos previos a la labor, no sólo aquellos que especificaban las rejas a dar en los barbechos (alzar, binar o terciar), sino operaciones previas necesarias para dejar expedito el terreno: frecuentes desbroces, apostos de encinas, entresacas, etc., en tierras nuevas o en parcelas correspondientes al giro de cultivo.
2. b) Realizar las particiones de cosecha en presencia del dueño o sus representantes (administradores y guardas) y acarrear los haces (si se parte en rastrojo) o el trigo limpio a las eras o graneros de los propietarios.
3. c) Y otros, como contribuir al pago de la guardería de la hoja de labor, permitir servidumbres de paso o pastoreo de ganado para el aprovechamiento de montaneras en los lotes, respetar las condiciones del alojamiento en los cortijos; restricción del pastoreo del ganado de labor de los yunteros, aceptar la antigüedad en la elección de parcelas, y, por último, la exigencia de realizar trabajos auxiliares para los dueños, como el acarreo de leñas para el cortijo, cultivo de huertas, traslados de majados, etc.

Como se puede comprobar, todos estos aspectos sometían al labrador a un sistema en el que las condiciones del contrato no eran pactadas en términos de igualdad, sino impuestas por los patronos, aprovechando  la situación de debilidad del campesinado que, poseyendo medios de producción, tenía necesidad de tierras para labrar.

A lo anterior se unían otros condicionantes al contrato de las labores:

- En primer lugar la adscripción del aparcero a un grupo de pertenencia que condicionaba sus comportamientos. Las cuadrillas solían ser originarias del mismo pueblo y estaban  estructuradas en torno a un grupo de parentesco, de tal forma que a la hora de los relevos (por fallecimiento o retiro de la actividad laboral) eran sustituidos por hijos, parientes o paisanos. El mantenimiento del grupo dependía, en última instancia, de las relaciones de clientela con los propietarios o arrendatarios de las dehesas.

-En segundo lugar, es en el ámbito de la profesionalidad donde también se gestan las relaciones de dependencia del aparcero, pues la estabilidad y permanencia de éstos en las dehesas estaba condicionada por la calidad de las labores realizadas.

Las demostraciones y alardes de buenos labradores, con motivo de la competencia establecida entre los propios yunteros o cuadrillas de estos, era el instrumento para obtener el patronazgo por parte de los grandes propietarios y mantener la futura clientela.

Otro de los elementos que contribuyeron al sometimiento del aparcero, era la acción de la ideología agraria promocionada por el “Nuevo Régimen” en relación a la sublimación de la figura del labrador como instrumento de redención del campesinado.

Con todos estos condicionantes se comprueba que  el “Estado Franquista” no estaba por la emancipación del yuntero, sino al contrario.

Y aunque es cierto que la base social del nuevo régimen trataba de construirse a partir del pequeño campesinado, el aparcero extremeño sabía que entre él y el Estado se cruzaban los intereses de los grandes propietarios y arrendatarios que, aprovechando la coyuntura, trataron de buscar las máximas rentabilidades de sus fincas, para lo que era necesario acelerar el proceso de desalojo o lanzamiento de los antiguos yunteros.

Aunque de dicho proceso fuera en contra del compromiso adquirido por el Estado con el pequeño campesinado extremeño, contradiciendo el Fuero del Trabajo, que decía:

“el Estado asume la tarea de multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las formas de propiedad ligadas vitalmente a la persona humana: el hogar familiar, la heredad de la tierra y los instrumentos o bienes de trabajo para uso cotidiano (…)”.

Su escaso resultado, se plasmo en Extremadura, en las quejas oficiales que se reflejaban en el Plan de Ordenación de la provincia de Badajoz:

“Las razones fundamentales de que se haya llegado a este estado de cosas son, de una parte, que la tierra haya pasado a ser considerada exclusivamente como único elemento de renta, sin otra función próxima que contribuir de manera más o menos holgada al sostenimiento de las familias, y de otra, la desvalorización del hombre, hasta el extremo de considerar como mercancía su derecho de trabajo, concepciones que crean una pugna de intereses totalmente contraria al ambiente ideal en que, a nuestro juicio, debería desarrollarse las actividades campesinas”.

