EXTREMADURA. UNA REGION CON HISTORIA

Aunque la primitiva Lusitania se extendía más allá de los actuales límites de Extremadura en unas partes y en otras no, lo mismo que sucedía con la Bética y la actual Andalucía o con Cataluña con la Tarraconense. . La Región Extremeña está íntimamente ligada a ella, ya que uno de sus pueblos indígenas más importantes  que la habitaban los “Vettones”, estaba  asentado en una parte importante del territorio actual de Extremadura.

Y es en aquella Lusitania, uno de los primeros lugares de la Península Ibérica, donde aparece una conciencia colectiva como pueblo, que rebasa los límites de las tribus, los castros y las razas, para unirse todos frente a los invasores romanos. Los romanos al conquistar Hispania, dividieron la Península en provincias, tomando como referencia varios factores como: La raza de los indígenas,  las características del terreno, la vida política de los pueblos, etc.

Ello fue lo que debió inducir al Emperador Augusto en el año 27 antes de Cristo a crear la Provincia de la “Lusitania” que se extendía desde el Duero hasta el Guadiana,  fundando Augusta Emérita (Mérida) como capital de la misma. Mérida como capital de la Lusitania, paso a convertirse en la ciudad más brillante de la Hispania Romana, ya que para algunos historiadores, ni siquiera Córdoba, Tarragona y Sevilla pueden compararse con la grandeza cultural que adquirió Mérida en aquella época.

Siglos más tarde el historiador árabe AL-RAZI que vivio en tiempos del califa Abderramán III, escribiría: “Os digo que no hay hombre en el Mundo que cumplidamente pueda contar las maravillas de Mérida. Parece que de todo el mundo se juntaron gentes para hacer esta ciudad; dichoso aquel que de ella fuese señor”.

  A partir de la creación de la “Provincia Lusitana” la identificación de Extremadura con la misma será una constante en la obra de diferentes historiadores. Así en la  “Suma de Geographia” de Fernández de Enciso, escrita en Sevilla en 1.519, se hace una explicita referencia a dicha identificación, cuando habla de la “Lusitania que ágora se dize Extremadura”.

         Igualmente, en la obra anónima escrita durante el reinado de Carlos V que se conserva en la Biblioteca Nacional, recoge de Publio “El Africano” la historia del Rey de España Medón, cuyo uno de sus hijos Agastio “Ovo la Lusitania, que ágora dizece Extremadura”.

         Durante la ocupación Visigoda, entre mediados del siglo V y del VIII, los Suevos siguieron manteniendo la “Lusitania” como provincia y Mérida su capital.

E incluso cuando los Vándalos derrotaron a los Suevos y ocuparon gran parte de la Peninsula, incluida la “Lusitania” Mérida junto a Sevilla fue  declarada capital del Reino.

         Derrotados los Visigodos en la Batalla de Guadalete por las fuerzas del Califato Omeya, que supuso el final del estado Visigodo en la Península Ibérica, el pueblo Lusitano se va a oponer de nuevo como había sucedido con la invasión romana, contra los nuevos invasores.

Mérida fue la única ciudad que con solo las fuerzas de su provincia, plantaron resistencia a los nuevos invasores, lo que supuso un Mito.

Como así lo recordó el Rey de Aquitania de Francia, Ludovico Pio, hijo de Carlomagno, en la Carta que envió a los Emeritenses en el año 826, con motivo de los ataques que sufría la Provincia por parte del Califato Cordobés. En la mencionada carta, les dice: “Según hemos oídos, vosotros habéis rechazado siempre enérgicamente las injurias inferidas por los reyes del Califato Cordobés y habéis resistido virilmente a su avaricia y crueldad, lo cual sabemos por referencia de muchos. Por tanto, nos ha complacido dirigidos esta carta y consolaros, así como exhortaros para que perseveréis en la defensa de vuestra libertad, que habéis empezado: y del mismo modo que hasta aquí lo hicisteis, lo sigáis haciendo, no cediendo ante el furoz y la crueldad”.

 

Extremadura, como la mayor parte de la Regiones Españolas tiene su origen en la Edad Media una vez terminada la Reconquista. Sin embargo para el Crítico y Ensayista extremeño, Jose López Prudencio la formación de las regiones españolas son del Siglo XI, cuando la Corona del Condado de Castilla se convierte en Corona Real, lo que rompe definitivamente la posibilidad de que Castilla sea absorbida por el Reino de León, al mismo tiempo que Aragón y Cataluña se desprenden del Reino de Navarra, con lo cual en la parte cristiana peninsular quedan  constituidos los reinos de: Castilla, León, Navarra, Aragón y Cataluña.

Y casi al mismo tiempo en la parte Musulmana, la unidad del Califato se disuelve en reinos de Taifas, formándose los reinos musulmanes de: Sevilla, Valencia, Toledo, Murcia y el Reino Taifa de Badajoz, constituido por las extremaduras portuguesa y española.

Este hecho,  es lo que da fundamento a López Prudencio para decir que aquel fenómeno social, fue el embrión que determinara los territorios que a partir de ese momento constituirán las regiones españolas a lo largo de la historia.

 Pero al contrario que otras regiones, el proceso de formación de Extremadura fue lento, siendo necesario que pasaran varios siglos para que pudiera surgir el concepto de Extremadura como “Un Ente con Identidad” y por la tanto como condición indispensable para que pudiera surgir una conciencia regional.

Ese concepto no aparece hasta el final del Siglo XV, más de dos siglos después de que la Reconquista de su territorio se hubiera terminado, y no es hasta 1.653 cuando aparecer como “Unidad Administrativa” con la creación de la Provincia de Extremadura.

 

En cuanto al nombre de Extremadura, se viene aplicando para definir a nuestra Región al menos desde el Siglo XIII; no faltando quien afirma que ya se aplicaba antes de 1.157.

        

Aunque la etimología popular dice que se llama así por la dureza de sus temperaturas o por ser el extremo de los viajes que hacia el ganado en busca de los pastos de invierno.

Para la mayoría de los historiadores, el vocablo Extremadura, viene de “Extremudoris”, los extremos del Duero, por designarse así a los extremos de la tierra conquistada al lado del rio Duero, por ello cuando comienza la Reconquista de Extremadura, también comenzó a ser conocida nuestra Región como la “Extremadura, de más allá del Duero”, para quedar al terminar la Reconquista por parte de Fernando II, a principio del siglo XIII, el vocablo Extremadura para designar únicamente a nuestra Región.

Terminada la Reconquista de Extremadura en 1.232 con la toma de Montemolín, los Reyes procedieron a la desmembración de términos y a la repoblación del territorio mediante la promulgación de los Fueros y Cartas-Puebla.

La forma en que se señalaron los términos y se concedió la propiedad de la tierra dio a la Región una fisonomía característica, consistentes en “grandes extensiones de terreno  y pequeñas concentraciones de población”.

El poder Real se reservó bajo su jurisdicción, con la denominación de “Realengos”, una serie de municipios estratégicos como: Plasencia, Cáceres, Trujillo y Badajoz, cuyos términos eran muy amplio.

Así por ejemplo el de Badajoz se acercaba a las 300.000 hectáreas antes de las separaciones de: Olivenza, Campo Mayor, Alconche y otros. Y Cáceres, incluso después de varias separaciones, se quedó con una extensión de 176.000 has., el más extenso de España.

Los servicios prestados por los Señores Feudales a los Reyes para su Reconquista, motivo la implantación de los grandes “Señorios en la Región”. Teniendo estos,  un incremento de tierras espectacular en los siglos XIV y XV.

Baste señalar que a finales de la época medieval, de los aproximadamente 40.000 km. cuadrados de Extremadura, el 23% de ella eran tierra de Realengo.

La alta nobleza compuesta por grandes y ricos hombres, protagonizo un proceso de acumulación de tierras en extensos dominios, dedicadas generalmente solo a pasto, hecho que influyó negativamente en el desarrollo económico de Extremadura.

Sirva de ejemplo de que  el  Duque de Alba llego a ser dueño y señor de 46 pueblos, los duques de Béjar y Medinaceli de 31, y en lo referente  a sus posesiones,  el Señorío de Feria, en poder de los Suarez de Figueroa llego a poseer 100.000 hectáreas donde habitaban 3.000 vecinos y 18.000 vasallos.

Hecho parecido sucedió con las Ordenes Militares, ya que al  considerar el Papa la Reconquista como una “Cruzada”, estas desempeñaron una labor muy importante, siendo debido a su organización y disciplina las más eficaces colaboradora reales para la conquista, lo que posteriormente conllevo que fueran premiadas con unas grandes extensiones de terreno.

La Orden de Santiago recibió una extensa franja de terreno que iba desde el partido de Montánchez hasta el límite sur de Extremadura, y que abarcaba el espacio comprendido entre el Concejo Pacense, Medellín y la mitad sur de la Serena.

A finales de la Edad Media los dominios de estas Orden sumaban más de 10.000 km cuadrados; superficie superior a la cuarta parte de Extremadura, territorios en los que además se encontraban las tierras más fértiles de la Región: las Vegas del Guadiana y la Tierra de Barros. Estos dominios se conservaron casi integro hasta el siglo XIX.

La Orden de Alcántara, por su parte recibió una ancha franja junto a Portugal que se extendía desde el norte de la Región, (lo que hoy es la Sierra de Gata),  y traspasaba la Sierra de San Pedro, más allá de San Vicente.

Así como la rica comarca de la Serena, que entonces se extendía hasta parte de lo que hoy es la provincia de Córdoba, con la Encomienda de Benalcázar, lo que sumaba la no despreciable cantidad de 9.000 km cuadrados.

Por su parte los Templarios poseían en Extremadura a finales del siglo XIII las Bailías de Alconetar, Capilla, Ventoso y Zahinos, en las cuales a principios del siglo XIV pastaban 40.000 cabezas de ganado.

En cuanto a la repoblación de la Región, fue débil y lenta. A finales de la Edad Media su población era muy escasa, 2 vecinos por kms cuadrados.

En los realengos se hizo donación de la villa y su término a  sus pobladores,  gobernados por el Concejo. A cada vecino se la adjudicaba una casa y se le asignaba una ración de tierra de labranza, aunque algunos de estos vecinos de renombre, como los Bejaranos, que habían participado en la Reconquista recibieron unas grandes cantidades de terrenos.

Nacía  de esta  forma la propiedad particular sobre tierras que antes habían sido de Concejo o Comunales, y por lo tanto para el uso de los vecinos.

Por otro lado los propios Concejos comenzaron a adehesar las tierras de los ejidos y alrededores de la población, comenzado de este modo a crearse las “Dehesas de Concejos”, que con el paso de los tiempos serian conocidas como “Dehesas Boyales”.

A finales del siglo XIII, tanto por parte de los Concejos de Cáceres como de Badajoz, se desencadeno una fiebre de adehesamiento tanto por parte de estos, como de los particulares en las tierras que le habían sido asignadas, y que mucho de ellos habían aumentado a través de unir otras de los comunes que lindaban con las suyas.

Tal fue la magnitud del problema que ello suponía para los vecinos, que en 1.279 el mismo Alfonso X se vio obligado a defender el derecho de los vecinos del Concejo de Badajoz por el abuso  de  apropiación que de sus tierras estaban haciendo grandes familias de oligarcas como los Suarez de Figueroa.

Los factores que desencadenaron la fiebre de adehesamiento, fueron principalmente las condiciones del campo extremeño para la ganaderia, ya que en amplias zonas como las de Coria, Trujillo, Alcántara, Jerez de los Caballeros y la Serena afloraban pastos, que eran clasificados como de los mejores de España para el ganado lanar.

No hay que olvidad, que una vez Reconquistada Extremadura, paso a ser parte de la Corona, llegándose a conocer como “La Dehesa de Castilla” y como tal sus tierras destinadas para el desarrollo de la ganadería trashumante a través de la Mesta, ya que en 1.273, Alfonso X autorizo a esa Asociación de Ganaderos el fomento de la cabaña merina, dada la alta rentabilidad de la lana.

Unos años más tarde, Alfonso XI concedió a la Mesta una serie de privilegios al declarar a los ganaderos asociados en ella, como “Ganaderos del Reino”, pasando a formar parte su ganado de la “Cabaña Real”, tomándolos bajo su guardia y ordenando: “Que pudieran pacer en todas las tierras del reino, con tal de que no hicieran daño a los sembrados de trigos, viñas, huertos, prados de guadaña y  dehesas boyales acotadas”. Prohibiciones que los ganaderos en la práctica no tenían en cuenta.

Pero fue la Real Cedula de 1.480 dada por los Reyes Católicos, la que definitivamente ponía la ganadería trashumante por encima de la agricultura local, ya que: “Obligaba a los campesinos a abandonar las tierras comunales cultivadas por ello para dedicarlas al pastoreo de ganado ovino”.

A partir de entonces, los ganados mesteños campearan a sus anchas por las tierras extremeñas en detrimento de la agricultura, llegandose a veces a tener que pagar los agricultores a la Corona para poder sembrar, creándose un conflicto permanente a los largo de la historia de Extremadura, entre los grandes ganaderos de la Mesta y los campesinos extremeños.

Un ejemplo de las dificultades que tenían los labradores extremeños para cultivar las tierra, lo encontramos en  Alméndralejo. Dicha localidad cerró con el Rey, el 20 de marzo de 1589, una negociación por la cual se comprometía a entregar a la Corona 32 000 ducados con la condición de que durante 40 años pudiese roturar 400 fanegas de sus pastos para dedicarlas a labor y entregarlas en renta a sus vecinos. Con la condición de que, transcurridos los 40 años, deberían convertirse de nuevo en tierras de pastos.

Por todo ello no es de extrañar, que a finales de la Edad Media, la fisonomía de Extremadura era la de un amplio territorio,  de numerosas dehesas de pasto, lugar de pastoreo del ganado trashumante, a cambio de lo cual los dueños de las tierras, recibían grandes rentas y además seguras de cobrar, por poderío de los dueños de los ganados.

Extremadura, que era una región con bastante potenciar económico en la Edad Media, a partir de ese momento paso a verse atenazada por el expolio y el saqueo de sus tierras  por parte de los ganados trashumante, pues ni siquiera la materia prima que producía esa ganadería, como era la lana, era elaborada en la Región, sino que era exportada en bruta, por lo que el beneficio de su transformación no revertía en  Extremadura. Comenzando así una de las causas del subdesarrollo  de la Región a lo largo de su historia.

En cuanto a su configuración como ENTE, al final de la Edad Media, Extremadura reflejaba una realidad concreta: “Un territorio con una estructura social y económica de auto-identificación propia, con una conciencia plena de sí misma por parte de sus ciudadanos, como algo distinta a las demás regiones españolas”. Sin embargo aún no tenía un soporte jurídico y administrativo que la sancionara como tal.

         Eso no quiere decir que aunque no existiera como tal  “Administrativamente”, Extremadura no participara activamente en los hechos que sucedían en España.

Así paso cuando muere Enrique IV, que aunque casi toda la nobleza apoyo a Isabel como su sucesora, algunas familias muy poderosas de Castilla: Los marqueses de Villena y Cádiz, el duque de Arévalo y el Maestre de Calatrava apostaron por Juana la Beltraneja.

A tal fin pidieron al rey de Portugal, Alfonso V que defendiera el derecho de su sobrina e Infanta al Trono, incluso que se casara con ella, con lo cual el sería nombrado Rey de España, para lo cual lo convocaron en la Ciudad de Plasencia en mayo de 1.475 para contraer el matrimonio.

Frente a dicho movimiento sedicioso, en Extremadura se levantó una gran fuerza de apoyo en favor de la Reina Isabel, que conllevo incluso a la reconciliación de las familias Solís y Monroy de Cáceres, así como la unión de diferentes señoríos y de las órdenes militares de Santiago y Alcántara en un frente común, para con sus respetivas tropas permeabilizar  la frontera de Extremadura con Portugal para evitar que el Rey de Portugal las pudiera traspasar.

Mientras duro el azaroso proceso, la Reina Isabel se trasladó a vivir a Guadalupe, para que a la vez de poder seguir de cerca los acontecimientos, estar próxima a la Virgen para poder rezarle y pedir su amparo, ya que era muy devota de ella.

El  descubrimiento  de América en 1.492 y su posterior conquista y colonización,  van a suponer un HITO para la historia de  Extremadura.

De pronto la Región se va a convertir en símbolo de la “Epopeya Americana”. En Guadalupe firma Isabel la Católica la carta-orden de entregar a Colon las carabelas para el descubrimiento,  Guadalupe se convierte en  el centro espiritual donde irán desde Cristóbal Colón, hasta Hernán Cortes a pedirle amparo a la Virgen ante de sus viajes, y en Guadalupe es donde serán bautizados los primeros indios traídos del Nuevo Mundo.

Los Reyes Católicos no se sabe muy bien porque, pero pusieron toda su confianza en el desarrollo de la Conquista y Colonización en manos de extremeños. Así cuando son informados del desgobierno de Colón en el nuevo continente, nombran al broceño,  Nicolás de Ovando primer Gobernando de las Indias con plenos poderes para actuar en su nombre en los territorios según se vayan conquistando.

En su carta-orden le manifiestan que  su sequito lo deben componer personas representativas de todos los territorios de España, sin embrago Ovando lo cumple parcialmente, ya que la gran mayoría de los hombres y mujeres que le acompañan son de origen extremeño, con especial incidencia de los territorios de la Orden de Alcántara.

 Además desde su puesto de Gobernador, influyo para que fueran los extremeños los que fueran conquistando las tierras en detrimento de los ciudadanos de otras regiones, principalmente de los vascos.

¿Fue una mera casualidad el alto grado de participación de extremeños en la conquista de América?. Se preguntaba López Prudencio en su libro “Extremadura y España” escrito a principio del siglo XX.

Y el mismo se contestaba que las casualidades son raras en historia. Así como que no se podía achacar dicha participación a la situación de pobreza que se vivía en Extremadura, pues esa situación era muy similar a la que existía en otras regiones y con más habitantes su participación fue menor.

Para él fue motivado por que Extremadura siempre participo en los hechos históricos sucedidos en España, y al ser el Descubrimiento y la Colonización de América uno de los más importantes, era norma que la participación extremeña también lo fuera.

Sin embargo, según se van conociendo datos nuevos, otros historiadores, no comparte esa teoría, ya que es un hecho menos conocido de la conquista y colonización, pero de gran  transcendencia,  que: “Extremadura se convirtió en uno de los principales focos de emisión de emigrantes a ultramar”.

El 18% de las personas registrada en el Archivo de Indias eran extremeños, en tanto Extremadura solo acogía en su territorio el 6,4 de la población de España.

Se calcula que durante el Siglo XVI unos 32.000 extremeños marcharon a ultramar, y no solo fueron caballeros-conquistadores; sino también ciudadanos  de todo tipo, incluidas más de 2.000 mujeres. Siendo este hecho para estos historiadores el embrión del primer “Movimiento Emigratorio Extremeño”.

Emigración esta,  que vino agravar la despoblación de la Región. Según el estudio elaborado en 1.517 por Fernando Colón titulado “Descripción y cosmografía de España, 1517-1523”, en la Región Extremeña solo existían en aquella época 64 núcleos que se pudieran llamar pueblos, incluidos algunos tan pequeños como “Las Barcas de Albalá”.

A  fínales del siglo XVI  su población era 540.000 ciudadanos, y solo nueve núcleos urbanos superaban los 5.000 habitantes

Badajoz………………………..…………………10.378

Llerena……………………………..……………...7.644

Jerez de los Caballeros…………........…...7.263

Albuquerque…………………….…...…….....6.712

Plasencia…………………………..…….….......6.449

Cáceres……………………..……..……..…......6.171

Brozas……………………..……….……………...6.075

Trujillo…………………………..…..……………..5.846

Garrovillas..........................................5.449

A comienzo de la Edad Moderna, él termino Extremadura ya designaba una realidad concreta. Es la realidad económica y social de un territorio, que va tomando conciencia plena de sí mismo.

Sin embargo aún ningún soporte “político-administrativo” sancionaba esa realidad, pues Extremadura quedo marginada en 1.502 de la primera división de España en provincias fiscales; ya que las mismas fueron articuladas en torno a las 18 grandes ciudades que tenían voto en Cortes.

        

Extremadura que estaba dividida en dos grandes partidos: Trujillo y la Provincia de la Orden de Santiago, fueron integrados ambos en la provincia fiscal de Salamanca. Hecho, que aunque trascendente, no tiene a nivel  de Identidad repercusión alguna, ya que por ejemplo una Región con reconocida personalidad como Galicia, también quedo fuera de aquella división, estando representada por Zamora hasta que en 1.623 consiguió el rango de provincia.

Otras dos características, que también van a tener una importante incidencia en la formación de la Región, y van a ser una constante a lo largo de su historia, son: “La inexistencia de grandes ciudades y de una sede metropolitana”, ya que aunque Mérida lo había sido durante varios siglos, esta fue trasladada a Santiago de Compostela cuando la invasión Musulmana, y una vez reconquistada Mérida no volvió a la ciudad.

         Pero los extremeños no cesaban en su empeño de convertir su tierra en Provincia con derecho a voto. Partiendo de una iniciativa de Plasencia, los núcleos urbanos más representativos: Alcántara, Badajoz, Cáceres, Mérida, Trujillo, y la propia Plasencia  aunaron sus esfuerzos hasta conseguir formar  la “Provincia de Extremadura” con voto en Cortes, lo cual nos costó a los extremeños la no despreciables cantidad de 80.000 ducados.

De ese modo fue como en 1.653 nuestra región se constituía por primera vez como “Unidad Administrativa” con unos límites determinados, y con nombre propio para definir su territorio. El hecho supuso además el principio de la gestación de su entidad, pues fue un sentimiento compacto, y una apuesta por igual tanto de la Alta como de la Baja Extremadura.

Sin embargo la Unidad Administrativa, no conllevaría unidad  política y económica, pues dentro de su territorio seguían existiendo una multiplicidad de poderes: Señoríos, Realengos, Encomiendas, e incluso Obispados y Cabildos, cada uno de los cuales defendían sus intereses y tenía su propia organización administrativa.

Debido a su situación geográfica, durante la Edad Media y  Moderna, Extremadura desempeñó el papel de territorio de frontera frente al vecino Reino de Portugal. Esa circunstancia marcó la historia de la región prácticamente hasta la Edad Contemporánea.

Especialmente dura fue para Extremadura la “Guerra con Portugal”  de 1640 a 1668, librada en gran parte en tierras extremeñas. Los portugueses, hacían continuas incursiones en Extremadura, quemando pueblos, arrasando cosechas y robando ganado.

Talavera la Real, Barcarrota, Burguillos del Cerro, Casar de Cáceres, Montijo, Villar del Rey, Valverde de Leganés, Villanueva del Fresno, Valencia del Mombuey, Alcántara, Badajoz, Alburquerque, la Codosera, Zafra y Feria, entre otras localidades, fueron presas del pillaje.

Muchas de estas poblaciones perdieron hasta la mitad de sus casas y más del 40 % de su población.  El Informe Municipal de la Villa de Cáceres lo cuenta así: “La provincia de Extremadura es la que más padece los efectos de una Guerra tan dilatada, siendo la Villa de Cáceres entre todas, la que por su repetidas contribuciones a los ejércitos tanto en personas como en bienes, le ha supuesto la pérdida de un tercio de sus vecinos y un estado de decadencia que conlleva a que la mayoría de su población raye la indigencia”.

Pero como las desgracias no viene sola. Aún no se había recuperado Extremadura de la guerra con Portugal,  cuando en 1702 estalló en España la “Guerra de Sucesión” entre Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, y el archiduque Carlos de Austria.

En realidad, en este conflicto bélico se ponía en juego la supremacía europea de Francia, que los ingleses no estaban dispuestos a consentir. Nuevamente, como en ocasiones anteriores y a pesar de ser tan ajena la causa a los intereses extremeños, buena parte de esta guerra se desarrolló en Extremadura.

En mayo de 1.704 el archiduque Carlos, apoyado por portugueses e ingleses, partió desde Lisboa en dirección a tierras extremeñas, y  Felipe de Anjou salió a su encuentro concentrando en Plasencia a unos 40 000 soldados.

Aunque desde 1707 la guerra se inclinó a favor del bando francés, los combates y las devastaciones se prolongaron en territorio extremeño prácticamente hasta 1711. De nuevo muchas localidades extremeñas, como Badajoz, Burguillos del Cerro, Alcántara, Valencia de las Torres o Valverde del Fresno, perdieron más de la mitad de sus casas y, en algunos casos, más del 50 % de su población.

A pesar de lo sucedido, a lo largo del siglo XVIII se produjo un incremento de la población, y algunas mejoras en la agricultura y en el trabajo de los artesanos, pero a finales de siglo, de nuevo las crisis hicieron que el crecimiento demográfico y con ello el económico sufriera un retroceso.

Según el censo de Campoflorido de 1.712,  Extremadura tenía 54.393 vecinos, lo que suponía una población aproximadamente de 250.000 personas. Y el de Floridablanca de 1787, elevaba la población 416.922 personas.

Según el mencionado Censo, el número de ciudadanos que ocupaban su territorio, relegaba a Extremadura al penúltimo lugar en el conjunto español, ya que tenía una densidad de 9,5 habitantes por kilómetros cuadrado, frente a una media nacional de 22,9.

A la baja densidad de población hay que unirle la falta de núcleos urbanos con gran población. Solo once villas y ciudades superaban los 4.000 habitantes en aquella época:

• Badajoz…………………………………..11.090
• Don Benito……………………………… 197
• Jerez de los Caballeros……………..7.731
• Cáceres…………………………….……..6.6.89
• Zafra…………………………………..……5.351
• Alburquerque………………..…………5.191
• Llerena……………………………….…….5.048
• Villanueva la Serena……………..….5.019
• Trujillo………………………………..……4.754
• Plasencia………………………....………4.467
• Alméndralejo………………………..….4.177

 Estos datos manifestaban, que en Extremadura se estaba produciendo una despoblación muy preocupante, especialmente en zonas de Cáceres.

Esa era también la  opinión del historiador ilustrado,  Antonio Pons, que en sus escritos sobre su “Viaje por España de Plasencia a Monfrague” de 1.784 manifestó: “Terrible la de muchos pueblos de Extremadura, que a sus moradores no les haya quedado otro arbitrio para vivir, que abandonar sus hogares, como lo hacen continuamente con gran daño para la población y el Reino.

Todos los días va a más la destrucción de esta bella, y pingüe Provincia de Extremadura; y si no se pone remedio, vendrá a reducirse a un desierto, según el paso que lleva (…) destruida casi totalmente la industria en toda la Provincia, reducida su población a una sombra de lo que fue, y podría ser; convertidos sus dilatados campos en espesos montes encinares, y de alcornoques”.

Y es que la estructura social se mantenía como propia del Antiguo Régimen: La Nobleza suponía el 6,25 % de la población y el Clero el 4%, pero poseían la mayoría de las tierras sobre las que ejercían derechos jurisdiccionales.

E igualmente y sin ejercer  directamente el poder, controlaban las ciudades a través de los nombramientos de los corregidores y mantenían sus privilegios en cuanto a la exención fiscal.

Frente a esta minoría privilegiada, la gran mayoría de la población era campesina (75%) donde las situaciones sociales eran muy diversas: pequeños propietarios, arrendatarios, labradores  y jornaleros. La situación económica hacía que se simultanearan las diferentes opciones de trabajo a lo largo del año, siendo la vida de los jornaleros o braceros muy precaria, lo que explica el abandono de los pueblos.

En 1.764  el Diputado a Cortes por la Provincia de Extremadura, D. Vicente Paino había presentado un “Informe-Memorial ante el Rey” sobre la situación social y económica de Extremadura, la ruina de su agricultura, y el estado de postración de sus pueblos y sus gentes, debido todo ello a la extensión de los pastos dedicados a los rebaños de la Mesta, y a los abusos y privilegios de esta Hermandad, que impedían poner en cultivos los campos y tierras más fértiles de la Región.

Para mejorar su situación, Paino proponía 17 providencias o conclusiones destinadas a remediar estos los males y a favorecer el desarrollo agrícola de Extremadura, a la que él consideraba una de las provincias más fértiles y ricas de la nación, aunque estuviese postrada y despoblada por las causas antes apuntadas.

El Informe llego al Consejo Real de Castilla del que eran fiscales el Conde de Floridablanca y Campomanes, ligados ambos a la Mesta, los cuales pidieron al Consejo de la Mesta que redactara su propio informe.

Contra-Informe que contradecía punto por punto todo lo manifestado por el Diputado de Extremadura, ya que según sus redactores: “Extremadura era un país estéril, inapropiado para la agricultura y que solo podría sostenerse dedicándolo a la cría de ovejas, como había ocurrido durante toda su historia”

Igualmente se mandó redactar informes al: Comandante General de Extremadura, a los corregidores de Mérida, Cáceres, Badajoz, Llerena y Trujillo, a los alcaldes mayores de Alcántara y Don Benito, y al Gobernador de la Serena.

Con toda la documentación se formó un Expediente General, que dio lugar posteriormente al “Memorial Ajustado de 1784”. El resultado de todo aquel expediente apenas tuvo consecuencia alguna, solo se concretaron algunas medidas, como el mejoramiento ligeramente de la infraestructura viaria, que era ruinosa e inapropiada para el desarrollo de la Región.

Otro problema general que afectaba a Extremadura, era la mala distribución de las tierras. El Corregidor de Badajoz denunció la situación que generaba el reparto de la propiedad en su jurisdicción: “En una agrupación de 1.000 vecinos, entre 40 y 100 vecinos cosechaban toda la tierra, y los 900 vecinos restantes no cosechaban prácticamente nada”.            Similar situación era la de Trujillo y Don Benito donde además de la poca tierra libre, sólo el 34 % tenían yuntas para trabajar, el resto no tenían ni yuntas ni posibilidad de tierras

Las reformas administrativas que tuvieron  lugar en España en 1.720, afectaron como no podía ser de otra forma a Extremadura, siendo las más importantes: la creación de la Intendencia General y a finales del siglo la creación de la Audiencia.

En el terreno jurisdiccional-administrativo, con el objetivo de superar la caótica y fragmentada organización que había caracterizado a Extremadura en los siglos XVI y XVII, bajo la administración de los Austrias, el territorio se organizó alrededor de ocho partidos: Alcántara, Badajoz, Cáceres, Llerena, Mérida, Plasencia, Trujillo y la Serena

Esta división administrativa no termino con el viejo problema de las jurisdicciones entre las tierras de realengo, señoriales y de las Órdenes. Pues se siguió contemplando los “derechos” de cada una de estas,  a la designación de oficios, a cobro de parte de los diezmos, y sobre todo a la monopolización de cargos y de las principales fuentes de riqueza.

         Por último, en cuanto a su configuración geográfica,  con el paso del tiempo también se va constituyendo  como un espacio delimitado, así por la Real Orden de 22 de marzo de 1.785 (División de Floridablanca)  dejaban de pertenecer a Extremadura las tierras de Talavera de la Reina. Aunque aún sus límites serán  bastante diferentes a los actuales, ya que había pueblos que hoy son extremeños que entonces pertenecían a otras provincias,  y otros que en aquella época pertenecían a Extremadura y actualmente no.

 Así pertenecían a Ávila, los pueblos pertenecientes al Conde de Miranda: El Gordo, Berrocalejo, Bohonal de Ibor y Talavera la Vieja. A Salamanca pertenecían diferentes enclaves de la Encomienda de Trevejo perteneciente a la Orden Militar de San Juan, como eran: San Martin de Trevejo, Villamiel y el propio Trevejo; y los pertenecientes a los Condados de Oropesa y de Béjar: Descargamaria, Robledillo de Gata, Hervas, Baños y la Garganta.

Igualmente, en Toledo se situaban los pueblos de la Zona de la Jara, de la que era señor el Arzobispo de Toledo: Carrascalejo, Castañar de Ibor, Garvín, Navalvillar de Ibor, Peraleda de San Román, Valdelacasa del Tajo y Villar del Pedroso. Y a la Intendencia de Sevilla pertenecían los hoy pueblos extremeños de: Higuera la Real, Fregenal de la Sierra, y Bohonar de la Sierra.

Por el contrario pertenecían a Extremadura pueblos que hoy día son de otras provincias como eran: Guadarcanal y Mancocinado, que pertenecen a Sevilla; Cañaveral de León y Arroyomolinos a Huelva; Benalcázar, Villanueva del Duque, e Hinojosa del Duque a Córdoba; y a Salamanca: Sotoserrano, La Alberca y Navafrias.

Sin embargo no fue su nueva configuración geográfica,  el hecho más importante que ocurrió en la Región en el mencionado siglo, ya que fue la creación de la Real Audiencia de Extremadura, con la cual se daba un paso más en la formación política-administrativa de Extremadura; pues hasta entonces en lo jurisdiccional estaba dividida en dos: La Alta Extremadura dependía de la Chancillería de Valladolid, y la Baja a la de Granada.

En 1.775 los partidos de: Alcántara, Badajoz, Mérida, y Plasencia  acudieron al Consejo de Estado exponiéndoles: “Los perjuicios y agravios que padecían sus vecinos, por lo costoso y distante de los tribunales superiores”, por lo que proponían la creación de una Audiencia para Extremadura a imitación de la de Galicia y Asturias. Con ello además  la administración de la justicia sería más pronta, sobre todo para juzgar al crecido número de delincuentes y contrabandistas debido a la proximidad de Portugal.

 El día 4 de diciembre del mismo año el Consejo informaba al Rey Carlos III en el sentido de “Ser un remedio adecuado para remediar la situación actual”, juzgando el Monarca la conveniencia de la creación de la mencionada Audiencia, encargándoles le propusieran el sitio más adecuado donde establecer la misma, así como el número de ministros necesarios para su funcionamiento.

Reinando ya Carlos IV, el día 3 de mayo de 1.790 dictaba la pragmática sanción por la que se creaba la Real Audiencia de Extremadura que tendría su residencia  en la Villa de Cáceres.

Y el 27 de abril de 1.791 tenía lugar el  “Solemne Acto de Apertura”,  durante el cual el poeta extremeño, Juan Meléndez Valdés pronuncio un discurso en el manifestó: “Todo está por crear en esta tierra y se confía hoy a nosotros: sin población, sin agricultura, sin caminos, sin industrias, ni comercios, todo pide, todo solicita y demanda la más sabia atención, y una mano reparadora y atinada, para nacer de una vez.  Su suelo, su población, su agricultura, su industria, todos los objetos de provecho común de ocupar nuestra atención y llamar hacia si todo nuestro cuidado… Hemos de escuchar cada día sus clamores o quejas, hemos de ir a atenderlos de cerca, a conocer su estado y sus necesidades para pódelas remediar más acertadamente”.

Establecida la Real Audiencia, fue presentada en la misma una Denuncia, que resulta ilustrativa para comprender cual triste era la situación por la que atravesaba el campesinado extremeño.

         La Denuncia decía así: “ Más sea cual fuese el origen de este privilegio, sea o no legítimo, lo cierto es, que a la sombra de él, se han hecho dueño los trashumantes de más de 80.000 fanegas de tierra de labor en el partido de Badajoz; de 104 dehesas del termino de Alcántara; de 35 de las 43 que fueron destinada al cultivo en él termino de Trujillo; que en Plasencia por privilegio de los Reyes Católicos debían de labrarse la cuarta parte de todas sus dehesas y no se labran; y que en Don Benito tiene asignada cada yunta de bueyes cinco fanegas, cuando debía tener cincuenta”.

Esta aniquilación de la agricultura, seguía  el informe ha producido en Extremadura sus efectos naturales: POBREZA Y EMIGRACIÓN.

Ya en 1.790, el Gremio de Labradores de la Villa de Alcántara se había dirigido directamente al Rey  pidiéndole: “Se le concediesen 6.000 fanegas de tierra de labor en las dehesas de la villa”.