Los lanzamientos o desahucios de los antiguos yunteros y las coartadas de los terratenientes en los años 40, sin plantearse en los términos conflictivos del tiempo de la República, fue motivo de preocupación para las nuevas autoridades, por el alarmante aumento de yuntas en paro en Extremadura.

Se puede afirmar que en Extremadura se pasó de una “conflictividad abierta antes y durante la Republica”, a un periodo de “conflictividad soterrada”, que se manifestó a través de los desalojos de colonos de las grandes fincas.

En el caso extremeño, esta dinámica se vio frenada por la ambigüedad la política agraria del Estado, por el doble compromiso adquirido con los terratenientes y el pequeño campesinado.

Así, el Estado pretendía que los grandes propietarios, como consecuencia de la devolución de las tierras ocupadas por la Reforma Agraria Republicana y la reposición de sus privilegios, soportaran de forma suavizada la resolución del problema yuntero, por medio entre otros de: “La instalación provisional de labradores en paro en las fincas que no cumplieron los “planes de barbecheras”, como así se especificaba en la ley de “Laboreo forzoso” de 1940 y en los decretos de intensificación del cultivo de marzo y septiembre de 1946”.

Los resultados de estas medidas demostraron que, la clase burguesa no estaba dispuesta a que el problema social que planteaban los yunteros se resolviese a su costa.

A pesar de la puesta en vigor de tales normas, la respuesta por parte de los grandes propietarios fue la expulsión de los antiguos yunteros y el incumplimiento sistemático de la ley del laboreo forzoso, como consecuencia del interés por la extensión de pastos y el incremento de cereales-pienso. La tendencia fue labrar menos tierras y reducir las superficies de trigo en las dehesas y su dedicación a pastos y otros cereales para la alimentación del ganado.

Y todo ello, cuando en diciembre de 1.945 Franco visito la provincia de Badajoz, y en la capital afirmo: “Vengo a esta provincia porque es la que tiene más hondos problemas entre todas las provincias españolas, y vengo anunciar a estos magníficos campesinos, a estos sufridos labradores de estas pardas tierras extremeñas, que vamos a empezar la obra de su redención”, pidiendo luego al día siguiente en Castuera un margen de confianza y de fe para lograrla.

Pero la redección no solo no llego, sino lo que llego fue la expulsión de la tierra que trabajaban.

Solo en la provincia de Badajoz en 1.956 habia 54 pueblos afectados por las expulsiones y fueron desahuciados 1.712, dándose el caso como pueblos como Alconchel o Benquerencia donde lo fueron más del 50% del censo.

Ante el proceso imparable de los desalojos, las medidas que adoptó la Administración parecían ser totalmente ineficaces, ya que los asentamientos provisionales en las grandes fincas, como se estipulaba en las normas del “laboreo forzoso” de 1.940 fueron insignificantes.

El pretender asentar una masa de campesinos con medios de producción (aperos y mulas) en las grandes fincas, más que depender de la legislación vigente, quedaba sometida a la voluntad y los intereses de la clase terrateniente, pues, al mismo tiempo que la Administración trataba de ejecutar aquellos asentamientos, se estaba desarrollando un lanzamiento masivo de las dehesas.

Y no hay que olvidar que en 1.956 los campesinos pobres en Extremadura eran según las estadísticas:

Yunteros con algo de tierras.

Badajoz = 23.733

Cáceres = 12.516

Total en Extremadura: 36.249

Yunteros sin tierras.

Badajoz = 8.470

Cáceres = 6.580

Total en Extremadura: 15.050

Jornaleros o braceros

Badajoz = 83.613

 Cáceres = 17633

Total en Extremadura: 131.246

Aunque estos números eran a nivel provincial y regional, a nivel comarcal las situaciones cambiaban. De las 21 comarcas extremeñas,  en 18 de ellas más del 50% de los yunteros tenían alguna tierra y en 11 más del 25% la poseían de forma suficiente.