En el informe, le observaban que Alcántara era uno de los pueblos más pobres y necesitados de Extremadura, porque los naturales se ven privados de las tierras adehesadas más fértiles y solo pueden cultivar las peores y los baldíos; ya que de las 86.000 fanegas que tenía él termino 55.000 (las mejores) estaban ocupadas por el ganado trashumantes.

Ese mismo año también un grupo de labradores de Campanario se dirigió al Rey manifestándole: “Encontrarse en grave situación de indigencia, al carecer de tierras para labrar; ya que los arrendamientos estaban muy altos, por lo que se veían obligados a dejar ociosas sus propias yuntas y a emplearse ellos como jornaleros”.

Y es que como escribió el historiador californiano Julio Klein, uno de los tratadistas que mejor ha estudiado la Mesta: “El conflicto, era algo más de  una lucha de intereses agrícolas contra ganaderos. Era una lucha de clase entre los débiles labradores locales y los poderosos ganaderos de la Mesta”.

Antes la situación que vivía el campo extremeño, el Gobierno del pacense Manuel Godoy dicto el Real Decreto de 28 de abril de 1793 sobre “Repartimiento de terrenos incultos y declaración de las dehesas de pasto y labor” por el cual se concedía en propiedad el terreno a quienes lo vinieran roturando durante diez años, y declaraba como dehesas de pasto y labor a “todas las dehesas de Extremadura”, con excepción de aquellas que sus dueños o ganaderos probasen ser de puro pasto, no entrando en suelte las que los dueños disfrutaban  por sí mismo o con ganado propio. Hecho este al que se encadenaron los propietarios para evitar que muchas de sus dehesas fueran roturadas por los labradores.

Los principales objetivos que perseguía el Real Decreto, además de marcar las líneas maestras de la política agraria,  eran tres:

-La necesidad de reducir las enormes superficies de terrenos  incultos en Extremadura.

-Proteger al agricultor frente a los atropellos de los propietarios.

-Garantizar la libertad de cultivos.

Con ellos además, se brindaba a los municipios la oportunidad de obtener recursos importantes con los que poder acudir a las prestaciones de ayuda a la Corona.

Nada más promulgase el decreto, comenzaron las invasiones de fincas por parte de los labradores, manifestándose con mas intensidad en aquellas zonas en que la presión demográfica y la reducción continuada de las dehesas a solo pasto, habían contribuido a la creación de un clima social cuyas manifestaciones eran cada vez más violentas. Solo en la Tierra de Cáceres se roturaron hasta 1.803, con arreglo al decreto, varias dehesas de particulares que sumaban un total de 19.492 fanegas.

En  Alcántara, tan sensible sus vecinos al tema del expolio que en sus campos venían realizando los ganados trashumantes como hemos visto anteriormente, la roturación de varias dehesas por parte de los yunteros tuvo consecuencias inmediatas, según cuentan las crónicas.

“La abundancia de granos fue notoria, con la moderación de los precios; vivía el pobre sin zozobra, se empleaba mucho en la labranza, y no se conocía la ociosidad. Pero tan idílica situación duro poco, porque las fuerzas de los trashumantes cortaron el paso a los labradores, haciéndoles volver a la miseria de los Baldios, aniquilando la labor y escaseando los granos, y experimentando los efectos contrarios a los que habían perseguido el rompimiento de unas tierras tan aptas y dispuestas para la producción agrícola”.

Aunque la puesta en marcha de la Reforma de Godoy supuso un alivio para los labradores extremeños, conllevo una agria respuesta por parte de los propietarios de la tierra, quienes al verse condicionado sobre el destino que habitualmente venían dando a sus fincas, elevaron el precio de los contratos de arrendamiento hasta unas cotas que superaban con creces las habidas hasta el momento.

Sintiendo los ganaderos trashumantes, que el desarrollo del Real Decreto podían llevarles en un futuro a tener problemas de arrendamientos, y  que la disminución de las tierras para pastos  podía aumentar sus  precios. Muchos  de ellos optaron por comprar sus propias fincas, comenzando de ese modo el binomio terrateniente-absentista que tanto perjuicio ha causado a Extremadura.

A terminar el Siglo XVIII,  la sociedad extremeña se dividía claramente en dos: la sociedad del privilegio, y la sociedad de la desigualdad. Una primera forma de desigualdad radicaba en la discriminación del pueblo llano ante la Hacienda Real, ya que todos eran obligados a pagar alcabala exceptos los privilegiados, que no eran otros que: los nobles, caballeros, oligarcas, clérigos, y la iglesia, que constituían además un compacto bloque de poder en todo los sentidos, ya que además de no pagar a la hacienda,  monopolizaban todos los cargo políticos y administrativos.

Era por lo tanto una sociedad marcada por unas escandalosas desigualdades  entre la minoría privilegiada y poderosa, y la mayoría aplastante del pueblo, obligado a vivir en la penuria o la pobreza.

 

 

Distintos autores, como Meléndez Valdés,  se refirieron a Extremadura al terminar el mencionado siglo, con una visión pesimista de su situación general: “Desertización, falta de industrias, abundancias de tierra incultas, y miseria”. El siglo terminaba y la postración era uno de los rasgos definitorio de Extremadura, y al mismo tiempo un reto para el nuevo siglo que comenzaba.

El Siglo XIX  comenzó con la gran crisis de 1.803-1.804 consecuencia del proceso demográfico y económico vivido por la región sobre todo en la segunda mitad del siglo anterior y por unos años de cosechas escasas que provocaron una brusca subida en los precios de los cereales, cuya secuelas se prologaron prácticamente hasta el inicio de la Guerra de la Independencia.

La solicitud de numerosos pueblos solicitando se tomaran las medidas oportunas para emplear a la ingente masa de jornaleros, obligo a los poderes públicos a tomar una serie de medidas encaminadas a paliar el hambre, y de ese modo evitar que se produjeran asonadas y motines de la población.

Tal era la situación, que en 1.803 hasta el Obispo de Coria se vio en la necesidad de repartir más de 39.700 reales entre los vecinos más pobres de: Hoyos, Coria, Santa Cruz, Ahijar, Alcántara, Brozas, Membrio, San Vicente, y varias alquerías de las Hurdes.

La agitada centuria del siglo XIX con sus sucesivas y no siempre afortunadas modificaciones del mapa de España, conllevo unas veces a unas tendencias unificadoras y otras disgregadoras del territorio extremeño, lo que supuso de nuevo cambios en sus límites territoriales.

 El día 1 de enero de 1.800 con motivo del Plan aprobado por Carlos IV en junio de 1.799 entro en vigor una nueva demarcación provincial, en la que se agregaron a la “Provincia de Extremadura” algunos pueblos de Toledo y Salamanca, y en 1.801 como consecuencia de la Guerra de las Naranjas se incorporaban  de nuevo a Extremadura por las fuerzas de las armas, las localidades de Olivenza y Táliga, que pertenecían a Portugal desde el siglo XVII, quedando de ese modo definitivamente consolidada la frontera extremeña con Portugal.

Pero no fue la Guerra de las Naranjas, sino la de la Independencia la que tuvo mayor trascendencia y repercusiones para Extremadura. La invasión de España por las tropas de Napoleón en 1.808 dio lugar a levantamientos populares. Nuestra Región además de ser ocupada por los franceses, fue una vez más  escenario de la guerra.

El alzamiento del Alcalde de Móstoles, encontró enseguida eco en Extremadura, dos días después en Badajoz,  el General de Extremadura “Conde de la Torre del Fresno” convoco a una Junta Militar en la que se acordó redactar una Proclama dirigida a todas los pueblos cabeza de partido poniéndolos en estado de alarma por: “El riesgo inminente en que se encontraba nuestro amado soberano y el gobierno”.

Las noticias llegadas a Badajoz de lo ocurrido en Sevilla a finales de mayo, levantaron los ánimos de los ciudadanos. El día 30,  no se celebraron las ceremonias previstas para la jornada en conmemoración del Rey. Este hecho desato un levantamiento popular, y al grito de “Viva Fernando VII y mueran los franceses” los vecinos de Badajoz se amotinaron y acudieron  en busca del Capitán General.

Acusado de traidor, su casa fue asaltada y  él brutalmente asesinado, después de ser perseguido por las calles.

   En junio de 1.808 toda Extremadura se había levantado en bloque contra los franceses, y lo que es más transcendente, había roto toda relación con la estructura político-administrativa del Antiguo Régimen.

Como resultado de la quiebra de las instituciones, y del vació de poder por la ausencia de Fernando VII, se constituyeron en casi todos los pueblos “Juntas de Defensa Populares”, destinadas principalmente asumir el poder y a declarar la guerra a los franceses.

Para coordinar todas las juntas locales se creó la “Junta de Defensa de Extremadura”, que aunque nació como consecuencia de los movimientos populares, tuvo una composición netamente oligarca y que debido a la situación bélica que vivía la Región, estuvo instalada provisionalmente en varios pueblos: San Vicente y Valencia de Alcántara, Brozas, Cáceres, Coria y Garrovillas.

Una de las primeras medidas que tomo la Junta fue la creación del Ejército de Extremadura y las medidas necesarias para su financiación. Ya que debido a la importancia que adquirió Portugal, tanto por parte francesa como inglesa, convirtió a Extremadura objetivo de uno y otro ejército.

La creación del ejército fue posible por las aportaciones eclesiásticas y populares, a través de donaciones y del incremento de la presión fiscal. La financiación conto desde el primer momento con la ayuda de la Iglesia, a través de los obispados de Plasencia, Coria y Badajoz, ya que veían un claro enemigo para sus intereses el laicismo de  Francia. Sin embargo a la hora de la recaudación fiscal hubo serios incidentes entre la población, ya que se utilizaba el sistema del Antiguo Régimen, que era tremendamente injusto y agravaba enormemente a los campesinos.

Él ejercito extremeño, aunque llego a contar con 20.000 hombres,  y a pesar de que estaba mal organizado y carecía de la preparación militar necesaria, participó activamente en todos los encuentros y batallas habidas en tierras extremeñas contra él ejército de Napoleón.

Además de oponerse al paso del Tajo por las tropas francesas en los puentes de Almaraz, Alconetar, y Alcántara. En 1.809 participo en  la sangrienta batalla de Medellín, donde perdieron la vida cerca de 10.000 españoles, y en 1.811 en la de la Albuera, donde las tropas españolas derrotaron a los franceses.

Un año más tarde era recuperada la ciudad de Badajoz, y aunque en su toma perecieron unos 800 franceses y 5.000 entre ingleses y españoles,  lo peor llegaría posteriormente con el fusilamiento de los españoles considerados colaboradores de los franceses. Conquistada Badajoz, prácticamente toda Extremadura quedo liberada del yugo francés.

La lucha contra el ejército invasor durante cuatro años en suelo extremeño, como no podía ser de otra forma, tuvo importantes repercusiones socio-económicas para nuestra Región.

La primera fue de tipo demográfico, ya que durante el periodo que duro la guerra, aumento notablemente la mortalidad, debido tanto a las bajas como consecuencias de las sangrientas batallas, como por la muerte de los ciudadanos en defensa de sus pueblos.

Y es que el Ejército de Napoleón durante su estancia en Extremadura hizo del pillaje, robo, saqueo y asesinato una práctica casi generalizada.

Localidades como: Casatejada, Zarza la Mayor, Serradilla, Guijo de Galisteo, o Talavera la Real fueron prácticamente destruidas, y otras muchas situadas cerca de la frontera con Portugal como: Olivenza, Valencia, San Vicente, Brozas, Coria  o Alcántara fueron prácticamente arrasadas, sus habitantes vejados, sus cosechas quemadas y sus ganados saqueados, quedando las mismas en la más pura miseria.

Mientras media España estaba en guerra contra los franceses, el 22 de mayo de 1.809 la Junta Suprema Central ordeno mediante  Decreto la celebración de Cortes Constituyentes,  pero ante el avance de las tropas francesas, debió de pasar más de un año hasta que los diputados elegidos (y no todos) pudieron reunirse en la Isla del León (actual San Fernando), trasladándose posteriormente a Cádiz.

A Extremadura según la Instrucción para la elección de diputados a Cortes, confeccionada al efecto en 1.810 le correspondía una representación muy numerosa en relación con su número de habitantes, ya que la mencionada instrucción le asignaba 12 representantes.

Uno de ellos debía ser elegido por la Junta Suprema de Extremadura, otro por cada una de las ciudades extremeñas que hubiesen tenido ya representantes en las anteriores Cortes y los nueve restantes serian y representarían a la Región en su conjunto. Celebradas las elecciones en julio salieron elegidos 8 diputados de ideología liberal, siendo su máximo representante Diego Muñoz-Torrero y cinco absolutistas  capitaneados por Francisco María Risco.

El día 24 de septiembre de 1.810 tuvo lugar la primera reunión de las Cortes, donde desde ese mismo momento los diputados extremeños empezaron a tener un gran protagonismo, tomando la iniciativa de los debates, unos a favor de las ideas liberales  y otros en contra, como sucedió en los debates de la abolición de la Inquisición y de la libertad de prensa entre Muñoz-Torrero y Risco, el primero a favor y el segundo en contra.

Diego Muñoz Torrero fue el primer diputado de las Cortes que tomo la palabra para exponer la necesidad de hacer una declaración  institucional donde se incluyesen todos los poderes con que habría de contar las Cortes. Según algún historiador la propuesta y la declaración habían sido preparadas con anterioridad por el mismo y los también diputados extremeños Manuel Lujan y Antonio Oliveros.

Y es que Diego Muñoz-Torrero, no solo sobresalió sobre el resto de los diputados extremeños; sino que fue una de las mentes más abiertas y pesantes que tuvieron  las Cortes de Cádiz, siendo el  presidente de la Comisión Redactora de la Constitución, y llegando incluso a presidir las propias Cortes.

Junto al también diputado extremeño Manuel Lujan presento a las Cortes, un texto con once puntos, que recogía según su pensamiento liberal  todo lo relativo a la “Soberanía Nacional”, desde la inviolabilidad de los diputados, hasta el reconocimiento de Fernando VII como Rey de España.

Debido a la incidencia que el tema tenía para Extremadura, otro de los asuntos en cuyas discusiones tuvieron una amplia participación los diputados extremeños fue el relativo a la finalidad que se le debía dar a los bienes concejiles y a los terrenos baldíos.

Mientras los absolutista con Antonio Riesco a la cabeza proponían la venta de los baldíos, convencidos en la utilidad de la enajenación, para que los pueblos pudieran hacer frente a la deuda motivada por los gastos de la guerra.

 Calatrava y Muñoz-Torrero, criticaban las ventas y manifestaban los males que a su juicio habrían de tener, ya que solo los ricos podrían acceder a la subasta, incrementando así sus ya grandes patrimonios, reforzándose de ese modo la acumulación de tierras; mientras que a los pobres en cambio se le privaba de los únicos bienes en que hasta el momento habían tenido algún disfrute.

Por lo que defendían no la venta, sino el reparto gratuito entre los labradores y cualquier vecino de los pueblos que los solicitaran y demostrasen su necesidad.

En otro de los temas que tuvo un gran protagonismo Muñoz-Torrero fue en los debates sobre la nueva estructura territorial. Aunque el hecho territorial, era una cuestión, que no figuraba como urgente entre la mayoría de los diputados, el tema lógicamente se debía de debatir en las Cortes y plasmarlo en la nueva Constitución, pues era necesario crear una nueva estructura territorial de España, que desmantelara la compleja y casi caótica organización jurídica-administrativa del Antiguo Régimen, para adaptarla a una adecuada reordenación territorial, de acuerdo con el modelo de “Estado Unitario Descentralizado” propuesto por el grupo mayoritario liberal que controlaba la Cámara.

Retiradas las tropas de ocupación francesas ha mediado de 1.813 y terminada la Guerra, la Secretaria de las Cortes expreso a la Regencia que era el momento de desarrollar el artículo 11 de la Constitución.

El día 12 de junio del mismo año se presentaba a las Cortes una proposición de Ley, que entre otras cosas exponía: “Quieren las Cortes que la Regencia reuniendo todos los datos que estime necesarios, presente el Plan de división política más conveniente del territorio, para proceder a su examen y aprobación”.

El proyecto le fue encargado al Director del Depósito Hidrográfico de Cádiz y geógrafo, Felipe Bauza, quien desde hacía algún tiempo venía trabajando sobre el tema. En dicho proyecto Extremadura junto a otros nueves territorios como: Cataluña, Aragón, Valencia, León o Galicia era considerada región/provincial de primer orden.

Pero dicha división administrativa no llego a entrar en funcionamiento, ya que el 4 de mayo de 1.814,  Fernando VII  abolió el sistema constitucional emanado de las Cortes de Cádiz. Y hubo que esperar a la llegada de nuevo al poder de los liberales en 1.820 para proceder  a poner a punto el mandato constitucional de las Cortes de Cádiz, sobre  la reorganización territorial.

La comisión que elaboro el dictamen escindió de la Alta Extremadura parte de la comarca de las Hurdes y la asigno a Salamanca, sin embargo otros pueblos de Salamanca  pasaron a formar parte del territorio extremeño, así fueron agregados a Extremadura entre otros: Baños, Hervas, Descargamaria, Robledillo, Villamiel, Trevejo y San Martin de Trevejo.

Igualmente pasaron a forma parte de Extremadura los pueblos de: Berrocalejo, El Gordo, Talavera la Vieja, Peraleda, Galvin, Guadalupe, Bohonal, Castañar de Ibor y Navaentresierra.

Establecida la nueva organización provincial, Plasencia reclamo el derecho a ser la capital de la Alta Extremadura, argumentando su solicitud entre otras por: “Su cercanía a las cortes y lo alejado de Cáceres para los pueblos del Jerte y la Vera, así como mejores comunicación entre los pueblos con la capital, disponer de buenos edificios públicos, contar con un mercado importante y con obispado”.

Su petición no fue atendida, prevaleciendo los criterios políticos y administrativos que daban prioridad a Cáceres, sobre cualquier otro lugar.

Mediante el decreto de 27 de enero de 1.822,  España se dividía de manera provisional en 52 provincias. Extremadura debido a su extensión fue definitivamente dividida en dos con capitales en Cáceres y Badajoz  y con el mismo nombre que sus capitales, rompiéndose de ese modo la unidad histórica de siglos de una sola Provincia para definir Extremadura.

Aunque la configuración geográfica-administrativa cambio notablemente, no así la estructura socio-económica, ya que  las crisis agrarias o crisis de subsistencia fueron una constante durante diversas décadas. La primera crisis comenzó en él último trimestre de 1.833, la cosecha de ese año fue extraordinariamente escasa debido a la sequía que se produjo en la primavera, surgiendo problemas de abastecimiento de cereales y pan en las poblaciones, lo que conllevo la paralización de la sementera y la siembra en otoño y un aumento del paro en el campo.

A comienzo de octubre la Reina Gobernadora procedía  a la concesión de 10.000 fanegas de granos, con objeto de socorrer a los pueblos extremeños para el abastecimiento y la siembra. Pero la reducida cosecha de 1.834 vino agudizar aún más el problema, ya que llevo un incremento del precio de pan, lo que supuso que el hambre, la mendicidad y la miseria se ensañaran por los pueblos extremeños.

La Sociedad Económica de Badajoz, preocupada  de la espantosa miseria de la que iban a ser víctimas tantos pobres y tantas infelices familias, que habían  quedado arruinadas por la falta de cosechas y por no haber quien les ocupara para poder ganar un jornal. 

Proponía para solucionar aquellos males: arrendar los baldíos de las ciudades y villas, abrir socorros públicos, establecer una “sopa económica” para niños, pobres y mendigos, la realización de obras públicas para dar empleo a los trabajadores, y la creación de un Monte de Piedad al que contribuirían las autoridades y persona más pudientes de la provincia”.

Pero el hecho más importante ocurrido en la primera mitad del Siglo XIX, y que mayor repercusión va a tener para  la Región, no fue la división de la Provincia de Extremadura en dos, ni las crisis de subsistencia, ni las epidemias.

Si no que fueron la desamortización de Mendizábal, y sobre todo la de Madoz de 1.855, por las cuales la gran mayoría de los bienes de propios y comunes de los pueblos y comunidades de vecinos, pasaron a manos privadas, agravándose aún más la situación del campesinado extremeño, que se quedó sin tierras para labrar ni baldíos donde dar de comer al ganado.

El día  5 de febrero, Pascual Madoz presentaba en las Cortes su proyecto de ley de desamortización. Según el mencionado proyecto, serian enajenados los patrimonios rústicos pertenecientes al clero, el estado, los ayuntamientos y los improductivos llamados  “manos muertas”, destinándose los beneficios obtenidos por su venta a nivelar los presupuestos del Estado, amortizar la deuda pública, y a financiar un vasto plan de obras públicas.

Apenas se tuvo conocimiento en la Región de dicho proyecto, comenzaron a enviarse desde los municipios e instituciones numerosas representaciones a las Cortes para exponer a los diputados,  el tratamiento que según ellos, había de darse a los bienes de propios y comunes de los pueblos.

Para unos, como los representantes de: Hornachos, Medellín, Olivenza, Jaraicejo, y un largo etc., la futura ley debía de considerar exceptuados de la venta todos los bienes pertenecientes a los propios y comunes de los pueblos por ser propiedad de los vecinos y una fuente para su sustento.

Para otros pueblos como: Galisteo, Carcaboso, Riolobos, Horguera, Majadas, Montehermoso o Fregenal pedían la parcelación de las tierras concejiles en tantos trozos como vecinos labradores hubiera en el pueblo, y el reparto entre ellos.

Durante la tramitación de la Ley en las Cortes, los diputados extremeños hicieron una defensa a ultranza de los intereses de Extremadura en general y en particular de sus campesinos.

Así el diputado cacereño Godínez de Paz exponía: “Los campesinos extremeños tendrán que sufrir la ley  del propietario y la sufrirán con fuerza, un año venderán una mula y otro un buey, hasta quedar reducidos a  la triste condición de jornalero”. Este será el resultado inmediato de la desamortización de los Bienes de Propios.

Y se preguntaba: ¿Quién vendrá a sucederles? Contestándose él mismo: “Vendrán a labrar sus antiguas tierras los absentistas- capitalistas y a pastar en ellas las grandes ganaderías trashumantes”.

Igualmente, el diputado por Badajoz  Juan Andrés Bueno, en la sesión de las Cortes celebrada el 27 de marzo decía: “Que alguien debía ser sacrificado por las circunstancias económicas en que se encuentra el Estado y este sacrificio por lo visto le toca a Extremadura”.  Y exponía: He recibido representaciones de 120  pueblos, y una de esas representaciones me decía: “Que la venta de dichos bienes, obligaría a todos los vecinos a emigrar  en busca de un trozo de pan”.

Estando ya a punto de finalizar los debates parlamentarios, y cuando la aprobación de la ley parecía inminente, intervino por última vez el diputado cacereño Montemar, preguntándose: ¿Pero qué va a suceder en los pueblos, si se venden los bienes de propios? ¿Quién los va a comprar? ¿Los pobres extremeños? Los pobres no, porque no se pueden presentar a las subastas, ya que nada tienen.

Y concluía diciendo: “Los diputados por Extremadura hemos cumplido con nuestro deber apoyando las reclamaciones de los pueblos, que para eso nos han nombrado sus representantes. Pero a pesar de ello, muy mal librada ha salido Extremadura una vez más, en beneficio de otros”.

A pesar de la fuerte oposición de los diputados extremeños y de la gran mayoría de los ciudadanos y entidades de la Región, el día 1 de Mayo de 1.855 se promulgaba la Ley de Desamortización. Ley por la que el Pueblo Extremeño sufría un duro revés y la pérdida de uno de sus más tradicionales medios de vida.

Se calcula, que en Extremadura se pusieron a la venta unas 34.000 fincas con una extensión de  1.300.000 hectáreas (casi el 32% de la superficie total de la Región), lo que supuso unos ingresos para las arcas del Estado de casi 1.000 millones de reales.

En la provincia de Cáceres pasaron a manos privadas algo más de 16.700 fincas rusticas de todo tipo, que suponían  más de 650.000 hectáreas.

Las 39.000 hectáreas enajenadas en Cáceres capital, las 32.000 en Trujillo, las 21.700 en Alias, las 14.400 en Brozas, las 11.800 en Logrosan o las 11.000 en Cañamero, son suficientemente expresivas de las grandes extensiones que perdían los ayuntamientos y comunidades de vecinos en la provincia de Cáceres.

Las desamortizaciones que tenían que servir según Mendizábal para: “La división de las grandes propiedades para reducirlas a suertes que estén al alcance de los ciudadanos honrados y laboriosos”. Sirvieron para todo lo contrario; ya que el 36% de las tierras desamortizadas pasaron a manos de la nobleza y de la burguesía absentista y otro 38% a grandes propietarios y labradores acomodados de las ciudades y pueblos extremeños.

La Desamortización es para algunos historiadores, uno de los hecho más importante y negativo que ha sufrido Extremadura en toda su historia, porque la concentración de la propiedad en manos de unos pocos y mayormente absentistas, hipoteco su desarrollo socio-económico, estrangulando la posibilidad de un desarrollo industrial; ya que la expulsión de los labradores de las tierras enajenadas, conllevo un aumento considerable del número de jornaleros, lo que supuso unos costes sociales muy elevados: Pobreza, emigración y despoblación.

Pero como las desgracias no vienen solas, la desamortización trajo con ella, el nacimiento de una nueva  figura “EL CACIQUE”. Personaje siniestro que tanto daño ha hecho a Extremadura en general y en particular al desarrollo y  a la vida social de los pueblos extremeños.

En palabras del historiador  Manuel Muñón de Lara, el Cacique era: “El ricachón del pueblo; él mismo es terrateniente o representante del terrateniente que reside en la Corte; de él depende que los obreros agrícolas de los pueblos trabajen o se mueran de hambre, que los yunteros sean expulsados de las tierras o que las puedan cultivar y que el campesino medio pueda obtener créditos. La Guardia Civil del pueblo está en connivencia con él, el maestro que vive miserablemente debe someterse a él, y el párroco prefiere colaborar con él. En definitiva, es el nuevo feudal, señor de vasallos”.

Tal incidencia socio-económica tuvo la Desamortización, que en la segunda mitad del Siglo XIX tuvieron que emigrar unos 150.000 extremeños, principalmente a Ultramar (Argentina) y en el interior a Madrid.

Y es que como dijo el ingeniero catalán Bayer y Bosch: “Cáceres y Badajoz en el antiguo Reino de Extremadura son las provincias donde existieron las grandes dehesas comunales cuya enajenación dio lugar a escandalosos atropellos, habiendo servido únicamente para enriquecerse unos cuantos de señoritos, que se marcharon a las capitales de provincia o a la Corte, para gastar tranquilamente sus rentas, quedando una gran masa de población en la mayor miseria”.

 

En esa situación de decadencia, creo que nadie se alarmara, por  el alto grado de analfabetismo de la sociedad extremeña. A mitad del siglo XIX, el 78% de los ciudadanos extremeños no sabían leer ni escribir, existiendo una gran diferencia entre los hombres y mujeres, ya que estas últimas solo sabían leer el 17%.

Las causas de alto índice de analfabetismo venia motivado por dos causas principalmente: la deficiente estructura educativa tanto de escuelas como de maestros, lo que conllevaba hacinamiento y mala calidad de la enseñanza, y el alto grado de absentismo escolar debido a la situación socio-económica de la mayoría de la población extremeña.

El tiempo que los niños deberían dedicar a la escuela era derivado a la obtención de recursos económicos para ayudar a la economía familiar. La edad escolar y laboral se confundían, siendo aún más grave en el caso de las niñas, ya que el gran número de ellas que debían atender las faenas de la casa incrementaba su falta a clase, de hay que el analfabetismo se cebara en el sexo femenino.

El sexenio democrático de 1.868-1.874, significo para Extremadura al igual que para otras regiones un momento cargado de esperanza. La irrupción y el posterior arraigo de las ideas republicanas harán que Extremadura viva una aventura ilusionada con brotes de federalismo cantonalista y un replanteamiento del sentir regionalista.

El manifiesto de la Junta Revolucionaria de Badajoz del 30 de septiembre decía así:

 “La bandera de la libertad ondea triunfante en nuestra capital, el pueblo y las fuerzas de la guarnición han fraternizado, se han unido en un solo pensamiento. Han sucumbido, pues los desertores de todas las causas políticas, los secuaces de la inmoralidad, y de la depravación monárquica.

 

Extremeños: Aprovechemos el tiempo para fecundizar, para asentar de manera estable la causa de la revolución, para que al fin se realicen por el voto nacional en Cortes Constituyentes, todos los progresos, todas las grandes reformas que la razón la justicia y los derechos de la humanidad reclamen.

No olvidéis que para cimentar sólidamente el nuevo edificio social, se necesita del concurso, la fuerza, el poder y la enérgica iniciativa de todos los ciudadanos verdaderamente liberales.

Extremeños:¡Viva la libertad¡ ¡Viva la soberanía nacional¡.

El decreto del Gobierno Provisional, de 9 de noviembre sobre el ejercicio del sufragio universal, reconocía  el voto  directo y secreto a todos los varones mayores de 25 años, y modificaba la circunscripción electoral, quedando Extremadura dividida en cuatro distritos electorales: Badajoz, Castuera, Cáceres y Plasencia.

Convocadas las elecciones, en las que se elegía entre dos formas de gobierno: Monarquía o República, el resultado de la mismas fue un claro triunfo de los monárquicos democráticos, que con 256 escaño ganaron a los 85 escaño obtenidos por los republicanos.

El resultado en Extremadura fue muy significativo, pues en la provincia de Badajoz de los nueves escaños en litigio, tres fueron para los republicanos, mientras que en la de Cáceres todos los escaños fueron para los monárquicos.

La Constitución  de 1.869 emanada de aquellas Cortes, no solo era la más liberal de las constituciones europeas; sino que la colocaba en la vanguardia de ellas.

En su título Primero por ejemplo se establecía toda una declaración de los derechos individuales, a los que se debían supeditar todos los poderes públicos. Por primera vez en España se garantizaban y se reconocían: La seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la propiedad privada, el derecho a la libre expresión, de reunión y asociación, y el ejercicio de cualquier culto”.

El republicanismo  después del resultado de   las elecciones acordó,  que para que en el pueblo fueran  creciendo las ideas republicanas era conveniente celebrar pactos federales entre las regiones, en los que además de levantar el espíritu regionalistas, vinieran a construir una fuerte organización política, que un día respondiese a la necesidad de una República Federal.

En Extremadura uno de los mayores exponentes de aquel republicanismo fue Evaristo Pinto,  hijo de un médico de Cabezuela del Valle, comprometido desde muy joven con la política de ideas democráticas, republicanas y federalistas, que trato de defender y propagar por medio del periodismo.

Para ello fundo el periódico “El Demócrata”, en unión de otros compañeros afines a su ideario, periódico que sería el precursor del combativo “El Cantón Extremeño” fundado en julio de 1.869 y que serviría de plataforma para dar a conocer sus ideas cantonalistas y republicanas, encaminadas a posibilitar la formación de un Cantón Extremeño ligado a la antigua Lusitana.

El día 30 de abril de 1.872. Evaristo Pinto se dirigía a los ciudadanos de la comarca de Plasencia en estos términos:

Extremeños! Cuando a vuestro poder haya llegado esta hoja, la bandera de la santa causa de nuestro pueblo ondeará en todas partes. La Vera de Plasencia habrá dado el grito de libertad e independencia. Aunando nuestros esfuerzos quedará de una vez limpia nuestra patria de miserables y traidores arrojando de su suelo para siempre a sus tiranos y crueles enemigos.

Extremeños! no vaciléis, la hora de vuestra regeneración ha sonado. El grito de insurrección es el sublime acorde que en este momento ha de embriagar el espíritu de los buenos. Acudamos presurosos al sitio del combate donde nuestros hermanos nos esperan y el más sagrado deber nos llama. Y llenos de valor y confianza venid con nosotros a conquistar la libertad e independencia que hombres infames y llenos de ambición arrebataron un día a nuestra adorada y querida Extremadura”.

Durante el reinado de Amadeo I de Saboya de 1870 a 1873,  continuaron los problemas de orden público en el mundo rural, ya que el campesinado extremeño no olvidaba el agravio que para ellos supuso la desamortización de los propios y comunes de los pueblos, que habían sido su sostén de vida.

Los campesinos de Jerez de los Caballeros pedían se pusieran de nuevo en vigor los “Giros”, para que de ese modo los labradores del pueblo pudieran tener tierra que labrar. Al igual que los campesinos de Albuquerque que solicitaban que sus famosos “Baldios” volvieran a la situación anterior a la desamortización, para que pudieran labrar sus tierras.

Entre los incidentes del invierno de 1.873, son de destacar los ocurridos  en las localidades de la provincia de Badajoz como Burguillos del Cerro, Feria o Medina de las Torre entre otros, en los que se produjeron asaltos e incendios y ocupaciones de fincas. Estos hechos, fue utilizado por la prensa conservadora para desprestigiar al régimen democrático y añadieron apoyos a los políticos alfonsinos que trabajaban por la restauración de los Borbones y del liberalismo no democrático.

Por otro lado, la llegada de la I República, trajo consigo la cuestión federal, que aunque de forma efímera, trato de ofrecer un nuevo marco de relaciones entre los distintos territorios que conformaban el País.

En el proyecto constitucional de 1.873, Extremadura aparecía como uno de los quince estados federados que constituían la República Federal de España.

La experiencia, aunque fracaso enseguida y solo dejo en nuestra Región una huella muy endeble, no impidió que aunque minoritario, un número de extremeños en los años sucesivos siguiera trabajando y luchando por el federalismo, llegando incluso a redactar una Constitución Extremeña, para en el caso de la implantación en España de una futura Republica Federal.

En cuanto al problema de la tierra, la  I Republica planteaba la total revisión de los vigentes derechos de propiedad, emanados de las leyes desamortizadoras.

Pi y Margall  propuso a las Cortes que para abordar el problema: “No era preciso cambiar en beneficio de las clases jornaleras la forma de venta de los bienes nacionales, sino que era preciso modificar la legislación desamortizadora, y que en adelante las enajenaciones, se harían no por venta, sino por el censo de agricultores, ayudando a los jornaleros para ir pagando en pequeñas partes, afín de que fueran propietarios de sus tierras en pleno dominio”.

 

El proyecto significaba una dura crítica a la política desamortizadora anterior, y aunque tenían conciencia de la necesidad de una Reforma Agraria, y se intentó abordarla, la corta vida republicana no permitió llevar a cabo más que pequeñas modificaciones, que no consiguieron alterar la realidad de la propiedad agrícola, ni atenuar las fuertes agitaciones en el campo por el problema de la tierra.

Y es que la situación que se vivía en algunas regiones como Extremadura, no se solucionaban con pequeñas modificaciones, ya que requerían una reformas profundas, si de verdad se quería modificar la estructura de la propiedad agraria existente, ya que por ejemplo los mayores propietarios de Extremadura en 1.875 eran:

• El Duque de Fernán Gómez
• Marque de Perales
• Conde de Torrearías
• Márquez de Mirabel
• Duque de Medinaceli
• Duque de Abrantes
• Duque de Alba
• Conde de Adanero
• Márquez de Monroy
• Duque de Osuna

Todos ellos asentistas y propietarios de varias fincas por toda la geografía extremeña.

En el transito del  siglo, la sociedad extremeña seguía siendo dual, formada casi exclusivamente por dos clases: la burguesía formada por la oligarquía y terrateniente, y la clase baja formada por los yunteros y jornaleros.