Los yunteros sin tierra,  solían coincidir con las comarcas donde había mayor grado de concentración de tierra. Así en la provincia de Badajoz: en Herrera del Duque había un 49,8%, en Puebla de Alcocer un 31,3%, en Jerez de los Caballeros y Llerena un 29%, en Azuaga un 23,5% y en Alburquerque un 19,5%. Mientras que los yunteros con escasa tierra predominaban en las comarcas de Castuera, Don Benito, Jerez de los Caballeros (66%, respectivamente) y Olivenza (58%).

A pesar de esto en la provincia de Cáceres, la comarca de Trujillo era la que poseía un mayor número de yunteros sin tierra (39,5%), seguida de Hervás (33,2%) y Logrosán (20%), mientras que los yunteros con tierra insuficiente abundaban en la de Logrosán (60%), Plasencia (55%) y Hervás (51%).

Por otro lado, el día 7 de abril de 1.952 era aprobado el Plan de Obras, Colonización, y Electrificación de la provincia de Badajoz, más conocido como el “Plan Badajoz”.

El Plan Badajoz  estaba basado en  el diseñado por el ministro socialista, Indalecio Prieto en la Republica, y  tenía como objetivo principal mejorar la producción y la renta agraria de la provincia, poniendo en regadío 105.000 hectáreas, para lo cual dotaba a la agricultura pacense de una red de electrificación y riego, a la vez que pretendía poner en marcha una industria de fabricación, transformación, y comercialización agraria, teniendo como eje principal el rio Guadiana. Así como la implantación de un tejido industrial  de 89 fábricas y siete plantas industriales a través del Instituto Nacional de Industria.

Su aprobación venia motivado por la crítica situación que vivía la población de Extremadura en general y en particular la provincia de Badajoz.

Según un estudio sobre la situación socioeconómica previa a la puesta en marcha realizado por Ramiro Campos, esta era la siguiente:

-La existencia de una población excesiva de trabajadores desocupados, más de 31%.

-Una distribución de la población agraria, dependiente de la voluntad del terrateniente o del administrador de turno:

- 40.000 yunteros sin tierra suficiente.

- 60.000 braceros eventuales

- 20.000 yunteros con tierra suficiente u ocupación permanente

- 30.000 braceros con ocupación permanente

- Existencia de más de un 45% de la población en situación económicamente incierta e inestable al no conocer su futuro inmediato. Al ser inexistente el desarrollo industrial que permitiera absorber los desplazamientos de la mano de obra dependientes y sobrantes de la agricultura.

Además, la tierra no estaba explotada al máximo de sus posibilidades, pudiendo cifrarse la producción obtenida en el 60% de la potencialmente alcanzable con un uso racional de los recursos disponibles.

Este hecho estaba motivado por el alto grado de absentismo de los propietarios, por los medios rudimentarios utilizados en el cultivo de la tierra (el 43% de los arados existentes eran arados romanos), y porque los latifundistas no buscaban la intensificación y un alto rendimiento unitario, sino el mantenimiento del tamaño de las explotaciones y una escasa variación de los cultivos existentes, de los que conocían su técnicas de producción, sin introducir otros alternativos más exigentes en factores de producción, entre ellos mano de obra.

- Casi un 80% de su población agrícola percibía ingresos anuales inferiores a la media nacional. De entre ellos, 260.000 personas tenían unos ingresos muy bajos, por no decir nulos, lo que motivaba un claro subconsumo.

-La tierra se encontraba distribuida con un gran predominio de la gran propiedad, cultivándose ésta, además, con bajos rendimientos.

- El grado de mecanización era bajo.

- El ahorro de los trabajadores agrícolas no existía, al no tener capacidad económica para poder hacerlo.

- Como consecuencia del absentismo de los terratenientes, gran parte de las rentas obtenidas no se gastaban ni invertían en la provincia, siendo transferidas a los lugares de residencia o procedencia de los grandes propietarios.