Los primeros poseían la mayor parte de la tierra y ostentaban los cargos públicos, mientras que los segundos eran una masa desheredada sin tierra que vivían en ínfimas condiciones de vida  sometido a los abusos de la clase alta, lo que  conllevaba una sociedad injusta, desigual y discriminatoria. Sirva como ejemplo que de los 44.134 propietarios que había en la provincia de Cáceres, 729 es decir el 1,6% poseían el 57,8 % de la tierra.

Ante la creciente conflictividad  generada por dichas desigualdades sociales.  En 1.890 las Cortes aprobaron la creación de la “Comisión de Reformas Sociales” para conocer el alcance real del problema agrario en Extremadura y  Andalucía.

En 1.892 dicha comisión realizo un “Informe sobre el Campo Cacereño” en el que entre otras cosas decía: “La mayor parte de la propiedad en esta provincia está en pocas manos. Existen además un número de pequeños propietarios; pero la suma de sus propiedades no supera el 15% del total de la provincia”.

Y criticaba de forma muy dura la Desamortización: “La desamortización no ha dado el resultado que de ella se esperaba, entre ellos la formación de pequeños propietarios, ello debido a la manera en que se han vendido las fincas, ya que no estaban ni siquiera al alcance de aquellos que contaban con medianos recursos”. 

En esa Extremadura, nada más comenzar el Siglo XX, va a suceder un HECHO en Extremadura, que iba a dar no solo la vuelta a España; sino que traspasaría incluso las fronteras.

En el verano de 1.902 en Don Benito, que entonces era el pueblo más grande de España con cerca de 17.000 habitantes, tenía lugar un horrendo Crimen.

Una pobre viuda que para sobrevivir se dedicaba a la costura, y su joven hija de 18 años, eran asesinadas después de un intento de violación, por: un Señorito local, un amigo de este y la complicidad del Sereno, que pidió a las mujeres que le abrieran la puerta.

Antes tal deplorable asesinato, el pueblo llano se hecho a la calle pidiendo justicia, ya que al pertenecer el principal sospechoso del asesinato a unas de las familias más poderosa de la comarca, pensaban que no sería declarado culpable.

Durante el prologando tiempo de la instrucción, las manifestaciones de vecinos por las calles de Don Benito fueron constantes, llegando incluso a montar guardias ante la cárcel, el Ayuntamiento y  el Jefe Político Local, ya que temían que fuera trasladado a Badajoz y allí tuviera lugar un juicio de guante blanco.

Tal fue la presión del pueblo unido en la calle, que llegado el momento los jueces de Badajoz tuvieron que desplazarse a la localidad, para celebrar en ella el juicio.

Al ser considerado por el Tribunal, el Señorito y su amigo culpables del crimen y ser condenados a muerte, el Pueblo pidió que fueran ejecutados en la plaza, ya que consideraban que había sido la “justicia popular” quien les había condenado a muerte, y por lo tanto debían de morir delante del pueblo.

Al final la ejecución, se celebró en el patio de la cárcel, pero pidieron que fuera pública, para que pudieran confirmar su ejecución, ya que su desconfianza en la Justicia Oficial era tal, que consideraran que al pertenecer el señorito a la Oligarquía Extremeña, su ejecución no se llevaría a fin.

El Crimen de Don Benito, aunque se ha querido encuadrar en la “España Negra”, para algunos sociólogos no pertenece a ese tipo de crímenes. Ya que consideran que fue un “Crimen de Clase”, que representa la realidad de la Sociedad Extremeña de la época: “Un señorito oligarca, que vivía de las rentas y que después de una noche de juerga, cree que tiene todo el derecho a que una hermosa joven de 18 años se le entregue a él, ya que considera que la clase a la que pertenece puede obligar por la fuerza a una joven  porque sea pobre a que sacie su apetito sexual, y al no admitirlo,  la mata porque no puede consentir ese desaire de una persona de menor rango social”

 En 1.910 de nuevo la “Comisión de Reformas Sociales” elaboro un  Informe sobre la situación de Extremadura.  Según dicho informe, en la provincia de Cáceres había 40.000 jornaleros, el 13% de su población, siendo el salario medio de un jornalero 4 reales, pudiendo llegar a las 2 pesetas en la época de la siega y del esquileo, y puntualizaba: “Jornal insuficiente para poder mantener  una familia”; ya que solo en pan gastaba la mitad de su salario.

Como los jornales del padre difícilmente le permitían aún en años normales, atender las necesidades básicas de la familia, se hacía necesario el esfuerzo laboral de todos los miembros de la casa. Por ello, la asistencia a la escuela de los hijos de los jornaleros, era un lujo que no estaba a su alcance. Pues no hay que olvidar, que las labores propias de un bracero durante el año eran: El esquileo en abril; la siega de los cereales y recolección hasta agosto; en octubre la sementera y después la montanera. En el mejor de los caso  entre unos 160 y 170 días al año, el resto  generalmente estaba parado.

 

Tal era la situación crítica en la que vivía el campesinado, que la Iglesia Extremeña  siguiendo las directrices del Papa León XIII comenzó a intervenir en la cuestión social agraria, creando   los Sindicatos  Católicos Agrícolas, los cuáles a través de la cooperación y el mutualismo perseguían conseguir arrendamientos colectivos  para sus afiliados,  autoayuda entre ellos, y  prestamos mancomunados al objeto de sacar a los campesinos de las garras de los usureros.

A pesar de los esfuerzos realizados y del éxito de algunas experiencias aisladas, el resultado final no fue satisfactorio, pues la propia Iglesia se encontró con la oposición de la oligarquía agraria extremeña detentadora del poder económico-social en el campo extremeño, que fieles a su tradicional egoísmo no apoyaron dichos sindicatos.

Por otra parte,  el Socialismo también comenzó a tomar la situación agraria como una de sus prioridades. En 1.910 su líder, Pablo Iglesias visito Extremadura al objeto de potenciar  las Sociedades Agrarias y Obreras, ya que hasta ese momento solo había en la provincia de Cáceres por ejemplo, una sociedad obrera del campo de clara orientación socialista, pero con una gran experiencia, era: “El Progreso Agrícola” de Plasencia que para solucionar la crisis de trabajo en el campo que sufría la Ciudad, había conseguido que el Ayuntamiento le concediese para su explotación la dehesa municipal Valcorchero.

          

Unido directamente a la degradación del campo, iba el aumento  de la Emigración. Ese mismo año,  el diputado liberal por Cáceres, Rivas Mateos manifestó que la emigración era ya un problema capital para la Región: “ Extremadura, con 15 habitantes x kilometros cuadrado, zona de colonización de España, muestra hoy una emigración tremenda y brutal, hombres que en la plenitud de su vida abandonan sus hogares y marchan a las republicas sudamericanas, pensando quizás en la riqueza que su pueblo oculta y que la negligencia del gran dueño o señor deja pudrirse en la tierra, sin beneficio para nadie y con perjuicios para todos….la causa principal son los latifundios….pero a esto añado otra no menos evidente, que es el absentismo de los grandes terratenientes extremeños”.

Aunque el movimiento obrero se había iniciado en Extremadura en la segunda mitad del XIX, ante la situación que vivía el campesinado extremeño, la lucha obrera se convirtió en una constante. El 1º de mayo de 1.898 hubo una gran movilización de mujeres en Badajoz   para protestar por el alto precio del pan. Al día siguiente el diario “La Región Extremeña” decía: “Un gran número de mujeres se dirigieron al Gobierno Civil para pedir  al Gobernador se rebajase el precio del pan. Como no salieron satisfechas  de la entrevista, se dirigieron  a la Puerta de Palma cerrando la entrada y gritando “El pan a real”, hasta que fueron disueltas por la Guardia Civil”.

Dos años despues surgió en el campo extremeño una asociación llamada la “Germinal Obrera” que desempeño una gran actividad reivindicativa. En aquel verano movilizo a miles de campesinos en defensa de mejores salarios, celebrándose un congreso agrario en Torre de Miguel Sesmero, que fue duramente reprimido,  siendo disuelta  la Asociación y sus dirigentes encarcelados.

Pero en 1.901,  la misma Asociación propuso para el 21 de mayo una Huelga que se vio apoyada por otras asociaciones como las de: Alconchel, La Albuera, Olivenza y Alburquerque. La mediación del Gobernador Civil puso fin al primer conflicto agrícola del siglo XX en Extremadura, que finalizó con el logro de buena parte de los planteamientos de los campesinos y la consolidación del fenómeno asociacionista obrero.

Por otro lado, el declive que sufrió España como Nación motivado por el desastre de 1.898, conllevo el mayor movimiento regionalista habido hasta entonces en la Historia de España, movimiento que supero a los registrados como consecuencia de las anulaciones de los derechos de Autogobierno adquiridos por las regiones durante la Primera República. Fue precisamente aquel año cuando Sabino Arana consiguió ganar el primer escaño nacionalista en la Diputación de Vizcaya, y cuando se elaboró el “Manifiesto Regeneracionista” de Barcelona, por el que se pedía emprender una política descentralizadora y como primer paso de ella una Diputación única para Cataluña.

Extremadura no quedo aislada de aquel efervescente movimiento, y enlazando el mismo con el surgido en el sexenio democrático, a través de algunos intelectuales se fue formando un discurso de una Extremadura abandonada por los poderes públicos centralistas.

Ello fue lo que llevo en 1.907 al diputado a Cortes por Badajoz, Juan Muñoz Chaves a lanzar la idea de constituir la “Unión Extremeña”.

Para concretar su objetivo, en enero de 1.908 se celebró en Badajoz una asamblea de representantes de diferentes organismos públicos y privados: Cámara agrícola, comunidades de labradores, cajas rurales, sindicatos agrícolas, cámaras de comercio, sociedades obreras, etc., aprobándose las bases que debían regir su constitución, cuyo objeto era: “El fomento y defensa de los interese de Extremadura, bajo la enseña de la Patria Española”.

Para tal fin se nombraría un directorio con personas de prestigio social y protagonismo público, libre de todo compromiso político, que sería el encargado de orientar los esfuerzos en pro de Extremadura.

Sin embargo enseguida comenzaron las dificultades dentro de grupo. El propio Muñoz Chaves debió deshacer las suspicacias que levantaba cualquier referencia que pusiese en peligro la Unidad de la Patria.

Al final todo quedo en buenas palabras y mejores intenciones; las rivalidades políticas y las propias contradicciones del grupo, hicieron inviable el proyecto. Pero la realidad era que aquel ambicioso proyecto no tenía base real y lo que es más importante objetivo alguno.

Sin embargo, el mayor impulso del regionalismo extremeño se produciría en los años de la crisis de la monarquía de Alfonso XIII, así el 21 de diciembre de 1917 se reunieron en Badajoz convocados por dos figuras notables de la intelectualidad pacense como eran: Regino de Miguel y Ricardo Carapeto, diversos miembros de la clase media: comerciantes, industriales, profesores y profesionales liberales con el objeto de estudiar ante la inminencia de los cambios anunciados, la mejor manera de defender los intereses de Extremadura, constituyendo a tal fin la “Unión Regional Extremeña”.

Sin embargo, JUAN LUIS CORDERO, unos de los máximos representante del regionalismo extremeño, escribía en su libro: “Regionalismo, problemas de la provincia de Cáceres” editado ese mismo año: “Regionalismo a mi entender, es el punto ideal en que convergen las aspiraciones de una región, en el común sentir y el común obrar. No puedo negar que pudiera existir espíritu regionalista. Lo que si afirmo es que no se ha procurado por nadie capacitado para ello, encauzar la existencia de ese espiritu, recogiendo y aunando voluntades dispersas, en beneficio  de la colectividad.

Cuanto hasta ahora hablaron en nuestra tierra de Regionalismo, lo hicieron en víspera de elecciones o pretendiéndolo encauzado por corrientes desaseado a la derecha”.

El impulso que el proceso autonómico tomaba en otros puntos del País, como era en Cataluña donde la Lliga presionaba al Presidente del Consejo de Ministro para la presentación de un proyecto de Estatuto para Cataluña, conllevo a la creación de la “Asamblea Regionalista” al objeto de estudiar y formular el modelo de autonomía para Extremadura.

Las diputaciones provinciales que hasta entonces habían vivido de espalda al movimiento regionalista, se unían a él, reuniéndose en Mérida el 26 de noviembre de 1.918, acordando hacer un llamamiento a las fuerzas vivas de la Región para que recabaran del Gobierno la aprobación de un Estatuto para Extremadura, a tal efecto abrían una gran “Encuesta Regional” para conocer la opinión pública extremeña ante el hecho autonómico.

El número de respuestas que se recibieron fue muy numerosa, procedente de todo tipo de instituciones: Públicas, privadas y  de particulares. Del estudio de las mismas se deducía una gran confusión acerca de la opción autonomista, así como el alcance que debía tener la misma.

Al tiempo que esto sucedía, un grupo de jóvenes de la comarca de Alcántara, constituían un grupo en defensa de lo que hoy llamaríamos “Regionalismo Social”, que propugnaba entre otras cosas, una reforma Agraria, que cambiara la estructura de la propiedad, una industrialización tomando como base la producción agrícola y ganadera y una modificación de las elecciones a representantes a Cortes, ya que consideraban que los diputados elegidos no  representaban al pueblo extremeño, sino que se representaban a ellos mismos y a sus intereses.

A pesar del ferviente  regionalismo que se vivía en aquel momento en Extremadura, solo el médico de Salorino, Antonio Elviro Berdeguer, que por su profesión conocía con gran profundidad la situación de pobreza y miseria en que vivía el pueblo extremeño salto a la arena política.

En las elecciones a Cortes de 1.918 se presentó por el Distrito de Alcántara frente al candidato conservador y amigo personal del Rey Alfonso XIII, Antonio Garay Vitorica, financiero madrileño, industrial vasco, y uno de los mayores terratenientes de Extremadura.

Aunque fue derrotado, consiguió un notable apoyo de los ciudadanos, a pesar  de la compra de votos por parte de Garay, así como el adelanto del cierre de los colegios electorales y pucherazo por parte de los caciques locales en algunos pueblos.

La burguesía agraria y la legión de caciques no podían admitir  los duros ataques que les dirigía, ya que les consideraba y denunciaba como responsables de la miseria en que vivía el pueblo extremeño, por lo que no dudaron en desprestigiarlo  acusándole de connivencia con el político catalán Cambo, llegando a ser rechazado por muchos de aquellos que se auto-denominaban regionalistas.

 Pero él inasequible al desaliento siguió luchando por su ideales, y en 1.920 con el objetivo de divulgar sus planteamientos público el Manifiesto “Extremadura para los extremeños” en el cual analizaba las causas que motivaban el atraso que vivía Extremadura y a sus responsables, así como  las soluciones que se debían adoptar, entre las cuales proponia: la devolución de los terrenos de propios y comunes que les fueron  arrebatados a los Pueblos con la Desamortización; una Reforma Agraria integrar que además del reparto de tierra entre yunteros y jornaleros, debía desarrollar entre otras cosas: escuelas de formación y capacitación agrícola, la construcción de pequeñas presas de regadíos, una red de carreteras  para poder sacar los productos agrícolas, y una Caja de Crédito Agrícola, para la concesión de pequeños préstamos a los campesinos y de ese modo eliminar a los usureros.

Tambien, durante aquellos años, se organizaron en Extremadura diferentes actos de afirmación regional, en 1.923 se desarrollaron en Mérida unos Juego Florales que tuvieron una impronta regionalista, y ese mismo año se organizó una Romería Regional a Guadalupe como símbolo de la identidad extremeña. Romería que fue calificada por la prensa del momento como una importante manifestación de afirmación extremeñista, proponiendo crear un Día de Extremadura, conmemorarlo en Guadalupe y celebrarlo el día 8 de septiembre como la fecha más apropiada.

La coronación por el Rey Alfonso XIII de la Virgen de Guadalupe el 12 de octubre de 1928 como Reina de la Hispanidad, por su contribución a la espiritualidad de la conquista y colonización de América, supuso un impulso para el movimiento regionalista, ya que una vez más para ellos Extremadura se convertía en un referente, al ser la Virgen venerada como Patrona de Extremadura y de la Hispanidad, conceptos indisolubles en el pensamiento de los regionalistas extremeños.

Sin embargo los campesinos extremeños no estaban para romerías regionales, ni para coronaciones

 En Olivenza, incluso en la época de la recolección 600 jornaleros no tenían trabajo, y en Campanario el problema era aun mayor pues el número de parados llegaba a los 1.000. Un periódico local de la época decía: “Muchos jornaleros que llevan meses que no trabajan tienen que darse unas largas caminatas para traer una carga de leña sobre sus hombros, que se les paga a 1,25 cuando el jornal está a 10 pesetas.

Tan grave era la situación en que vivía el campesinado extremeño, que hasta la conservadora Iglesia Católica tuvo que cambiar sus postulados.

Mientras a principio del siglo, solo  proponía crear Sindicatos Agrícolas y Caja Populares para hacer arrendamientos colectivos y  para impedir la usura, sin entrar a cuestionar la propiedad de la tierra.

 En 1.921, León Leal que era el máximo representante del Catolicismo Social en Extremadura, en una conferencia que pronunció en el Ateneo de Madrid, revelo su desanimo después de llevar veinte años luchando por solucionar los problemas del campo ya que había llegado a la conclusión: “Que la simple creación  de sindicatos agrícolas no resolvía el problema; ya que los propietarios no querían ni siquiera arrendar sus tierras a estos sindicatos, a pesar de estar creados por el movimiento católico”.

Y reconocía, que el verdadero motivo de la miseria de Extremadura se debía al latifundio y al absentismo, ya que la mayor parte de las tierras eran cultivadas mediante arrendamientos por subasta, lo que suponía continuas subidas para los labradores. Por lo que consideraba: “Que se imponían unas hondas reformas en el régimen de la propiedad, ya que muchos de los males de Extremadura tenían como causa la concentración de la propiedad en pocas manos; así como la existencia de enormes masas de gente trabajadora sin propiedad alguna”.

En esas condiciones de vida, no puede extrañar que la Emigración fuese la única salida que tenía la mayor parte de la población extremeña,  como lo denuncio el escritor y presidente de Caja de Piedad de Plasencia,  POLO BENITO en su Libro “El problema social del campo en Extremadura” editado en 1917: “Los yunteros y pequeños labradores se arruinan como nunca en los años de escasas cosechas, y los braceros se mueren de hambre. Unos y otros emigran a América o se someten a la voracidad de los traficantes que reclutan obreros para Francia”.

              Asi, si entre 1.901-1.910 emigraron 12.138 personas

              Entre 1.911-1.920 lo hicieron 18.894

              Y entre 1.921-1930 fueron 31.517 extremeños los que salieron de la Región.

Y todo ello, a pesar de que durante la segunda  década, el campo extremeño experimento el mayor desarrollo que jamás había tenido a lo largo de su historia, motivado por la fuerte demanda de cereales y otros productos para alimentos de la población, por parte de los países que habían participado en la I Guerra Mundial desarrollada en Europa entre 1.914 y 1.918.

El alto precio que alcanzaron los mismos, y el rendimiento económico que ello suponía, conllevo la puesta en marcha por parte de los terratenientes extremeños del mayor número posible de tierras de labor, alcanzándose casi los 2 millones de hectáreas de cultivo en Extremadura, cantidad que no se había alcanzado nuncay que no volvería a tener lugar posteriormente.

En aquellos años, los terratenientes con el objeto de poner en explotación el mayor número de superficie en el menor tiempo posible, consideraron a los yunteros como socios privilegiados para poner en producción la mayorcantidad de hojas de labor. Ya que los yunteros eran los mejores conocedores de cómo realizar los desbroces de las dehesas y su preparación para su cultivo, además de poseer los elementos necesarios, como eran la yunta y los aperos de labranza, con lo cual los dueños de la tierra no tenían que hacer inversión alguna, solo tenía que poner la tierra.

Aunque la demanda de tierras para labrar, también conllevo un aumento del precio de los arrendamientos, muchos jornaleros vieron la oportunidad de alcanzar un peldaño en la escala social y se convirtieron en yunteros, para lo cual gran cantidad de estos no tuvieron más remedio que caer en las manos de los usureros sin escrúpulos, que le prestaron el dinero que necesitaban a un alto interés, llegando incluso al 30% anual, con lo cual una vez más los campesinos eran en los que menos revirtió el aumento de la renta agraria, pues los más beneficiado de dicho aumento fueron los dueños de la tierra y los usureros.

Una vez terminada la Guerra y los países intervinientes en el conflicto comenzaron a cultivar sus tierras que habían abandonado durante la contienda, la demanda de cereales disminuyo notablemente y el precio experimento una gran caída, lo que en el caso de Extremadura conllevo la disminución de la agricultura y la vuelta de gran número de hojas de labor a tierras de pastos para la explotación ganadera por parte de los terratenientes, ya que la ganadería necesitaba menos mano de obra y gastos de explotación y consecuentemente les era más rentable que la agricultura.

En 1925 el dirigente socialista, Manuel Cordero visito la Región para conocer la realidad que estaba viviendo el campesinado extremeño después de la disminución de las tierras para labrar, manifestando: “Estamos recorriendo una de las regiones más ricas de España: Extremadura. Y siendo parte de su suelo de una capacidad productiva extraordinaria, el pueblo vive miserablemente. ¿Por qué?. Porque así lo disponen los dueños de la tierra, muchos de ellos ni siquiera conocen donde están sus propiedades. Y es que la propiedad extremeña está concentrada en pocas manos, pudiéndose decir, que aunque legalmente se abolió el feudalismo, aquí subsiste prácticamente”.

Como consecuencia de ese retraimiento de la agricultura, se produjo un excedente de yunteros, y lo que es peor la ruina de un gran número de ellos, ya que mientras la cantidad de tierras para labrar había disminuido notablemente, los precios siguieron en el mismo valor que habían alcanzado en los años de la gran demanda, y como los arrendamientos eran mediante subastas, se produjo una lucha entre los propios yunteros para hacerse con las pocas tierras que salían para labrar.

Muchos de aquellos jornaleros que se habían endeudado a través de los préstamos de los usureros para convertirse en yunteros, no solo se arruinaron y debieron vender la yunta y los aperos, volviendo a su situación primitiva de Jornaleros, e incluso algunos en peor situación, ya que les embargaron los pocos enseres que tenían, incluso sus casas, con lo cual quedaron en la más absoluta indigencia.

La situación lo recoge el periodista, Luis Bello del diario EL SOL cuando visito Brozas en 1.926: “Entramos por la plaza mayor, de tipo castellano, ancha para correr toros. Si llegamos muy de mañana, estarán allí los braceros, en grupo. Es la feria de todos los días. A esa hora vendrá-¡o no vendrá!- el capataz del terrateniente: ¡Tantos hombres necesito hoy! ¡A tanto pago!. Y los demás  a holgar a entretener el hambre, pues en estas Villas Históricas abundan las familias de jornaleros sin jornal, que no comen caliente más de treinta días al año”.

Primo de Rivera durante su Dictadura,  intento realizar una pequeña Reforma Agraria, pero más por motivos políticos que sociales. Para él las huelgas que se habían producido en España con anterioridad a su llegada al poder, venían motivadas por el clima de inestabilidad que recorría Europa con motivo de la Revolución Rusa de 1.917, solo unos días después de tomar el poder en septiembre de 1.923 declaro: “Mi revolución llega a tiempo para prevenir en España otra revolución de tipo soviético”.

Años más tardes escribiría sobre su fracasado intento de Reforma: “Acometí la redacción de tres Reales decretos... uno creando el Registro de Arrendamientos de Fincas Rústicas; otro contra la ocultación de la  riqueza territorial, y el tercero, estableciendo el Libro de Ventas. El primero y el tercero se implantaron totalmente; el segundo no.  Yo contaba con una seria oposición, pero no en el grado con que se desató. Algunos de mis colaboradores me lo anunciaron: No se meta usted con los terratenientes, porque está usted perdido. No creía el augurio, pero resultó exacto”.

El año 1.930 fue crítico en Extremadura, a la devaluación de la peseta se unió la falta de compradores para el trigo, lo que motivo una reunión de los alcaldes de la provincia en Cáceres a la búsqueda de una solución global al problema.

Proponiendo que los propietarios cobraran la renta en especie al objeto de evitar la quiebra total de los yunteros y que se negociara la venta del grano excedente extremeño a Portugal.

Por otro lado, el paro comenzó a ser alarmante, y al llegar el invierno reapareció en los pueblos una gran conflictividad   política-social, y es que el campo extremeño comenzaba a despertar políticamente, como preludio del 14 de abril del 31.

Como en toda España, el advenimiento de la II República se vivió en Extremadura con emoción y alegría popular, pero también con serenidad y sin ningún tipo de exceso por parte de la población.

Desde el primer momento, en la gran masa social que componía el proletariado agrario, surgieron grandes expectativas y esperanza de cambio, así como un extraordinario deseo de una reforma que modificara en profundidad la estructura agraria y el sistema de producción existente en Extremadura.

Los yunteros y jornaleros esperaban de la Republica, el principio del fin de su angustiosa situación, por ello enseguida pusieron encima de la mesa al nuevo Gobierno la falta de tierras y el elevado precio de los arrendamientos.

En lo referente a la Autonomía Regional suponía solo una preocupación relativa para un pequeño número de extremeños,  no siendo demandada por el pueblo, por ello no tuvo en Extremadura la misma intensidad que en otras regiones.

En aquel momento, es la burguesía extremeña y los más conservadores del espectro político extremeño los que se convierten en los mayores  defensores del Regionalismo Extremeño, aunque su conversión más que por convicción, era para defender sus intereses y frenar el avance republicano-socialista en Extremadura.

En los medios de comunicación conservadores irán surgiendo voces partidaria del reconocimiento para Extremadura del derecho a tener una Autonomía en igualdad a otras regiones, así como la creación de una Fuerza Política que concurriera a las elecciones bajo la bandera del regionalismo.

Fue así como nació la Plataforma “Solidaridad Extremeña”, que aunque levanto mucho entusiasmo, no llego a cuajar debido a la gran diferencia de ideas y de criterios políticos de sus componentes.

Formadas las Cortes Constituyentes, dos de los primeros temas que tenían que abordar según lo acordado eran: la “Cuestión Regional” y la Reforma Agraria.

La cuestión regional a propuesta de los representantes políticos catalanes y la Reforma Agraria propuesta por el Partido Socialista para  solucionar el problema de la tierra en las regiones latifundistas, principalmente en Extremadura y Andalucía.

Aunque el Gobierno era consciente de la necesidad urgente de la Reforma Agraria, quiso que la misma fuera debatida profundamente en las Cortes, pues desde el primer momento la burguesía agraria y sus partidos, desataron una campaña contra la reforma, sosteniendo que era un problema ficticio que habían creado los partidos de izquierda para atraerse a las masas campesinas.

Pero como la situación del campo era tan crítica, no había transcurrido un mes desde su toma de posesión y el Gobierno tuvo que empezar a tomar medidas para lograr mejorar las condiciones laborales de los campesinos, tales como:

Aumentar los salarios, fijando un mínimo diario.

Establecimiento de la jornada de ocho horas en el campo.

Bajar los precios de los arrendamientos, y revisar los contratos de aparcería.

El decreto de términos municipales que obligaba a los propietarios a la contratación de mano de obra del pueblo.

El decreto de Laboreo Forzoso que obligaba a los terratenientes a realizar labores de escardado, desbroce y arado de las dehesas.

La creación de los Jurados Mixtos.

Y por último, el decreto de reconocimiento de los accidentes de trabajo en el campo.

Todas estas normas legislativas tenían una gran carga social auspiciada por Largo Caballero y Fernando de los Ríos, ministros socialistas de Trabajo y Justicia.

Los jurados mixtos ponían por ejemplo en el mismo nivel a los jornaleros y yunteros que a los grandes propietarios para la resolución de los conflictos del campo,  y el seguro de accidente igualaba a los obreros del campo, con los de la industria. 

Normas que aunque supusieron una revolución sin precedente en el agro español, no afectaban para nada al gran problema de la propiedad de la tierra, ni constituían en si una reforma agraria.

A pesar de lo cual, la Asociación de Propietarios de Fincas Rusticas de Extremadura salía en defensa de la dehesa, como modelo de explotación, argumentando la escasa fertilidad y profundidad del suelo en Extremadura, por lo que para ser rentable era necesario el modelo tradicional agro ganadero y de grandes extensiones.

 Y aunque manifestaban su deseo de colabora con el Gobierno y  contribuir a que disminuyeran los conflictos entre los arrendatarios y los dueños de las fincas, exigían libertad para el empleo de máquinas agrícolas, el respeto a la propiedad individuar, libertar en el modo de explotar sus tierras, y en la forma de contratar a los trabajadores.

Presentado el proyecto de Ley de la Reforma, para su posterior debate y aprobación en las Cortes. Los propietarios extremeños por medio de diversas instancias, comenzaron a demostrar su desacuerdo con alguno de los puntos que se recogían.

Así la Cámara Agraria Provincial de Cáceres, manifestaba que se había realizado urgentemente y con poca información, y decía que era gravemente perjudicial para la producción agrícola y ganadera, ya que las grandes fincas eran las únicas que podían ser rentables en Extremadura, y que el laboreo y siembra de las hojas era posible, si se compatibilizaba con la ganadería.

Con estas apreciaciones empezaban su campaña de boicot a la Reforma Agraria, proponiendo eliminar del proyecto todas las fincas cualquiera que fuera su extensión de encinares, alcornocales y pastos, haciendo solo los asentamiento en aquellas que los dueños voluntariamente quisieran ofrecer y pagándolas al precio del mercado. Eso sí, admitían que se dedicaran a los asentamientos las pertenecientes al Estado, diputaciones y municipios, pero no los antiguos bienes de propios y comunes.

Mientras que los diputados discutían lentamente proyecto tras proyecto, los campesinos extremeños se debatían con los problemas derivados del paro forzoso y los bajos salarios.

Terminada la recolección y el ciclo agrícola, algunos yunteros fueron expulsados por los dueños bajo el pretexto de dedicar las tierras a pastos.

 El Gobierno reacciono, obligando a los propietarios a roturar y sembrar las tierras cuando en el término municipal hubiera obreros en paro.

Pese a las adopción de dicha medida, el final del año 31 y el comienzo del 32 fue de gran conflictividad en el campo extremeño, la eclosión tan fuerte de los yunteros se debió a que querían que el Gobierno les diera una respuesta a su situación, ya que ellos decían: “no aspiraban a poseer la tierra, pero si al menos poderla trabajar”.

EXTREMADURA en ese momento se convierte en el epicentro de la Reforma Agraria de España, y los medios de comunicación tanto de carácter nacional, como internacional, empiezan hacerse eco de todo lo que allí sucede respecto a la misma.

El día primero de enero en el pueblo de Feria hubo un gran disturbio, resultando muerto un campesino y heridos varios Guardias Civiles, y a los pocos días en Plasencia sucedía lo mismo al invadir algunas dehesas afiliados a la Federación de Trabajadores de la Tierra y ser desalojados a tiros por la Guardia Civil.

Pero fueron los sucesos de Castiblanco los más graves de todos, el día 30 de enero una manifestación de más de 300 vecinos recorrió el pueblo apoyando la huelga general del día siguiente, ese día el pueblo amaneció tomado por las fuerza del orden, no se sabe cómo comenzó todo, pero el resultado fue: dos campesinos muertos y varios heridos, así como  cuatro números de la guardia civil brutalmente linchados hasta su fallecimiento.

El levantamiento militar fracasado del General Sanjurjo el 10 de agosto produjo un cambio en el ritmo de elaboración y contenido de la Reforma Agraria,  pues los partidos republicano de izquierda y el socialista se radicalizaron, al comprobar por el Golpe como la oligarquía agraria no admitía reforma alguna en el campo español, aunque esta fuera moderada.

Por fin, el 9 de septiembre del 32 veía la luz la Ley de Base de la Reforma Agraria, que se empezaría por aplicarse en Extremadura, Andalucía, Toledo, Albacete y Salamanca, creándose a tal fin el Instituto para la Reforma Agraria (IRA) que sería el órgano ejecutor y al que se le dotaba inicialmente con 50 millones de pts. Cantidad a todas luces insuficientes según los expertos.

Según el Registro del IRA, la cantidad de fincas y superficie afectada en Extremadura, eran algo más de 5.000  propietarios, de los cuales la mitad eran terratenientes.

Igualmente afectaba a30.500 fincas de las que 2.287 eran grandes fincas, y otras 2.104 tenían más de 250 has.

En total en la provincia de Badajoz la Reforma afectaba en un principio al 36,7% de toda la tierra útil provincial.

Aprobada la Ley, ahora solo quedaba ver si la misma era aplicada con energía por el Gobierno, ya que su puesta en marcha  era lo único que podía calmar, en alguna medida los exaltados ánimos del campesinado extremeño.

 

Durante el otoño, la crisis en el campesinado se fue agudizando, los jornaleros pasada la recolección no encontraban trabajo, y las tiendas de comestibles al carecer de capital no les podían fiar.

Por otro lado los yunteros y pequeños labradores no podían sembrar, unos al carecer de simientes y otros porque a partir de septiembre habían sido expulsados de las dehesas que venían cultivando por los propietarios.

En estas circunstancias, unidos los yunteros y jornaleros, iban a dar al Movimiento Campesino una fuerza y un carácter semi-revolucionario que no había tenido hasta entonces, con invasiones masivas de fincas y su posterior roturación.

La radicalización de los campesinos fue auspiciada y asumida por la Federación Provincial de la UGT de Cáceres, que en aquel momento contaba con 48.000 afiliados a la Federación de Trabajadores de la Tierra.

Aunque algunos de sus miembros seguían confiando en la reforma para acabar con el problema del hambre en Extremadura, comenzaron a surgir en su seno voces que desconfiaban en la capacidad de la “Republica Burguesa” para realizar el ideal de justicia social propugnado por los socialistas.

La más autorizada de estas voces, era la de Felipe Granado, Presidente de la Federación Provincial Obrera. Para este dirigente socialista el grito de los “esclavizados labriegos de la gleba” pidiendo tierras, no tenía la contestación adecuada en la pretendida Reforma Agraria.

 

Ante la primera oleada de ocupaciones de tierra en septiembre del 32, cuando los propietarios se negaron a renovar los contratos a los yunteros, el Gobierno reacciono con el Decreto de Intensificación de Cultivos, que aunque reconocía  a los propietarios el derecho a decidir el destino que daban a sus fincas, deberían posibilitar a los yunteros tierra hasta la cosecha del 34, momento en que estos deberían abandonarlas y pagar la renta correspondiente.

La lentitud con la que se iba acometiendo la Reforma estaba siendo fuente de grandes problemas para la Republica. A la propia complejidad de la Ley, se unía la lentitud burocrática en su aplicación, los altos coste de las expropiaciones, los bajos presupuestos para su desarrollo, la resistencia de los propietarios y los conflictos sociales.

A comienzo del año 33, un gran número de dehesas fueron invadidas y roturadas por los yunteros, en su opinión se trataba de roturar las fincas sin destruir los pastos para la ganadería.

 Ante las ocupaciones de fincas, de nuevo el dirigente, Felipe Granado justificaba el hecho: “No como una violación de la legalidad republicana, si no como una forma de simplificar las dilaciones burocráticas, diciendo que gracias a las roturaciones de tierra (cuya fecha debería ser conmemorada en un monumento) habrá pan en España”.

Tal fue el número de fincas invadidas y roturadas que el Gobierno, aunque había comenzado ya la selección para los asentamientos, se vio obligado a reconocer muchas de estas ocupaciones, considerándolas efectuadas al amparo del Decreto de Intensificación de Cultivos.

Para hacer efectiva  la reforma en Extremadura, se creó un nuevo cargo inexistente hasta el momento en el Estado Español: Gobernador General de Extremadura al que se  le autorizaba realizar asentamientos por iniciativa propia, de acuerdo con las necesidades y medios existentes.