- La capitalización de las rentas generadas en Badajoz era muy reducida y muy inferior a la que le debería corresponder aplicando la media nacional.

A partir de este diagnóstico, el mismo autor propuso las siguientes directrices de actuación que podrían solucionar los problemas expuestos:

1. a) Una utilización integral y racional del medio ambiente
2. b) Redistribución de la tierra para un cumplimiento más perfecto de su función social.
3. c) Asegurar, de forma permanente, el pleno empleo del factor humano y de los factores productivos, incluido el financiero.
4. d) Mejorar las condiciones de vida, fundamentalmente en alimentación y medio ambiente.

El plazo para la realización del PLAN BADAJOZ era de 14 años, de 1.952 a 1.965, pero en 1.963 se amplió, e igualmente en 1.971 extendiendo hasta 1.975 con el Plan Zujar.

Las acciones principales a desarrollar eran:

*La construcción de seis presas: Cijara, Puerto Peña, Orellana, Zujar, Montijo y Alange, con una capacidad de 3.245.000 metros cúbicos.

*La producción de 70.000 KW de electricidad a través de los pantanos del Zújar y Matachel.

*La puesta en regadío de 105.000 hectáreas:

         - 36.000 en las Vegas Bajas.

         - 64.000 en las Vegas Altas

         - Y 5.000 en Alange.

Estas 105.000 hectáreas serian redistribuida entre los antiguos propietarios, que  darían trabajo a unos 30.000 obreros fijos, asentando además 9.000 familias de colonos que labrarían sus propias parcelas que le serían entregadas por el Ministerio de Agricultura.

De todas las acciones que comprendía el Plan las que tuvieron un menor  desarrollo fueron las referentes al desarrollo industrial, así como la construcción de los ferrocarriles, lo que estrangulo la creación del empleo necesario para absorber la mano de obra campesina de las comarcas afectadas, lo que conllevo un fracaso del Plan, que según Franco tenía que redimir al campesinado extremeño.

En 1.959, con la aprobación del Plan de Estabilización de la Economía, la devaluación de  la peseta y liberalización de las inversiones extranjeras, así como la potenciación desde el Régimen de la Industrialización de Cataluña, Madrid y el País Vasco: La Emigración Extremeña rompió todas las variables, convirtiéndose en uno de los éxodos naturales más importante que se han dado en Europa en ese siglo, de un pueblo en busca de trabajo.

         Y es que mientras esas zonas de España se potenciaban, Extremadura seguía siendo una Región eminentemente agrícola. En esa década el 73% de la población activa extremeña “trabajaba” en el sector agrario, llegando al 85% la población que directa o indirectamente dependía del campo.

Pero el campo debido a la forma de la propiedad, y  a la débil mecanización, así como a la falta de recursos económicos no podía mantener tanta población, lo que unido a la falta de industrias que pudieran absolver los excedentes de mano de obra del campo, genero una oferta de trabajadores cuya única salida fue la Emigración.

Una vez más Extremadura y los extremeños volvíamos a ser la cenicienta de las regiones españolas y los pagadores de una situación social y económica que nosotros no habíamos creado.

La obra de redención de los campesinos de la que hablo Franco en su visita a Badajoz en 1945, como luego se pudo ver, no era la realización de una Reforma Agraria, se trataba de estrangular aun más la situación socio-económica de Extremadura y por el contrario detraer grandes cantidades de dinero al tejido industrial de Madrid, Cataluña y el País Vasco, así como  traspasar toda la mano excedente del campo extremeño a estas regiones para cubrir la demanda de puestos de trabajo que la industria necesitaba.

Los yunteros extremeños no tuvieron más remedio que cambiar el arado y la azada, por una llave inglesa en la cadena de producción de una gran fábrica o una paleta en la construcción de las ciudades dormitorios que se construían alrededor de las grandes capitales como: Madrid, Barcelona o Bilbao.

ANTONIO ELVIRO ARROYO