Para dicho cargo fue designado el ingeniero agrónomo, Luis Peña Novo, gran conocedor de la situación del campo extremeño, ya que en el 32 fue el encargado de realizar el Informe para el Gobierno sobre la situación en el Campo Extremeño,  el cual terminaba con una frase que lo decía todo. “El estado revolucionario del campo extremeño no admite las esperas del rigorismo legal”.

En las elecciones generales celebradas el 19 de noviembre de 1.933,  en Extremadura triunfaron los radicales de centro derecha con 8 diputados, seguido de la CEDA con 7, y a distancia se situaban los socialista con 5.

Aunque el triunfo de los Radicales y la CEDA en un principio no supuso ninguna parálisis en  el desarrollo de la Reforma, ya que se aprobaron algunas normas que afectaban muy directamente a los yunteros extremeños, como fue que el IRA expropiara y ocupara las tierras incluidas en el registro o las cedidas por los Propietarios.

Pasados unos meses, y ante la presión de los terratenientes exigiendo a los tribunales la devolución de las tierras ocupadas y la anulación de los asentamientos realizados por el Gobernador General

 El Gobierno estableció que los yunteros estarían obligados a abandonar irrevocablemente en el próximo otoño las tierras que venían cultivando al amparo del decreto de intensificación de cultivos.

En el mes de febrero del 34, se produjeron en toda Extremadura invasiones masivas de fincas, con la participación de un gran número de yunteros, sirva de ejemplo: que en Brozas participaron 785, en Arroyo 577, en Zarza 525, o en Navas 402.

El Gobierno Conservador,  pensó en mandar al Ejército para sacar a los campesinos, pero el responsable de la Guardia Civil en Extremadura le aconsejo que no lo hiciera, manifestando: “que a los campesinos solo se les podía sacar de las fincas muertos”.

El día 6 de febrero, el diputado socialista por Cáceres, Luis Romero Solano intervenía en las Cortes exponiendo la grave situación en que vivían  en Extremadura las familias obreras: “En algunos pueblos como en el mío, Alcántara, las familias obreras, se han visto obligadas a entregar a sus hijos a las autoridades.

 El día 22 de enero entregaron cerca de 200 niños en el Cuartel de la Guardia Civil. Y yo he de decir una cosa: que no sé cómo las Juntas de Protección a la Infancia no han elevado su protesta al Poder Público, sobre todo teniendo en cuenta que, recientemente un niño, ante la presencia del hambre, se ha suicidado.

En la actualidad son millares de niños que si no se suicidan con armas, se están quitando la vida por su situación de miseria en que viven; suicidio este mucho más cruel, mucho más trágico y mucho más vergonzoso para la sociedad en que esos muchachos desenvuelven su vida.

 Se da el caso de que siendo los niños quienes más derechos tienen a disfrutar y  gozar de la vida, son los que más privados están, y los que se encuentran imposibilitados de desarrollarse físicamente en las condiciones debidas para el día de mañana poder ser ciudadanos útiles a su País”.

Aunque 1.935 resultara el año más tranquilo en el campo extremeño desde el comienzo de la II República, los graves problemas económicos que asediaban a País, unido al escándalo de estraperlo, y a las diversas crisis ministeriales, conllevo la disolución de las cortes y la convocatoria de  elecciones generales para febrero del 36.

En Extremadura, el triunfo del Frente Popular en dichas elecciones fue rotundo, ya que obtuvo 18 diputados, frente a los 5 de la Coalición de Derecha.

 El éxito de la izquierda supuso un posicionamiento más radical sobre la necesidad de efectuar la Reforma Agraria, para que no sucediera lo que había pasado en la primera etapa del Gobierno Republicano.

A partir del mes de marzo, con el ánimo de los campesinos rayando la desesperación, como consecuencia de la crisis que habían padecido todo el invierno, y pese que el Ministerio de Agricultura publico un decreto concediendo a los yunteros sin bienes de Extremadura  recuperar el uso y el disfrute de las tierras que hubieran labrado, y de que el propio Ministro viajo a Extremadura y aseguro que en unas semanas serian asentados 40.000 yunteros.

 La Federación de Trabajadores de la Tierra cansada de tantas promesas, convoco a los campesinos  a ocupar las fincas.

El 25 de marzo, unos 80.000 campesinos extremeños invadían con sus yuntas y aperos de labranza un gran número de fincas para señalarlas y luego rotúlalas, la llegada de la Guardia Civil  les hicieron retroceder en algunos casos,  pero una vez se habían marchado volvieron a ocuparlas.

Entre marzo y julio fueron asentados en Extremadura 81.297 campesinos en una extensión de 238.797 has., siendo la Región más beneficiada por el reparto de tierras y los asentamientos, a mucha distancia del resto de las regiones.

Dice el historiador y escritor,   Víctor Chamorro, que la identidad extremeña nació con la ocupación de las fincas por los yunteros en marzo del 36: “De repente se produjo una cosa extrañísima, el discurso extremeño sosegado, con paciencia, y manso que había impartido la iglesia, se transformó  y el pueblo extremeño protagonizo una epopeya: el pueblo unido va a dar por primera vez identidad a Extremadura”. Toda la prensa de la época y los tratadistas de las revoluciones del campo dieron cuenta del hecho, que no fue otro que ocupar las tierras que la Republica les había prometido, y no le había dado.

Aquel acontecimiento fue para Chamorro,  el origen de la identidad extremeña, ya que hasta ese momento el pueblo extremeño no había actuado solidariamente y unido.

La Guerra Civil supuso para Extremadura, como para toda España: muerte, dolor, desolación y hambre, pero además en la Región sucedería uno de los episodios más trágico de la Contienda: La matanza de Badajoz del 14 de agosto del 36.

Antes la noticias llegadas de los sucesos del 17 de julio en Marruecos, y del 18 en Sevilla, la intranquilidad se apodero de los dirigentes provinciales del Frente Popular, sin embargo en las dos capitales se viviría de forma distinta.

En Cáceres dirigentes de diferentes partidos políticos trataron de convencer al Gobernador Civil, Miguel Canales, hombre moderado, de la necesidad de tomar medidas a fin de asegurar la situación en favor de la legalidad republicana, pero este se negó en todo momento a entregar las armas.

En una reunión que mantuvo con el Coronel del Regimiento Argel de Cáceres, al objeto de conocer el estado de ánimo del ejército.

El Coronel o no sabía la conspiración que se tramaba en el Regimiento, o bien porque quería engáñales, le dijo que todo estaba tranquilo, lo que le hizo no tomar ninguna medida excepcional.

Pero a las 11,30 de la mañana del domingo día 19, el Comándate Lino al frente de un Batallón, proclamaba en la Plaza Mayor frente al Ayuntamiento el Estado de Guerra, al mismo tiempo que se sublevaban las fuerzas de la Comandancia de la Guardia Civil.

Ocupado sin resistencia el Ayuntamiento, y detenido el Alcalde, las fuerzas sublevadas se dirigieron al Gobierno Civil y la Diputación, siendo también detenidos el Gobernador y el Presidente de la Diputación.

En Badajoz sin embargo el diputado socialista Nicolás de Pablo, y el alcalde Sinforiano Modroñero, junto con el Gobernador Civil constituyeron un Comité,para controlar cualquier movimiento contra la Republica.

Allí,  al contrario que en Cáceres, el Ejército permaneció fiel a la Republica, ya que el General Castello logro imponerse a un conato de sublevación.

Y la Guardia Civil y la de Asalto, al no sublevarse el Ejercito tambien permanecieron fieles a la Republica.

La elección del territorio extremeño para que las tropas sublevadas se desplazaran a Madrid desde Sevilla, va a suponer  que nuestra Región sea el primer campo de batallas de las fuerzas africanas.

El día 2 de agosto salía de Sevilla la Columna de Asensio mandada por el Tte. Coronel del mismo nombre que avanzaría siguiendo la Ruta de la Plata, y al día siguiente la del Comandante Castejón, encargada de cubrir el ala derecha por Llerena.

Mientras tanto a Badajoz capital van llegando sin cesar cientos de obreros y campesinos milicianos que escapaban a la durísima represión desatada por el ejército nacional en los pueblos que iban cayendo en su poder. Los mandos del ejército sublevado, consciente de la importancia de la ocupación de Mérida por ser un nudo muy importante de comunicaciones entre Madrid y la capital pacense,  y al considerar que la ocupación no sería fácil al estar la ciudad bien defendida por fuerzas militares y sobre todo por unas importantes milicias populares, ordenaron  proceder a la unificación de las columnas de Asensio y Castejón, y enviar desde Sevilla para que se uniera a ella, una nueva columna de fuerzas de africanos, legionarios y regulares.

Después de ser bombardeada los días 9 y 10 por la aviación sublevada, con el objeto de debilitar la moral de los defensores, el día 11 Mérida era ocupada.

Ese mismo día el Tte. Coronel Yagüe era nombrado “Jefe Supremo de la Columna de Madrid”, que sería como se llamaría a partir de ese momento, siendo su primera orden consolidad los territorios ocupados y la conquista de la capital.

Al día siguiente las tropas mandadas ya por Yagüe salieron de Mérida camino de Badajoz, llegando a la capital el día 14.

Desde primera hora de la mañana la artillería comenzó a bombardear la muralla en los principales puntos de resistencia, iniciándose a medio día el ataque de la infantería.

Durante todas la tarde hubo duros combates por las calles del centro, pero al anochecer ya habían sido anulados todos los focos de resistencia, comenzando la brutal represión que sufriría la población civil por las tropas nacionales.

El periodista portugués Mario Neves, junto a dos periodistas franceses fueron los primeros en entra en la ciudad la misma tarde del día 14.

De madrugada envío la primera crónica a su periódico “El Diario de Lisboa”, que la comienza: “Acabo de presenciar tal espectáculo de desolación y pavor que tardara de borrarse de mis ojos. Las calles de Badajoz se encuentran llenas de cadáveres”.

Por la mañana, fueron recibidos por Yagüe, quien les dice que la “Acción” ha sido la más importante desde que comenzó la cruzada. Ellos le preguntan que confirme la cifra de 2.000 fusilados hasta la fecha, contestándole “no deben ser tantos”.

En su crónica de ese día escribe con minucia el incendio del teatro López de Ayala, la destrucción parcial del hospital, y la gran cantidad de cadáveres esparcidos por la Plaza de Toros. Así mismo cuenta un detalle de una enorme crueldad “los detenidos que presentan la señal de la culata del fusil en su hombro son fusilados inmediatamente”.

El día 17 sus crónicas fueron censuradas por el Gobierno Portugués de Salazar, pero para entonces el Mundo entero sabia de la matanza realizada por el ejército sublevado, llenándose   Badajoz de corresponsales de los periódicos más importantes del Planeta.

 Uno de ellos fue el periodista estadounidense Jay Allen del “Chicago Tribune”, que conocía Extremadura porque se había interesado por la Reforma Agraria de la Republica. 

El día 25 de agosto escribía: “Esta es la historia más horrorosa sobre la que he tenido que escribir, nada más llegar a la pensión, subí a la azotea, vi fuego, están quemando los cuerpos, 4.000 hombres y mujeres han muerto en Badajoz desde que los morros y legionarios rebeldes del General Franco tomaron la ciudad. Dicen que la primera noche la sangre alcanzo un palmo de profundidad, no lo dudo, se asesinó a 1.800 hombres y mujeres en un plazo de 12 horas, y en 1.800 cuerpos hay más sangre de lo que uno se puede imaginar”.

Dos días después, la Columna de Madrid abandonaba Badajoz, pero a  partir de entonces ya no se la conocerá con ese nombre, sino como  “La Columna de la Muerte”.

Durante la marcha el enviado especial del New York Heralde Tribuna le pregunto a Yagüe que confirmara la cifra de  4.000 fusilamientos. Contestandole:  “Por supuesto que los hemos matados” ¿Qué esperaba? ¿Iba yo a cargar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna tiene que avanzar a marcha forzadas? ¿Iba yo a dejarlos libres en mi retaguardia para que Badajoz volviera a ser rojo?

Terminada la Guerra Civil, los adictos y voceros extremeños del Régimen de Franco ya no veían a Extremadura como una región con identidad propia. Para ellos Extremadura era. “La Cuna de la Hispanidad y Universalidad de España”.

 En 1947 el escritor extremeño, Becerro de Bengoa decía: “Extremadura es el auténtico solar de la Hispania, y añadía Extremadura debía enorgullecerse de haber sido la región más adelantada en la creación y el destino de España”.

Igualmente trataron de identificar los símbolos extremeños con los principios ideológicos que más gustaban al Régimen: Unidad, españolismo, religiosidad, etc.

Así  Alcántara representaba la “españolidad combatiente y católica”; Mérida el carácter fundamental para la creación de un imperio; Guadalupe era el auténtico símbolo de la “epopeya americana”; Cáceres y Trujillo fuente de nobleza e hidalguía; y Yuste y el Palancar “esencias del catolicismo hispano”.

Y manifestaban, que: “El referente para todos los extremeños debían ser los Conquistadores, ya que eran ejemplos de una extensa gama de valores como: dureza, capacidad de sufrimiento, fiereza, fuerza, valor, heroicidad, honradez, casta, arrogancia, virilidad y orgullo. Valores todos ellos que siempre habían distinguido a los extremeños de los pobladores de otras regiones”.

Liquidada la Reforma Agraria de la Republica por el Franquismo, Extremadura entro en una depresión y en un atraso igual al que se encontraba en los años veinte.

En diciembre de 1.945 Franco visito la provincia de Badajoz, y en la capital afirmo: “Vengo a esta provincia porque es la que tiene más hondos problemas entre todas las provincias españolas, y vengo anunciar a estos magníficos campesinos, a estos sufridos labradores de estas pardas tierras extremeñas, que vamos a empezar la obra de su redención”, pidiendo luego al día siguiente en Castuera un margen de confianza y de fe para lograrla.

El día 7 de abril de 1.952 era aprobado el Plan de Obras, Colonización, y Electrificación de la provincia de Badajoz, más conocido como el “Plan Badajoz”.

Ese año en la provincia de Badajoz había registrados 40.229 yunteros sin tierras, y 66.567 braceros, que la mayoría de los días no podían echar un jornal con el que poder dar de comer a sus hijos.

El Plan Badajoz  estaba basado en  el diseñado por el ministro socialista, Indalecio Prieto en la Republica, y  tenía como objetivo principal mejorar la producción y la renta agraria de la provincia, poniendo en regadío 105.000 hectáreas, para lo cual dotaba a la agricultura pacense de una red de electrificación y riego, a la vez que pretendía poner en marcha una industria de fabricación, transformación, y comercialización agraria, teniendo como eje principal el rio Guadiana. Así como la implantación de un tejido industrial  de 89 fábricas y siete plantas industriales a través del Instituto Nacional de Industria.

El plazo para la realización del mismo era de 14 años, de 1.952 a 1.965, pero en 1.963 se amplió, e igualmente en 1.971 extendiendo hasta 1.975 con el Plan Zujar.

Las acciones principales a desarrollar eran:

*La construcción de seis presas: Cijara, Puerto Peña, Orellana, Zujar, Montijo y Alange, con una capacidad de 3.245.000 metros cúbicos.

*La producción de 70.000 KW de electricidad a través de los pantanos del Zújar y Matachel.

*La puesta en regadío de 105.000 hectáreas:

         - 36.000 en las Vegas Bajas.

         - 64.000 en las Vegas Altas

         - Y 5.000 en Alange.

Estas 105.000 hectáreas serian redistribuida entre los antiguos propietarios, que  darían trabajo a unos 30.000 obreros fijos, asentando además 9.000 familias de colonos que labrarían sus propias parcelas que le serían entregadas por el Ministerio de Agricultura.

*Igualmente el Plan conllevaba la repoblación forestar de 50.000 hectáreas en la llamada Siberia Extremeña, y la construcción del ferrocarril de Talavera a Villanueva y de Zafra a Huelva.

De todas las acciones que comprendía el Plan las que tuvieron un menor  desarrollo fueron las referentes al desarrollo industrial, así como la construcción de los ferrocarriles, lo que estrangulo la creación del empleo necesario para absorber la mano de obra campesina de las comarcas afectadas, lo que conllevo un fracaso del Plan, que según Franco tenía que redimir al campesinado extremeño.

En 1.959, con la aprobación del Plan de Estabilización de la Economía, la devaluación de  la peseta y liberalización de las inversiones extranjeras, así como la potenciación desde el Régimen de la Industrialización de Cataluña, Madrid y el País Vasco: La Emigración Extremeña rompió todas las variables, convirtiéndose en uno de los éxodos naturales más importante que se han dado en Europa en ese siglo, de un pueblo en busca de trabajo.

         Y es que mientras esas zonas de España se potenciaban, Extremadura seguía siendo una Región eminentemente agrícola. En esa década el 73% de la población activa extremeña “trabajaba” en el sector agrario, llegando al 85% la población que directa o indirectamente dependía del campo.

Pero el campo debido a la forma de la propiedad, y  a la débil mecanización (el número de tractores en Extremadura no llegaba a la mitad de la media nacional), así como a la falta de recursos económicos no podía mantener tanta población, lo que unido a la falta de industrias que pudieran absolver los excedentes de mano de obra del campo, genero una oferta de trabajadores cuya única salida fue la Emigración.

Así, entre 1.950-1.980 salieron de Extremadura 727.783 extremeños, más del 50% de su población, siendo el periodo comprendido entre 1.961 y 1.975 el que arrojo un mayor número de emigrantes, ya que el mismo dio un saldo emigratorio de 397.145 personas.

De ellos, 317.114 extremeños  lo hicieron al interior, principalmente

         116.761………………………a Cataluña

          97.803……………………….a Madrid

          59.498……………………….al País Vasco

Mientras que 80.031 lo hicieron al extranjero, principalmente a

         Alemania………………………30.203

         Francia………………………...21.630

         Suiza…………………………..24.998

        

Como decía la letra de un cantautor extremeño de la época de la transición: “Se nace en Extremadura, y se muere en cualquier parte, porque el que nace extremeño, lleva sello de emigrante”.

 

Pero no solo emigraban los extremeños, por abandonar Extremadura, lo hacía hasta el rio Tajo.

 

En enero de 1.967 el entonces Ministro de Obras Públicas, Silva Muñoz anuncio el proyecto del Trasvase Tajo-Segura. En noviembre del mismo año comenzaron los trámites legales, y en febrero de 1.968 se abrió el plazo para presentar alegaciones al mismo, presentándose unas 50.000 que fueron estudiadas en solo dos semanas, siendo casi todas ellas rechazadas.

Siendo la Administración Española generalmente lenta, cabe preguntarse. ¿Qué interés había detrás del trasvase,  para que el proyecto fuera aprobado en solo diez meses?.

 Se comento que se debía a un capricho político de Silva Muñoz y a intereses urbanísticos del Levante.

 Casi cincuenta años después lo del capricho político de Silva ni lo sabemos, ni lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que el agua del trasvase además de regar la huerta murciana, riega muchos campos de golf en la zona del Levante.

Una vez conocido el Proyecto del Trasvase, comenzó a crearse en  la Provincia un pequeño movimiento en contra del mismo capitaneado por los alcaldes: Julián Burgos, de Plasencia; Antonio Cisneros, de Alcántara, y Emilio García, de Navalmoral, con el silencio complice del Gobernador Civil, Alfonso Izarra.

Enterado el Ministro de la Gobernación, es sustituido el Gobernador Civil por un hombre no ligado sentimentalmente a la provincia de Cáceres, y  por el contrario si muy ligado a la de Murcia, pues además de ser oriundo de ella había sido seis años alcalde de Cartagena y Presidente de la Comunidad de Regantes de Murcia. Se trataba de D. Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, el cual tomaba posesión como Gobernador Civil de Cáceres el 1 de julio de 1967.

Apenas veinte días después de su toma de posesión, era convocada por el Delegado Provincial de Sindicatos una reunión de cargos orgánicos provinciales al objeto de aprobar una “Moción de gran interés para la provincia”,  según constaba en la convocatoria.

Reunión a la que también asistió el nuevo Gobernador como máxima autoridad de la provincia.

El Delegado de Sindicatos tras defender la necesidad del trasvase, hizo una breve exposición sobre los males que aquejaban a la provincia y  propuso a los asistentes la aprobación de una Moción que incluyera los siguientes puntos:

 

-Un plan de abastecimiento de aguas a los principales núcleos urbanos.

.La puesta en regadío de todas las tierras susceptible de tal.

-Declarar Zona de preferente localización industrial a la provincia.

-El abono de un canon por parte de los usuarios del trasvase para financiar dichas obras.

-Y la creación de una Comisión presidida por el Sr. Gobernador para gestionar con diligencia los puntos expuestos anteriormente.

Solo dos de los asistentes manifestaron no estar de acuerdo. Uno dijo que lo estaría,  siempre que se indicara más claramente en la Propuesta los regadíos a realizar y que estos se realizasen antes del trasvase.

Y el alcalde de Alcántara que le manifestó al Gobernador,  que no le parecía normal: “Que siendo Presidente de la Comunidad de Regantes de Murcia no se inhibiera en la cuestión”

Nada más acabar el acto,  el Gobernador ordeno a los tres alcalde a una reunión, entre otras cosas para echarle una bronca al Alcalde de Alcántara, por lo expresado en la reunión: “Me has violentado delante de todos le dijo muy alterado el Gobernador” y al insistir Cisneros,  el Sr. Trillo-Figueroa elevo el torno y el grueso de sus palabras hacia el Alcalde Alcántara, hasta que el de Plasencia, Julián Burgos no pudo contenerse más y le soto al Gobernador: “Eres un hijo de puta”.

Aquella reunión ni que decir tiene, supuso el fin de la más o menos organizada oposición en la provincia de Cáceres al trasvase; ya que tanto estos tres alcaldes como otros cargos que se significaron,  o tuvieron que dimitir o fueron cesados fulminantemente. Siendo sustituidos por otros más dóciles.

Al año siguiente Julián Burgos sonreía amargamente al enterarse que su sucesor en la alcaldía de Plasencia, Serrano Pino hacia entrega a Trillo-Figueroa de una placa conmemorativa por su brillante gestión como Gobernador Civil de la Provincia. ASI ERA EXTREMADURA.

Por su parte la Diputación Provincial celebro el 2 de mayo de 1968 una Sesión Extraordinaria para tratar el tema del trasvase y aprobar una Moción.

La Moción presentada tenía dos partes: la primera hacia un análisis de la situación de la provincia “El proceso de empeoramiento de la provincia de Cáceres, acelerado por la transferencia de capital y población a otras provincias......lo consideramos no solo injusto desde el punto de vista social, sino falto de lógica económica a corto y largo plazo. Podemos afirmar que jamás ha estado nuestra provincia tan preocupada y unida por un problema común, quizás porque jamás ha tenido que enfrentarse a una situación tan grave como la que se deduce del estudio del anteproyecto. Cuando por interés nacional, cuando para beneficiar a la Comunidad se causa un perjuicio a terceros, se debe indemnizar a este justamente”.

Y terminaba diciendo: “La Diputación  Provincial de Cáceres muestra una vez más su adhesión al Caudillo, no oponiéndose al anteproyecto del trasvase Tajo-Segura como obra técnica, siempre que en  el proyecto definitivo se hagan constar claramente las obras de realizar en la provincia”.

Ante tanta adhesión de las instituciones y cargos políticos al Trasvase, solo un número pequeño de personas a título particular levantaron su Voz contra el mismo.

Uno de esos quijotes fue el exalcalde de Alcántara, Antonio Cisneros quien en junio de 1968 hizo un manifiesto contra el mismo.

 Manifiesto que no pudo conocer la opinión pública, porque el Sr. Trillo-Figueroa prohibió publicarlo en la prensa.

El Manifiesto decía entre otras cosas:

-Seamos sensatos y tengamos cordura ante la información pública del anteproyecto del trasvase de nuestras aguas a tierras del Levante.

-Pero que esa sensatez y esa cordura no sea de servilismo o un conformismo para que otros se aprovechen a nuestra costa.

-Seamos sensatos para defender aunque sea con los dientes, lo que está en juego, que es nada más y nada menos que el porvenir de las tierras cacereñas.

-Nos dicen que el trasvase convertirá en un delicioso vergel a las tierras murcianas a causa de la denigrante sangría de nuestra tierra.

-Nos dicen que el trasvase será sufragado por la renta nacional, lo que es lo mismo, que todos los españoles le haremos un regalo a Murcia.

-Nos llena de pena esa  impasibilidad provincial, porque con el presupuesto que se comenta que costara, nuestro Cáceres se convertiría en la provincia de mayor rendimiento de España

 

Hablan de compensaciones y por lo visto es para incluir en ellas lo mucho que Cáceres necesita, y que están obligados a darnos, no como compensaciones, sino como igualdad y equidad con otras provincias.

 

Es por ello, por lo que debemos mantener nuestro “NO” rotundo y masivo, nuestro “NO” categórico al proyecto y pedir que se mejore nuestra agricultura y ganadería, que con el 50 por 100 del presupuesto del trasvase se puede poner en regadío la mitad de nuestra provincia, que se saque a Cáceres de su miseria para que abandone el deprimente último lugar que ocupa en la renta nacional, en una palabra ¡JUSTICIA PARA CACERES!.

 

El día 19 de junio de 1.971 en el Palacio del Pardo, Franco firmaba la Ley 21/71 por la que se regulaba el trasvase y  las obras a realizar  en la cuenca del Tajo.

El artículo tercero recogía las obras a realizar por los ministerios de Obras Publicas y Agricultura, que en lo referente a la provincia de Cáceres eran:

-La terminación de la transformación en regadío de la zona del Alagón.

-La construcción de la estación depuradora de aguas de Cáceres.

-Los regadíos del Ambroz, del Jerte, del Bronco, de Torrejoncillo y Portaje, del Almonte, del Salor, y de Valdecañas.

-Estudio de las obras a realizar en la primera fase por el Consorcio Provincial de Abastecimiento y Saneamiento de Cáceres capital.

         Como tres años después, las obras de compensación no habían comenzado, el entonces Procurador por la provincia, Sr. Martín Palomino pregunto en las Cortes. ¿Cuándo cumplirá la administración la Ley del trasvase Tajo-Segura?, Contestándole el Presidente del Gobierno, Arias Navarro,  que la mayoría de las obras no eran rentables, calificándolas de antieconómicas.

Ante tan irrespetuosa y cínica respuesta, el entonces Presidente de la Diputación de Cáceres, Camisón Asensio convoco un Pleno Extraordinario en el mes de agosto, en el que se aprobó la siguiente Moción: La contestación  manifestada por el Presidente durante la sesión nos ha sorprendido a todos y en muchos aspectos lamentamos disentir de dicha contestación porque no cuadra dentro del espíritu del “12 de febrero” proclamado por el Presidente del Gobierno en el que se decía que había llegado el momento de corregir los desequilibrios provinciales. Creemos que se olvida en esa respuesta del aspecto social de nuestra provincia, en la que hay un total de 300.000 cacereños en la emigración, que no hubieran marchado de haberse realizado aquellas obras prometidas en la Ley del Trasvase, y que regresarían caso que se realizaran dichas obras.

         El 16 de junio de 1.979 según informaban las agencias de prensa, había comenzado a funcionar de manera definitiva el trasvase Tajo-Segura.

A partir de ese día las aguas del Tajo empezaban a regar las huertas levantinas, mientras que en nuestra provincia no se había puesto en regadío una sola hectárea de las prometidas.

De nuevo la ya democrática Diputación Provincial gobernada  por la UCD, volvía a convocar un Pleno cuatro días después para aprobar una Moción que terminaba diciendo: “Nuestra oposición rotunda a que se trasvase un solo litro de agua en tanto no se lleven a cabo en la provincia, todas las acciones compensatorias prevista en la Ley  del Trasvase de 1971”.

Tanto la Diputación Provincial de Badajoz como la entonces Junta Preautonómica de Extremadura, apoyaron la mencionada moción, pero dicho apoyo tampoco sirvió para mucho, ya que en 1.980 según el Diputado de la UCD por Cáceres,  Manuel Bermejo manifestaba que: “La mayoría  de las obra y proyectos estaban sin ejecutar.  De un presupuesto final de 17.581 millones de pesetas, solo se habían planificado obras por valor de 3.213 millones y solo se habían invertido 895, por lo que tan solo se había realizado el 5% de las obras comprometidas”.

        

Como la mayoría de las obras, proyectos y regadíos seguían sin ejecutarse, en 1.984, el Gobierno Socialista elaboro un Plan Trienal (1985-1987) por un monto de 10.500 millones, principalmente dirigido al Plan de Regadíos.

Dicho Plan fue presentado en la Diputación por el entonces Ministro de Obras Públicas, Julián Campos. En el mismo,  el Presidente, Manuel Veiga pidió el apoyo de todos para que: “pueda comenzar la marcha atrás del cumplimiento del trasvase. Yo creo que el día histórico será aquel en el que realmente el listado de las compensaciones se vea realizado”.

 

         Día histórico que está aún por venir, porque casi cincuenta años después de la aprobación de la Ley del Trasvase Tajo-Segura,  hay muchas obras y regadíos  incluidos en las compensaciones, que aún no se han realizado.

Llegada la Democracia, y desde el mismo inicio de la transición, el Pueblo Extremeño influenciado mucho por sus emigrantes, empezó a expresar sus inquietudes autonomistas.

 Así el 30 de julio de 1.977 se constituyó la Junta de Parlamentarios con el objetivo de promover y constituir la Junta Regional de Extremadura, lo que tendría lugar el 13 de junio de 1978.

También ese año va a suceder algo muy simbólico que va a tener una gran trascendencia en la historia de Extremadura.

Por primera vez en el cielo extremeño ondeaba la bandera Verde, Blanca y Negra que años más tardes se convertiría en bandera oficial.

Un año antes un grupo de militantes y simpatizantes del Partido Socialista Popular de Badajoz, entre los que se encontraba el abogado Rodríguez Contreras diseñaban la misma en base a la historia de Extremadura.

El día 10 de marzo de 1.977,  con motivo de la visita de los Reyes a Cáceres, portada por militantes del PSP ondeaba por primera vez entre la multitud concentrada en la Plaza Mayor.

 A partir de ese momento su presencia en concentraciones y manifestaciones será una constante y no solo en Extremadura, sino en las zonas de España con gran número de emigrantes, ya que como dice otro de sus creadores, Manuel Perdiguero: En el proceso de su expansión tuvieron un papel muy importante los emigrantes. “ya que la adoptaron rápidamente, se la llevaron a sus lugares de residencia, la reprodujeron, y se sintieron orgullosos de ella”.

Aprobada la Constitución en 1.978, esta preveía dos formar de acceder las regiones al Autogobierno: Plena Autonomía o Reducida.

El hecho de acordar el Gobierno de la UCD que solo accederían a la Plena Autonomía las regiones históricas: Cataluña, el País Vasco y Galicia, supuso uno de los primeros y más duros enfrentamiento entre los partidos políticos en Extremadura; ya que mientras la UCD exponía que nuestra Región debería ir por la Vía Reducida, el PSOE y el PCE defendía que debía de tener Plena Autonomía, ya que esta daba mayores garantías para asegurar la capacidad de autogobierno.

Sin embargo el impulso de identidad que experimento Extremadura en 1.979 no salió de los despachos oficiales, sino de la calle  motivado por la autorización  del Gobierno de UCD de la construcción de una Central Nuclear en Valdecaballeros.

Conocido por los extremeños el visto bueno para la construcción de la Central en la misma cabecera del Plan Badajoz, empezó a gestionarse un movimiento en las comarcas de la Serena y la Siberia a través de las Comunidades de Regantes, la comisión de afectados, las Asociaciones de Amigos de la Tierra, ADENEX  y los ayuntamientos de la comarcas,.

El lunes 26 de agosto fueron  convocados en el Ayuntamiento de Villanueva a una Asamblea los alcaldes de la zona, los cuales acordaron realizar un encierro y la convocatoria para el domingo siguiente de una manifestación en Villanueva, para aprovechar el empuje de los emigrantes que están de vacaciones.

Esa misma noche ya se quedaron encerrados 18 alcaldes, numero de iria aumentando a lo largo de la semana hasta llegar a los 130, la mayoría del PSOE, pero también algunos de la UCD.

El domingo 1 de septiembre, Villanueva y sus alrededores aparecieron tomada por las fuerzas de seguridad, con el objeto de  impedir que los extremeños participaran en la manifestación “Contra la Central” ya que había sido prohibida por el Gobernador Civil.

La Guardia Civil estableció controles en las carreteras de acceso al municipio, pero cuando los agentes daban el alto a los coches y autobuses, la gente de bajaba y andando por los caminos (muchos con la bandera Verde, Blanca y Negra) llegaban al pueblo siendo recibidos con aplausos.

 Tal fue el caos que se organizó en los accesos, que la manifestación se hubo de posponer para las 8 de la tarde. A esa hora 40.000 extremeños, según el diario HOY venidos de todos los rincones de la Región, de España e incluso de Europa y después de recorrer varias calles, llegaban a la plaza del Ayuntamiento donde estaban encerrados los alcaldes.

Aquellas 40.000 almas en una  Manifestación no autorizada, convirtieron a la misma en la más importante de la historia de Extremadura.

La Central Nuclear nunca llego a funcionar, muchos dicen que aquel día de verano, Extremadura despertó su conciencia regional. Para el sociólogo y Catedrático de la Universidad de Extremadura, Artemio Baigorri: “La lucha del pueblo extremeño contra la construcción de Valdecaballeros, fue un punto de inflexión en la Historia de Extremadura”

Un año después el 8 de noviembre, la “Asamblea Extremeña” formada por los miembros de las diputaciones, senadores y diputados de la región acordaron crear una Comisión que se encargara de redactar el Anteproyecto de Estatuto para Extremadura, quedando el mismo aprobado como Proyecto de Estatuto el 12 de diciembre de 1981.

Presentado el mismo para su ratificación en la Cortes, su tramitación parlamentaria se vio paralizada por la disolución de las mismas, y la convocatoria de las Elecciones Generales del 82, siendo aprobado finalmente por el Pleno de Congreso de los Diputados el 1 de marzo de 1983, terminando  así el camino iniciado tres años antes y abriéndose una nueva etapa en la que según el artículo primero de su Estatuto: “Extremadura como expresión de su identidad histórica………..se constituía en Comunidad Autónoma”.

 

El domingo 8 de mayo de 1.983 se celebraban las primeras Elecciones Autonómicas en la Historia de Extremadura para cubrir los 65 escaños de su Asamblea

Elecciones,  en las cuales el PSOE con 292.696 votos y 35 escaños obtuvo la mayoría absoluta, seguido de lejos por Alianza Popular con 20 diputados, Extremadura Unida con 6 y el PCE que consiguió 4. También por primera vez en la historia de nuestra Región un partido regionalista “Extremadura Unida”, conseguía representación institucional, y un amplio respaldo social, ya que 47.170 extremeños le dieron su apoyo en las urnas.

Un mes más tarde el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra era elegido Presidente de la Junta, convirtiéndose así en el primer Presidente de Extremadura.

Veinte años después, el 26 de octubre de 2003, el Diario Extremadura informaba, que según el “Boletín de Datos de Centro de Investigaciones Sociológicas”. “Los extremeños éramos los ciudadanos más regionalista de toda España, ya que teníamos una conciencia regional de siete puntos sobre diez”.

         Esta es a grandes rasgos la Historia de la Región Extremeña, desde aquellos Vettones que poblaban la Lusitania, hasta nuestros días.

         Historia en la que los emigrantes tenemos un sitio muy importante, ya que somos a la vez efecto de su historia y parte activa de ella.

ANTONIO ELVIRO ARROYO